La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, presentó el proyecto de Ley para la creación de los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos de la comunidad, así como la modificación sobre el de las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. En su debate a la totalidad contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Socialista, que se abstenió. Ahora será el turno de la tramitación parlamentaria.

En su exposición en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, Mar Vaquero subrayó que este proyecto de Ley nace con el objetivo de compensar al medio rural por el esfuerzo que realiza en el desarrollo presente y futuro de nuestra comunidad. Más concretamente, por las “afecciones” a las que están sometidos los municipios y los sacrificios a los que tienen que hacer frente. Y pretende con él superar la división que se ha producido en los territorios y, además, compensar a esas localidades a través de políticas concretas que revierten en el territorio y que serán un instrumento eficaz para paliar la despoblación.

Objetivos

A la hora de abordar los objetivos de la normativa, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico se refirió al hecho de facilitar a las empresas del sector para que se conviertan en decisivas para el desarrollo económico y puedan demostrar un compromiso específico con el desarrollo rural. Y en ello reconoció la responsabilidad social de las citadas organizaciones con el territorio en el que se implican, constatado con la mayoría de corporaciones con las que se han mantenido contactos en la fase de redacción de la normativa.

Desde el punto de vista del Gobierno de Aragón, gracias a esta ley se puede seguir profundizando en el “impulso ordenado” de los proyectos y asegurar que se favorezcan las condiciones para la instalación de este tipo de energías limpias mediante exenciones y bonificaciones, más incluso cuando las empresas lleven a cabo iniciativas particulares de compensación en los territorios afectados.

“El Gobierno de Aragón no quiere desaprovechar la oportunidad de convertir a nuestra comunidad en una tierra atractiva para proyectos estratégicos y para ofrecer prosperidad y bienestar a todos los aragoneses”, destacó Mar Vaquero, para lo que ha considerado necesario la ordenación del desarrollo actual de las energías renovables para evitar el descontento social. Eso sí, recordando que este impuesto no grava a las personas, sino que concreta la responsabilidad social de las empresas. Al respecto, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico reiteró que Aragón puede desarrollar una estrategia económica diversificada desde la tecnología y la potencia de su industria renovada, gracias a la apuesta clara por parte del sector de las renovables por la energía limpia.

Afección medioambiental

Durante su explicación en el pleno de las Cortes de Aragón, Mar Vaquero incidió en que la razón de ser de este impuesto es la “afección medioambiental y visual adversa en el medio natural, su paisaje, la flora y la fauna”. Para ello se apuesta por la creación de dicho gravamen sobre los parques eólicos y fotovoltaicos, al que se suma la modificación del centrado en las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

En relación a las energías eólicas, se tendrá en consideración la potencia instalada y la altura de los molinos, que serán los factores que determinarán el impacto. Con respecto a los parques fotovoltaicos, se computará la cantidad de hectáreas ocupadas, quedando exentos los proyectos instalados sobre cubiertas y tejados. Y, en las líneas eléctricas de alta tensión, se fijará el impuesto mediante los kilómetros de tendido. “Estos tres ejes y la forma de afrontarlos harán que Aragón se integre entre las comunidades autónomas que, desde hace años, regulan esta cuestión desde similares puntos de partida y con objetivos iguales”, especificó Mar Vaquero en su intervención.


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