El Gobierno de España sigue dando pasos adelante en la lucha contra el tabaco. Este viernes, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que el Plan Antitabaco saldrá adelante tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Uno de los objetivos de esta reunión era tratar de alcanzar el consenso entre los responsables sanitarios de las comunidades autónomas, pero parece ser que todavía hay puntos de desacuerdo entre regiones. Entre ellos, estipular qué se define como espacio libre de humo y qué implicaciones puede tener esta medida a diferentes niveles. Sin embargo, Mónica García, responsable de la cartera sanitaria, se ha mostrado contundente y ha aseverado que aquellas comunidades autónomas que no se adhieran al Plan Antitabaco tendrán que justificar el por qué de esta decisión.
Desde el Ministerio de Sanidad señalan que el principal objetivo que persigue esta normativa es favorecer la salud pública, poniendo como prioridad, proteger a aquellas personas que no fuman. Por este motivo consideran que han de ampliarse los espacios en los que no esté permitido fumar, evitando así que personas sanas se expongan a los efectos nocivos de los cigarrillos y otros dispositivos. Además, la cartera liderada por Mónica García, también se reunía recientemente con sociedades científicas y asociaciones de pacientes, logrando en este caso un consenso en la necesidad de avanzar en un Plan Antitabaco más restrictivo que realmente tenga un impacto en la reducción del número de fumadores, poniendo también el foco en ayudar a aquellas personas que fuman a comenzar la deshabituación tabáquica.
Dada la alta prevalencia de enfermedades como el cáncer de pulmón, el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en las que la evidencia científica ha demostrado que el tabaquismo es una causa importante que influye en su desarrollo, urge impulsar medidas en términos de salud pública que reduzcan el número de fumadores a nivel individual y que, a nivel colectivo permitan mejorar las cifras tanto de incidencia como de la mortalidad derivada de estas patologías. Es por ello que es necesario encontrar una fórmula que logre un consenso unánime entre el Ejecutivo central, las administraciones regionales y que cuente con el aval de las sociedades científicas para avanzar en este sentido. Así, si existen disparidades, a pesar de que se avance en una normativa más dura contra el tabaco, es necesario sentarse, limar asperezas, y avanzar hacia acuerdos entre todos los agentes. Sólo encontrando puntos comunes se garantizará que todas las regiones cumplan este plan y contar con una normativa óptima que beneficie a toda la sociedad.
