El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este martes, 30 de abril, ha aprobado la creación de la Comisión de Atención Primaria y Comunitaria CAPYCO y del Grupo de Trabajo de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud, dos instrumentos con los que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas logran “avances muy importantes para el sistema sanitario”.
Así lo ha manifestado la ministra Mónica García, que ha presidido el pleno extraordinario del CISNS, convocado para tratar algunos de los asuntos que quedaron pendientes en la última reunión del pasado 5 de abril. Entre otros puntos, se ha dado luz verde a la Comisión de Atención Primaria, cuya finalidad es analizar, debatir, proponer y desarrollar los asuntos en esta materia que deban someterse al pleno, y aquellos otros que, sin necesidad de llegar a pleno, deban examinarse para garantizar la adecuada coordinación y cohesión de las políticas de Atención Primaria y Comunitaria del SNS.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo de Listas de Espera nace con la intención acabar con la heterogeneidad que existe en la gestión de las listas de espera, la información que se maneja, se registra y se aborda en las distintas comunidades autónomas. Los trabajos e informes generados por el Grupo de Trabajo serán elevados al Pleno del Consejo Interterritorial del SNS para su conocimiento y aprobación.
El Consejo Interterritorial también ha dado luz verde a un acuerdo marco para la compra de concentrados de plasma, con el objetivo de permitir a las comunidades autónomas acceder de manera más eficiente y coordinada a estos recursos vitales.
Violencia en la infancia y la adolescencia
Otro de los puntos aprobados del orden del día ha sido el ‘Protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia’. En España, las cifras oficiales provienen del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) que en 2021 registró 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en personas menores de edad, sin embargo, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infra notificado.
Este protocolo va a servir para unificar la respuesta del ámbito sanitario a la violencia en la infancia y la adolescencia a nivel nacional. Pretende sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos de violencia desde una perspectiva de equidad, género, accesibilidad, no discriminación y curso de vida.
Durante este pleno extraordinario también se ha dado respuesta a un aspecto pendiente desde hace más de una década: la resolución de los saldos pendientes entre las comunidades autónomas derivados del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial.
