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La prohibición de la financiación de las actividades de formación continuada de los profesionales o de las asociaciones de pacientes por parte de la industria farmacéutica, una de las propuestas planteadas por Unidas Podemos y PSOE en su borrador inicial de conclusiones para el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, sigue en el aire.

El dictamen de la comisión mantiene, hasta la fecha, la redacción inicial de este punto. Si no hay cambios durante su debate en el pleno el próximo 22 de julio, la formación continuada deberá “fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias”, según recoge el texto, que admite también que se ha de contar para ello con la participación de las universidades y los colegios profesionales”, como avanzó el su día GM.

Solo el Grupo Popular ha prestado atención a este detalle y propone, como enmienda de cara al citado pleno, la modificación de este texto. En su redacción alternativa, mantienen el enunciado inicial, pero abogan por incorporar también a las sociedades científicas en esta tarea y mantienen la mano tendida a la iniciativa privada. En este sentido, añaden que “se regularán los requisitos y las garantías de transparencia para la colaboración de entidades privadas en el ámbito de la formación continuada”.

Asociaciones de pacientes

Otra de las enmiendas que defenderán los populares, dentro del apartado del uso racional del medicamento, también aboga por recuperar el papel de la iniciativa privada en la formación continuada y las actividades de las asociaciones de pacientes.

En el texto original del dictamen, la comisión alude a tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Además, remarca que “se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”.

En la enmienda popular se propone directamente “legislar”, frente a tomar medidas, y se elimina esta prohibición, que se sustituye por otra idea que pone el foco en la transparencia. Los populares plantean que se establezcan, en su lugar, “los supuestos y los requisitos para la colaboración, directa o indirecta, de entidades privadas en esta clase de actividades, con especial atención al régimen de transparencia”, citan textualmente.

Queda por ver si el miércoles de la semana próxima el Grupo Popular recibe el respaldo en ambas enmiendas de otros partidos que son conscientes del papel que juega en la actualidad la iniciativa privada en este terreno.

Alianza General de Pacientes

Durante las comparecencias ante los diferentes grupos de la Comisión para la Reconstrucción distintas asociaciones de pacientes han manifestado su malestar por la ausencia del colectivo entre los expertos que han aportado su visión ante los diputados.

Una vez que ha trascendido el contenido del dictamen, la preocupación por este punto, que mina directamente una de sus principales fuentes de financiación, también es común.

Desde la Alianza General de Pacientes, su presidenta, Pilar Martínez Gimeno, insiste que esta propuesta perjudica a prácticamente la mayoría del colectivo. “El desarrollo de actividades en las asociaciones de pacientes se realiza, en gran parte, gracias a los aportes que recibimos de la industria”, subraya.

La portavoz de la AGP considera que, de seguir adelante, supondría “una batalla abierta hacia las asociaciones, y una falta de reconocimiento a la gran labor que continúan desarrollando”. Precisamente, añade,  “por la falta de comunicación con el tercer sector, y por no haber tenido en cuenta la opinión de ninguna de las plataformas de pacientes para tratar este tema”.

En los próximos días, la Alianza trasladará su visión sobre este tema al Ministerio de Sanidad, al igual que han hecho ya otras asociaciones de pacientes, como Gepac.

Todas ellas seguirán de cerca los resultados de las votaciones de las enmiendas al borrador en el pleno de la penúltima semana de julio en el Congreso de los Diputados.