El primer Gobierno de coalición de la democracia española trajo consigo multitud de cambios. La inclusión de Unidas Podemos en el binomio que conforma junto al PSOE produjo un aumento significativo de las carteras ministeriales, que se ampliaron de las 17 de la pasada legislatura hasta las 22. Para dar cabida como responsables a integrantes de la formación morada, algunos ministerios vieron ‘adelgazadas’ sus competencias. En esta tesitura se han encontrado dos de los ministerios que atañen de manera más directa al sector sanitario: por un lado Sanidad, que ha ‘perdido’ Bienestar Social y Consumo; por otro, Ciencia e Innovación, que ha mantenido a Pedro Duque al frente, pero que ha visto como Universidades iniciaba camino en solitario y pasaba a manos de Manuel Castells.
Esta separación ya generó recelo y controversia en las sociedades científicas, que se mostraron claramente en contra de este movimiento. De hecho, incluso el propio Castells se pronunció en este mismo sentido y reflejó la importancia que tenía la cooperación de los nuevos ministerios en esta nueva andadura, algo que también compartió Duque.
Este ánimo colaborativo obtiene ahora respuesta con la creación de un órgano de coordinación entre Ciencia y Universidades. Esto se ha podido saber después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto que establece la estructura orgánica básica de los ministerios, que incluye la creación dicha norma en el plazo de tres meses.
El objetivo de este nuevo órgano será garantizar el funcionamiento cohesionado de la Administración en materia de investigación universitaria, con un concurso paritorio de ambos ministerios. Ambos responsables ven así satisfechas su petición de un nexo entre ambos, después de ambos subrayaran la necesidad de actuar como un único actor a la hora de poner en marcha los cambios que la comunidad científica y universitaria necesitan.
A la espera de una estructura propia
En cuanto al Real Decreto, la portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado la voluntad del Ejecutivo de “comenzar sin demora y con celeridad las tareas y proyectos que cada departamento tiene en mente desarrollar”. La también ministra de Hacienda, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este Real Decreto se rige por “la racionalidad de la administración pública y la eficacia”.
Al mismo tiempo, “cada departamento tendrá que aprobar un Real Decreto específico de su propia estructura, en particular aquellos que han sufrido una remodelación más profunda”, ha añadido Montero.
