“El sistema sanitario español ha gozado tradicionalmente de buena reputación y, en la comparación internacional, arroja resultados muy favorables en salud y esperanza de vida con un nivel de gasto inferior a la media europea. Sin embargo, la preocupación por su deterioro va en aumento y es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía”. Es la reflexión que hace el Consejo Económico y Social (CES) en su ‘Informe sobre el sistema sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro’, en el que insta a las administraciones a priorizar el gasto en sanidad para ampliar la cartera de servicios, mejorar el abordaje de la salud mental y actuar sobre los determinantes sociales y económicos de la salud, unas “barreras invisibles” que condicionan una atención equitativa y la universalidad del Sistema Nacional de Salud.
El informe, presentado este jueves en la sede del órgano consultivo del Gobierno, y que ha sido aprobado en pleno por sus 60 consejeros, entre expertos y representantes empresariales y sindicales, aborda la situación “preocupante” del sistema sanitario. “Este es un momento oportuno para hacer una mirada en conjunto al SNS, después del impacto que tuvo la austeridad de la década pasada y la pandemia de COVID-19”, ha destacado Antón Costas, presidente del CES. El documento desgrana así la situación actual del SNS e incluye más de 150 propuestas de mejora sobre la base de la universalidad del sistema, la extensión de la cartera de servicios y la calificación y profesionalidad de los recursos humanos.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Trabajo para la elaboración de este informe, Félix Martín, ha señalado que el sistema sanitario “mostró su fortaleza durante la pandemia, pero también puso de relieve debilidades existentes antes de la COVID-19”, como la gestión de la cronicidad, la adaptación al envejecimiento de la población, la escasez de recursos humanos y su envejecimiento y la incorporación de las nuevas tecnologías, terapias avanzadas y la inteligencia artificial. “El incremento de la cronicidad, especialmente entre las mujeres, y el aumento de la esperanza de vida nos lleva a una apuesta decidida por la prevención y la preparación ante nuevos ‘shocks’”, ha incidido Martín.
“No se trata bien la obesidad o la salud bucodental, que son algunos de los signos más visibles de la pobreza”
Para hacer frente a estos retos, el informe propone “avanzar hacia una efectiva universalidad del sistema sanitario, extendiendo el derecho a la atención sanitaria a las personas cuya titularidad no había sido explícitamente reconocida”. Esto se hace necesario, según ha expuesto Martín, dado que el 85 por ciento de la población depende exclusivamente de la sanidad pública. Además, el documento requiere “concretar, actualizar y mejorar la cartera de servicios del SNS”, especialmente en algunas vertientes de la atención donde el informe identifica que “las lagunas existentes están dando lugar a importantes desigualdades sociales y territoriales en salud”.
Determinantes sociales y salud mental
Lo novedoso del informe es que aborda también las “barreras invisibles” del sistema sanitario que, en palabras del presidente de la CES, “vienen de sesgos territoriales, de edad, de género e incluso de clase”. En este sentido, Costas asegura que “no se trata bien la obesidad o la salud bucodental, que son algunos de los signos más visibles de la pobreza”. El responsable de la Comisión de trabajo, por su parte, ha puesto dos ejemplos de las variaciones económicas y territoriales que aún persisten en España: “Un hombre con estudios superiores puede llegar a vivir, a partir de los 30 años, unos cinco años más que uno con estudios medios; y por territorio, hasta siete años más de vida en función de la región”.
“La insuficiencia de los recursos destinados a la atención a la salud mental ha propiciado que en el sistema público solo tengan lugar dos de cada diez consultas en psiquiatría, mientras que ocho de cada diez se realizan en el sector privado”
Por eso, el documento incluye entre sus propuestas la necesidad de “mejorar la equidad en el acceso a los servicios de atención sanitaria”. Tal vez el principal ejemplo de esta inequidad tiene que ver con la salud mental, un problema que “emerge como una realidad preocupante”, en palabras del presidente del CES. No en vano, “la insuficiencia de los recursos destinados a la atención a la salud mental en el SNS ha propiciado que en el sistema público solo tengan lugar dos de cada diez consultas en psiquiatría, mientras que ocho de cada diez se realizan en el sector privado”, según cifra el informe.
El coste “sorprendente” de los problemas de salud mental, “uno de los capítulos más débiles del sistema sanitario español”, se cifra en el informe en un 4,2 por ciento del PIB, “lo que significa que, para datos de 2023, estamos hablando de unos 60.000 millones de euros anuales, y eso sin tener en cuenta el coste indirecto en términos de horas perdidas, de producción o de productividad”, según ha subrayado el CES. Así, el informe alerta de que el problema de acceso a los especialistas en salud mental, que implica gasto para la mayoría de los pacientes, “puede resultar en una situación de cuidados inversos, recibiendo menos atención quienes más la necesitan”. Por eso, el documento demanda ampliar la dotación de medios para afrontar los problemas de salud mental, tanto de recursos humanos especializados, incluyendo psiquiatría y psicología infantojuvenil, como de dispositivos.
Atención Primaria, el “eje” del sistema
Durante la presentación del informe, el presidente de la Comisión de Trabajo ha advertido que la Atención Primaria, “el verdadero eje del sistema sanitario”, atraviesa ahora una situación “crítica”. Una visión que comparten las sociedades científicas de Primaria, que llevan años demandado medidas urgentes para revertir esta situación. El informe abunda en esta dirección y destaca que, actualmente, un cuarto de la población que necesita una consulta la consigue en las primeras 24 o 48 horas, cuando antes de la pandemia era la mitad de la población.
Precisamente, la evolución de la actividad en AP ha venido determinada, en los últimos años, por la irrupción de la pandemia. “Durante el primer año de crisis sanitaria (2020), el nivel primario de asistencia registró cerca de 380 millones de consultas en su conjunto, lo que supuso un incremento del 3 por ciento sobre 2019 y una clara interrupción de la tendencia a la estabilidad que venía registrándose desde el comienzo de la década anterior. Un año después, en 2021, se registró un nuevo e importantísimo incremento, llegando a superar las 453 mil consultas en Atención Primaria para todos los profesionales”, cifra el texto. También la frecuentación en Primaria muestra una “interrupción de la dinámica de los últimos años”. En concreto, las consultas al año por habitante se elevan a cinco desde las 4,3 de los años previos.
