La noche del 10 de julio dejaba la noticia del salto por los aires de los pactos que VOX mantenía con el Partido Popular en las cinco autonomías en las que, hasta el momento, compartían gobierno: Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia. Mediante la publicación de un comunicado oficial en la red social X –antigua Twitter–, y tras el cruce de advertencias públicas entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo durante días anteriores, la formación verde daba por rotos los acuerdos alcanzados hace poco más de un año, anunciando una reunión urgente de su Comité Ejecutivo Nacional para formalizar la decisión tras haber dinamitado las relaciones en lo que parece ser el mayor escollo entre sendos partidos: las políticas de acogida en materia migratoria.
La dirección de VOX, una vez finalizada la reunión mantenida en la tarde del 11 de julio, ya ha deliberado sobre las próximas actuaciones tras la ruptura de los pactos regionales, acordando la dimisión de los 12 representantes con los que cuenta en gobiernos autonómicos y al retirada oficial del apoyo parlamentario, asimismo, al Govern balear. Dichos ceses, según lo anunciado por Abascal, se producirán durante el día de hoy, a excepción de la Comunidad Valenciana donde su presidente, Carlos Mazón (PP), ya ha firmado el decreto de destitución de los tres consejeros de VOX. Una situación que, por supuesto, también afecta al ámbito sanitario, ya que en todos los territorios figuraban hojas de ruta compartidas acordadas por las dos formaciones políticas.
Si bien es cierto que en las consejerías de sanidad se encuentran encabezadas por representantes populares en todas las comunidades autónomas y todas ellas cuentan con presupuestos aprobados para 2024 -prorrogables-, el plan de acción para la presente legislatura era también compartido y precisa renovarse, en términos económicos, anualmente. Es por eso que la promulgación de algunas de estas medidas se pone ahora en tesitura de duda, y estas son algunas de las más importantes.
Aragón
En el caso de Aragón, José Luis Bancalero asumía el liderazgo del Departamento de Sanidad tras presentar la batería de propuestas en el ámbito sanitario acordadas, entre las que destacaron un plan de infraestructuras sanitarias para su primer año de mandato y un plan integral para la mejora de los centros de salud. Referido a infraestructuras sanitarias, la firma a dos manos de los pactos gubernamentales reflejaba agilizar “al máximo” las principales que ya están en marcha, tanto los centros de salud como los hospitales de Alcañiz, cuya apertura se preveía para junio de 2025 con el 80% de los servicios en marcha, y Teruel, que estaría operativo a finales de 2025.
Otro de sus compromisos adquiridos fue reducir las listas de espera a través de la promulgación de más recursos sanitarios, habiendo lanzado ya una oferta pública de empleo de 1.020 plazas para el Servicio Aragonés de Salud, y un plan de choque para reducir las demoras, aún por formalizar, cuya reforma estructural pretendía garantizar que la espera media no superara los 45 días para cirugía cardíaca, 60 días para intervenciones no urgentes y 90 días para los 25 procedimientos más frecuentes.
El refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria fue otra de las líneas estratégicas acordadas, firmada en un plan que contemplaba medidas efectivas y revisiones de los sueldos de los profesionales sanitarios y cuyo texto fue presentado a finales del mes de febrero ante las Cortes para detallar las líneas de actuación recogidas en lo que sería una nueva normativa de fidelización de los especialistas sanitarios en formación; sin embargo, podría quedar en el cajón ante este nuevo escenario.
Entre las propuestas, destacaba también la anunciada Estrategia Autonómica en Salud Mental, un Plan de Humanización de la Asistencia y una revisión de las acciones contra el suicidio, habiendo presentado ya el proyecto piloto para mejorar la prevención y la respuesta ante la ideación suicida en las aulas y un programa de prevención del suicidio en adultos que, no obstante, aún no ha comenzado a funcionar.
Por último, medidas referidas a la puesta en marcha de planes de choque en materia de geriatría o el proyecto de Ley de impuestos medioambientales para “compensar al medio rural” ya presentado podrían quedar postergados.
Castilla y León
Alejandro Vázquez, prorrogado como consejero en la presente legislatura, presentó un decálogo con los proyectos que su departamento consideró prioritarios tras el pacto alcanzado con VOX, liderada en la región castellanoleonesa por Juan García-Gallardo. Si bien es cierto que éste remonta ya a 2022 y, por tanto, registra una mayor actividad y puesta en marcha de iniciativas.
