Nuevamente, como ya hicieron el 26 de octubre, el Foro de Atención Primaria, vuelve a reclamar que las bajas sean dadas telemáticamente y por cualquier tipo de especialista.
La Incapacidad Temporal es un derecho del paciente cuando su situación de salud le impide desarrollar su trabajo y los trámites, heredados de un modelo decimonónico, deben ser adaptados a la administración digital, con participación de todos los elementos implicados, con plazos adecuados y realizados por el profesional que atiende al paciente en cada momento del curso clínico.
“Los médicos de familia estamos incumpliendo la ley, dando partes de baja a pacientes no atendemos, que no vemos o que no seguimos”
Ana Gimenez, secretaria técnica de Atención Primaria de CESM
Aunque los médicos de familia han asumido históricamente todo el proceso de incapacidad temporal, por motivos de proximidad geográfica, la ley establece la obligación de todos los médicos del SPS de expedir los documentos de incapacidad en el mismo acto clínico, con independencia del puesto de trabajo, incluidas consultas, hospitalización y urgencias. Así lo defendía Ana Gimenez, secretaria técnica de Atención Primaria de CESM, a finales del año pasado: “Los médicos de familia estamos incumpliendo la ley, dando partes de baja a pacientes no atendemos, que no vemos o que no seguimos”.
Por otro lado, vuelven a reclamar que las Consejerías de Sanidad de todas las CCAA prioricen la extensión del programa informático y la formación de los profesionales en todos los puestos asistenciales de su respectivo servicio de salud. Además de la publicación, a la mayor brevedad posible, de la normativa que regula el modelo electrónico como vía de comunicación exclusiva médico-paciente-empresa en todo lo relacionado con la Incapacidad Temporal.
Para reducir la burocracia, también proponen que se eliminen todos los datos no clínicos de los formularios. La alternativa es que se carguen desde el INSS o, en su defecto, desde la empresa o la mutua.
Aparte, modificar el RD de Incapacidad Temporal para simplificar los grupos y adecuar los plazos a las duraciones estimadas en función de los procesos eliminando los partes de confirmación innecesarios en los procesos largos. Aumentar hasta 7 días, como ya se hizo con el COVID, la posibilidad de dar bajas y altas en el mismo proceso.
