El derecho al olvido oncológico será una realidad en junio. Así lo ha comprometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña electoral celebrado el pasado sábado 13 de mayo en Sevilla. “Vamos a reconocerlo y a todos aquellos pacientes que sufrieron cáncer y lo han superado”, ha anunciado el también líder socialista, quien ha aseverado que en el citado mes finalizará la tramitación parlamentaria que materializará la normativa.
Ante los asistentes al mitin ha abundado en el hecho de que el citado colectivo “ya no va a sufrir discriminación a la hora de firmar una hipoteca, acceder a un préstamo o a un seguro privado”. Así, ha listado las garantías que se promoverán como parte de la reforma prevista por el Ejecutivo central.
Estas son la declaración de nulidad de todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o discriminen a la hora contratar productos o servicios; la evasión de que estos antecedentes sean tenidos en cuenta para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguro; y el establecimiento del derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando vayan a contratar un seguro vinculado a préstamos hipotecarios.
Del mismo modo, en el día posterior, Sánchez añadió que el nuevo derecho al olvido oncológico tendrá también su reflejo en la renovación del carné de conducir, de tal forma que las personas que hayan superado un cáncer lo renovarán en función de su edad y no cada tres años.
El camino allanado en el Congreso
José Miñones ya avanzaba el pasado mes de abril que el Ministerio de Sanidad ya trabajaba junto al Ministerio de Consumo en la extensión de la protección de los pacientes oncológicos de cualquier discriminación a la hora de contratar productos y servicios, tal y como sucede con el VIH/SIDA. Lo hizo en sesión plenaria a pregunta de Pilar Calvo, diputada del Grupo Parlamentario Plural, que cuestionaba acerca de la necesidad de garantizar el derecho al olvido oncológico.
Precisamente este asunto fue aprobado en la cámara legislativa a finales de marzo, cuando la portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, Ana Prieto, llevó una Proposición No de Ley a este respecto. La iniciativa apostaba así por desarrollar la normativa necesaria para determinar la aplicación de los principios recogidos en la Ley 4/2018, que eliminó del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que promovían la discriminación hacia las personas con VIH/SIDA u otras condiciones de salud. “Las necesidades de las personas que han sobrevivido al cáncer son legítimas, tenemos que seguir trabajando por la verdadera igualdad”, esgrimió entonces Prieto.