En todo caso, algunas cuestiones pendientes ahora en el aire remiten a la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos para orientar “toda la actuación de la gerencia regional de salud en materia de personal”, la promoción de la equiparación de los puestos de coordinador médico y de enfermería de los equipos de atención primaria a los de jefe de servicio y supervisora de unidad hospitalaria, la nueva regulación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años para paliar la falta de ciertos profesionales o la renovación y mantenimiento del modelo de asistencia rural.
Otro de los compromisos alcanzados consistía en articular un Pacto por la Sanidad en Castilla y León abierto a la participación de todas las fuerzas políticas, profesionales y sociedad civil, todavía por materializar, y la aprobación de una nueva Ley de Salud Pública que actualizara la de 2010, aún en vías de desarrollo, cuyo objetivo es “abordar la mejora de la salud humana en sus interrelaciones con el estado de salud de otras personas, el mundo animal vegetal y medio ambiente”.
También podría paralizarse la elaboración del V Plan de Salud de Castilla y León, un “instrumento estratégico superior para la planificación y dirección del sistema” que recogería “las principales líneas que han de regir la política sanitaria de los próximos años” y que preveía presentarse al finalizar el verano tras varios meses de trabajo.
El plan de reducción de listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externas anunciado en comparecencia tras la toma de posesión de Vázquez también tendrá que esperar, así como la aprobación del plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento, cuya última actualización presupuestaria remonta a abril de 2023.
Comunidad Valenciana
La Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana, liderada por Marciano Gómez, anunciaba las líneas básicas de su coalición gubernamental en junio de 2023, resumiendo en seis acciones políticas a fomentar a lo largo de la legislatura su marco de actuación. Entre ellas, se encontraban la prevención en salud mental y la ampliación de plazas profesionales.
Si bien el conseller presentó su Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, dotado de 724 millones de euros, y otras iniciativas como la ampliación del presupuesto destinado a disminuir la espera en Atención Primaria o la creación del Servicio de Desarrollo de Competencias de Enfermería Comunitaria y Hospitalaria, muchas otras promesas penden de las nuevas relaciones que desde hoy emanen en el parlamento autonómico.
La recuperación de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (Cicus) de Castellón y Alicante, la ampliación de plazas de profesionales sanitarios o la construcción de nuevos centros sanitarios en las zonas necesitadas tendrán que esperar a las decisiones que tomen las futuras mayorías.
Extremadura
La relación entre populares y representantes de VOX en Extremadura fue compleja desde las elecciones del 28 de mayo. No fue sencillo firmar un pacto de gobierno, siendo una de las últimas autonomías en anunciar su composición. Sin embargo y apremiando el calendario, lograron el reparto gubernamental y las consiguientes iniciativas.
Así, dentro de la batería de medidas abordadas por el documento que presentó la consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, publicado a finales de junio de 2023, se explicitaban varios pactos y acuerdos que guiarían la acción política de la legislatura: un “Pacto por una Sanidad digna para todos los extremeños”, un “Plan Estratégico de lucha contra las listas de espera”, la puesta en marcha de una lista de espera única y voluntaria, los planes de atracción de profesionales sanitarios a la región, sobre todo, en las zonas rurales y de difícil cobertura y la aprobación de un nuevo marco de Atención Primaria, que ahora tendrán que revisarse.
Murcia
La Consejería de Salud de Murcia, en manos de Juan José Pedreño, también alberga varias incógnitas tras esta nueva situación política. PP y VOX acordaron, de la misma forma que en otras autonomías, reducir las listas de espera quirúrgicas en consultas externas y en pruebas diagnósticas y las demoras en Atención Primaria mediante el aumento de actividad, de profesionales, de tecnologías y de infraestructuras.
Si bien el pasado mes de diciembre se anunciaba una inversión adicional de 30,4 millones de euros en materia sanitaria para la mejora durante 2024 de los servicios de los centros de salud y hospitales, teniendo como principal objetivo la reducción de los tiempos de espera en la sanidad regional, muchas son las medidas que ahora pueden quedar en el tintero.
Los planes para garantizar profesionales en plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales, el aumento de profesionales sanitarios o las acciones para mejorar las coberturas en materia de salud mental con atención especial al suicidio y a la soledad no deseada tendrán ahora que esperar.
Pese a la inestabilidad que generará la ya anunciada salida de VOX de los gobiernos regionales, desde Génova creen que podrán mantener sus gobiernos con mayorías simples al contar con sus presupuestos aprobados, pero descartan cualquier posibilidad de recomposición de alianzas.
