Un Pacto por la Sanidad ajeno a los intereses partidistas y que establezca cláusulas de protección del gasto sanitario, la necesidad de ampliar la visión pasando de “necesidades médicas y sociales” a “necesidades sanitarias y sociales”, una financiación ajustada a factores como el envejecimiento de la población o una tarjeta sanitaria única son algunas de las propuestas recogidas en la ‘Iniciativa para la sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud’, presentada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, y Sira Ripollés, consejera de sanidad de la región el 23 de enero de 2023.
“Es una propuesta para iniciar el debate, que nos permita generar consensos y, por tanto, construir proyectos colectivos del que forman parte las asociaciones de pacientes, los colegios profesionales, las instituciones del territorio”, aseguró Repollés durante la presentación de la propuesta.
Esta iniciativa, definida como documento que establece un marco de debate general para abordar la mejora del sistema con compromisos políticos de largo recorrido y para el conjunto del Estado, ha sido el enclave principal para una consulta a los distintos agentes sociales, cuyas aportaciones han sido incorporadas al documento en un 90 por ciento durante el plazo estipulado para ello.
Iniciativas de agentes sociales
Muchas de estas sugerencias del tejido social son coincidentes con la propia visión del Ejecutivo porque, a juicio de Lambán, son de “puro sentido común, buscan la eficiencia y la agilidad administrativa”.
Por otro lado, el presidente aragonés ha apuntado a cuestiones que deben resolverse en clave estatal, comenzando por la “necesaria actualización de la financiación autonómica, teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que prestan el servicio de salud”.
El presidente aragonés ha recordado que, tal como decidieron en la reunión trilateral Navarra-Aragón-La Rioja, la iniciativa aragonesa, será llevada a la Conferencia de presidentes, en un debate nacional.
“En total se han recibido un total de 98 aportaciones de 32 diferentes colectivos, de las cuales el 28 por ciento se corresponden con asociaciones ciudadanas y el 22 por ciento a colegios profesionales o sociedades científicas, repartiéndose el resto entre instituciones, partidos políticos, sindicatos, Consejos de Salud o trabajadores del sistema sanitario”, ha explicado Lambán, y ha añadido que la incorporación del 90 por ciento de las propuestas ha dado como resultado “un documento más amplio y preparado para ser el punto de referencia para el debate nacional que el sistema nacional de salud necesita para su sostenibilidad y eficiencia”.
Más propuestas
Esta iniciativa aragonesa se traduce fundamentalmente en ocho puntos de debate, con la Conferencia de presidentes y el Consejo Interterritorial de Sanidad como los órganos clave. Para comenzar, se establece acordar un nuevo pacto en financiación autonómica que atienda a las necesidades de salud de la población y que establezca cláusulas de protección del gasto sanitario.
Otros puntos relevantes son redefinir los determinantes de gasto sanitario de forma que recojan con mayor fidelidad las necesidades de gasto de la población; actualizar los mecanismos de solidaridad interterritorial y de garantía con objeto de equilibrar las eventuales diferencias entre comunidades autónomas; debatir la creación de una agencia estatal para la evaluación de la inclusión de nuevas prestaciones en la cartera de servicios del sistema y cuyos dictámenes sean vinculantes o acordar la adopción íntegra de las recomendaciones del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS sobre la regulación y fijación del precio de los nuevos medicamentos, y de su financiación pública.
Como últimos ítems, la iniciativa recoge la idea de abordar la atención a la dependencia de manera integral entre las áreas implicadas; coordinar la estrategia de planificación de recursos humanos para el sistema nacional de salud, adecuando la oferta de estudiantes egresados de las facultades y escuelas universitarias, así como los profesionales con especialización a las necesidades reales del SNS; y establecer una estrategia común a nivel nacional para la planificación y provisión de recursos sanitarios que atienda a las necesidades de la población en las próximas décadas.
