Durante el año 2022, se comunicaron a los colegios oficiales un total de 843 agresiones a médicos en España que, como valoraron desde Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) “son la punta de iceberg” del total de episodios de esta índole que se producen. Esta situación no solo afecta a la profesión médica en territorio nacional, si no que la sufre también buena parte del restos de sanitarios, como el colectivo enfermero. A este respecto, el Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a insistir en sus reivindicaciones de “consecución e avances reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS)”, mediante una Proposición No de Ley (PNL) registrada para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Como acota el petitum de la iniciativa remitida al Congreso, firmada por la diputada Carmen Navarro, la formación insta al Gobierno a “revisar y mejorar las legislación vigente, así como a poner en marcha un Plan Nacional contra las agresiones a sanitarios, para procurar avances reales y tangibles en la prevención, y en la reducción al máximo de las agresiones a los profesionales sanitarios en todo el SNS”.
La formación ya defendió una Proposición de Ley en el Congreso en la que apostaba por garantizar la seguridad y protección del colectivo
De este modo, la propuesta aboga por el trabajo conjunto de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación para llevar a término la citada revisión normativa y diseñar el referido Plan Nacional “antes de que concluya la presente legislatura”. Su desarrollo, acotan, ha de producirse “actuando siempre desde el consenso real con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, y contando en todo momento con las propuestas y aportaciones que realicen los representantes de los profesionales sanitarios y de los pacientes”.
No es la primera vez que el PP defiende la petición de una mayor garantía de la integridad del activo más valioso del sistema sanitario nacional; así lo hizo constar en sede parlamentaria Elvira Velasco, quien defendió el pasado diciembre una Proposición de Ley (PL) para garantizar su seguridad y protección. La portavoz en la Comisión de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso argumentó entonces que estas se producen “desgraciadamente, con demasiada frecuencia”. Sin embargo, y a pesar del apoyo de VOX, Ciudadanos y FORO Asturias, la propuesta fue rechazada con 155 votos a favor, por 187 en contra y una abstención, con la oposición de los grupos nacionalistas y el bloque izquierda.
Cifras preocupantes y en ascenso
Entre otros datos a los que hace referencia la iniciativa popular, se encuentra el balance de las agresiones contra profesionales sanitarios cometidas en toda España durante 2022, publicado por la Policía Nacional el pasado 1 de marzo de 2023. De acuerdo con las cifras incluidas en este trabajo, se realizaron 8.812 actuaciones policiales relacionadas con agresiones a sanitarios, 6.188 producidas en asistencias sanitarias en domicilios; las restantes tuvieron lugar en centros asistenciales.
El propio Cgcom concretó que los actos violentos contra profesionales de la salud ascendieron respecto al año pasado un 7 por ciento, aunque en mayor medida en el caso específico de los médicos, que aumentaron un 10 por ciento, pasando del 58 al 68 por ciento. Unas cifras qué, como pone de relieve el texto registrado, convergen con las que se hicieron públicas a principios de febrero desde el Consejo General de Enfermería (CGE) y con las contempladas por los representantes de la profesión médica en el marco de actividad de su Observatorio Nacional de Agresiones.
Si bien los representantes de los profesionales ponen en valor iniciativa como la Instrucción 3/2017, consideran necesario desarrollar nuevas medidas
Como explica la PNL, si bien los representantes de los profesionales ponen en valor iniciativas como la Instrucción 3/2017, de la ‘Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud’, aprobada en 2017 y que estableció un protocolo de actuación y la creación de la figura del interlocutor policial, consideran necesario desarrollar nuevas medidas que favorezcan la prevención y posibiliten un mejor abordaje de estas situaciones.
