2023 ha supuesto el final de una legislatura convulsa y complicada, marcada casi desde su inicio por la pandemia del COVID. Sin duda ninguna, la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años, que puso a prueba la capacidad y la elasticidad de nuestro sistema sanitario y nos obligó a poner en marcha actuaciones hasta ese momento impensables.
En Madrid, siempre fuimos por delante en la toma de decisiones, dando una respuesta ágil y responsable en cada momento. Siempre respaldadas por el criterio técnico. Contando, además, con el modelo “Madrid frente al COVID” que nos permitió conjugar salud y economía. Un modelo de actuación que fue sostenible en el tiempo y que nos permitió avanzar como sociedad en medio de la pandemia.
Es indudable que la pandemia ha supuesto la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado como sistema de salud. Mostrando nuestras fortalezas, como la capacidad de adaptación o su elasticidad, y nuestras debilidades, como la falta de instrumentos normativos para afrontar una crisis sanitaria de esa envergadura.
Pero la pandemia también ha evidenciado la necesidad de afrontar de manera urgente los principales retos que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. El más importante en estos momentos es la falta de profesionales sanitarios en toda España. Un problema de Estado que requiere soluciones desde el Sistema Nacional de Salud. Faltan especialistas de Medicina de Familia y Comunitaria o pediatras, pero también psiquiatras, psicólogos clínicos o geriatras. Además de profesionales de enfermería.
“La pandemia ha evidenciado la necesidad de afrontar los retos que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, y el más importante en estos momentos es la falta de profesionales sanitarios en toda España”
Por ello, se requiere la adopción urgente de medidas a nivel nacional, como la puesta en marcha de un plan de choque que garantice un aumento de 1000 plazas MIR anuales en los próximos 4 años y la revisión de los criterios de acreditación de centros que formen a estos profesionales. Así como la adopción, también a nivel nacional, de medidas laborales destinadas a las plazas de difícil cobertura. Algo que ya pusimos en marcha en la Comunidad de Madrid el año pasado.
Además de diseñar una estrategia nacional de recursos humanos de todo el Sistema Nacional de Salud, contando con todas las comunidades autónomas, con el objetivo de planificar actuaciones en el corto, medio y largo plazo orientadas a paliar el déficit de profesionales ante el incremento de jubilaciones en los próximos años.
Otro reto importante que tiene la sanidad española es, en estos momentos, la salud mental. La “ola silenciosa” de la pandemia, con una demanda asistencial creciente que, además, se ha disparado en estos últimos años. Especialmente en la población infanto-juvenil. Y que requiere también un incremento de plazas de MIR de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil así como de PIR para poder atenderla.
Sin olvidar la prevención del suicidio. Un auténtico drama que también se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años al que hay que dar una respuesta trasversal y coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud.
Por ello es imprescindible contar con un plan nacional de prevención del suicidio. Una auténtica herramienta de análisis y estudio de los factores de vulnerabilidad y riesgo suicida en los distintos segmentos de población.
Otro de los mayores retos que tiene a día de hoy la sanidad española es la implantación de la innovación terapéutica en el menor tiempo posible. Me estoy refiriendo tanto a los nuevos medicamentos y equipos médicos como a las nuevas soluciones tecnológicas. También en el caso de la salud digital, donde es necesario poder contar con un plan a nivel nacional que garantice la interoperatividad entre las comunidades autónomas.
En este sentido, existen problemas intrínsecos al funcionamiento del propio Sistema Nacional de Salud como son los de autorización de nuevos fármacos, especialmente los tratamientos oncológicos, con plazos completamente escandalosos.
Más de 600 días de media, cuando la recomendación de la Unión Europea es que este plazo no supere los 180 días. Por ello, es necesario establecer procedimientos ágiles dentro de la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos que garanticen el acceso a los medicamentos en las mismas condiciones de equidad que el resto de ciudadanos europeos.
Pero para poder afrontar estos retos con garantía de éxito resulta imprescindible mejorar la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Es necesario potenciar el papel del Consejo Interterritorial como verdadero órgano de coordinación en materia sanitaria, garantizando la seguridad jurídica en la toma de decisiones.
Todo ello, apostando por un marco normativo adecuado, con la revisión y adaptación de la legislación básica del Estado en materia sanitaria a la situación actual, dejando de lado el sectarismo y el sesgo ideológico.
Solamente así y contando con todos los agentes implicados, públicos, privados, profesionales, sociedades científicas o universidades y centros académicos, seremos capaces de dar una respuesta adecuada a las expectativas y necesidades asistenciales de la sanidad española del mañana.
