La Consejería de Salud del Principado de Asturias anunció en enero la reordenación de su mapa sanitario reduciendo las áreas de ocho a tres. La intención inicial de la titular de Sanidad, Concepción Saavedra, era que el documento definitivo estuviera listo en marzo, después de reunirse con los grupos parlamentarios, los sindicatos, las asociaciones y las sociedades científicas. No ha sido así, y desde el Gobierno de Adrián Barbón han recordado que la negociación y el diálogo “lógicamente requiere de sus tiempos”.
Así lo ha asegurado la vicepresidente del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, durante el pleno de la Junta General de este martes, al que ha acudido en sustitución de la consejera Saavedra, de baja por enfermedad. En su intervención, la vicepresidenta ha recalcado que el mapa sanitario es el “principal instrumento de planificación del sistema”. El actual data de los años 80 del siglo pasado, motivo por el que el Ejecutivo asturiano ha propuesto adaptarlo a la nueva realidad, distribuyendo el territorio en tres grandes áreas (Occidente costa, Centro-suroccidente y Oriente) cada una de ellas con un hospital universitario de referencia.
“Se seguirá avanzando en el documento en aras a lograr un texto de consenso”
Sobre el estado actual del documento, la vicepresidenta ha precisado que, en estos momentos, la Consejería está valorando las propuestas que se han recibido durante este mes de abril, “que con seguridad enriquecerán la propuesta base”. Llamedo ha asegurado que, una vez analizados los planteamientos, se seguirá avanzando en la redacción del texto. “Se seguirá avanzando en el documento en aras a lograr un texto de consenso, que siempre ha sido la voluntad que ha manifestado la propia consejera”, ha subrayado la vicepresidenta.
Llamedo ha intervenido a petición de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que ha reprochado que hasta ahora la reordenación sólo se haya “presentado en sociedad” y “no parezca avanzar”. En opinión de Tomé, nuevo mapa sanitario es “imprescindible” para reconstruir la fragmentación de los servicios o articular los procesos asistenciales. “El mapa sanitario no es una cartografía, es una herramienta de gestión”, ha recordado a la Consejería.
Listas de espera “crónicas”
Además, la diputada se ha referido a los últimos datos de listas de espera publicados por el Ministerio de Sanidad, que muestras que Asturias tiene la mayor tasa de pacientes a la espera de una operación de cataratas. En la región, la espera en esta cirugía es de 88 días, mientras uno de cada cuatro pacientes que necesita una prótesis de rodilla tarda más de seis meses. Ha achacado estos datos, además de al envejecimiento de la población, “a la falta de planificación, de personal, de desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria y otras cuestiones que nunca se ponen sobre la mesa”. Así, ha lamentado que las listas de espera se han convertido en una “situación crónica que no revierte a pesar de los planes de choque”.
Al respecto, la vicepresidenta ha reconocido que su Gobierno está “preocupado” por unas listas de espera cuyos datos “son mejorables”, si bien confían en que se reduzcan con la puesta en marcha del plan estructural de reducción de listas de espera, que se presentará “muy pronto”, ha avanzado Llamedo: “Será en cuestión de semanas”. Además, ha señalado que la Consejería de Salud trabaja en el borrador de la Ley Asturiana de Salud Mental, y están “en trámite” la Ley de Salud Pública y la Ley de Salud Escolar.
Protocolo contra las agresiones
En otro orden de cosas, el pleno ha rechazado, con 23 votos en contra y 22 a favor, una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el Partido Popular para “dar un paso más allá” en las políticas para prevenir las agresiones a profesionales sanitarios. Los populares han propuesto, por un lado, implementar un protocolo que aborde específicamente las agresiones al personal sanitario de la región, donde en 2023, según datos del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, se denunciaron 17 agresiones a médicos, un incremento del 18 por ciento respecto al año anterior (14), igualando la peor cifra del registro histórico.
La diputada autonómica Pilar Fernández Pardo ha llamado a actuar ante esta “demostrada y preocupante tendencia al alza”, incorporando un protocolo que marque las líneas de actuación en este supuesto. “Los datos demuestran que una actuación más proactiva de la administración con nuevas medidas puede ayudar a combatir estos hechos con mayor eficacia”, ha incidido Fernández Pardo, al tiempo que ha recordado que comunidades como Navarra, Castilla y León, Extremadura o Madrid ya han establecido protocolos concretos para abordar las agresiones y vejaciones contra los profesionales sanitarios.
Al respecto, tanto PSOE como Convocatoria por Asturias han criticado que la iniciativa popular “se olvide del resto de profesionales” -en palabras de Javier González Vegas- que trabajan en los centros de salud y hospitales asturianos, como el personal administrativo o celadores. Por su parte, Jacinto Braña, diputado del PSOE, ha recordado que el Gobierno de Barbón, y sus precedentes, trabajan en este ámbito con un plan de actuación que data de 2007. Además, ha asegurado que existe un protocolo “que conocen todos los profesionales” que recoge la denuncia y ofrece acompañamiento al personal agredido.
Procedimiento sancionador
Por otro lado, desde el PP han instado al Gobierno del Principado a elaborar y poner en vigor un procedimiento administrativo sancionador específico para los autores de cualquier agresión física o verbal. Este cauce permitiría imponer una multa económica a los agresores, al margen de la pena impuesta por el procedimiento judicial; una “segunda vía” que deja dudas en Convocatoria por Asturias acerca de su legalidad. “Nos preocupa su adecuación al ordenamiento jurídico”, ha aclarado González Vegas.
Desde el PSOE, que también ha votado en contra de la PNL, han subrayado que el futuro Observatorio de Agresiones, para el que está prevista la aprobación de un decreto, abordará las medidas necesarias “que puedan conducir a minimizar el número de agresiones”. Además, ha asegurado que “no está demostrado” que estas medidas punitivas tengan un reflejo en la disminución de las agresiones. “Este incremento es, más bien, un reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad”, ha precisado el diputado socialista.
