El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que los pagos realizados con cargo al plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han permitido el mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo, a la que vez que habrían aumentado un 3 por ciento el nivel del PIB a medio plazo.
El Departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha ofrecido este miércoles estos datos coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley que extingue y liquida el anterior fondo de pago a proveedores, como entidad con personalidad jurídica propia, para convertirlo en un fondo carente de esta personalidad jurídica. A partir de ahora, el fondo sólo existe ya para gestionar los préstamos con comunidades autónomas y entidades locales.
El plan de pago a proveedores que ahora finaliza ha financiado durante su tiempo de vigencia con más de 41.814,6 millones de euros a comunidades autónomas y entidades locales para pagar más de ocho millones de facturas de casi 200.000 proveedores. Más de 30.200 millones han sido recibidos por las autonomías y otros 11.500 millones por los municipios.
El 98 por ciento de los pagos realizados a través de este fondo han estado destinados a pagar facturas pendientes de los servicios esenciales: sanidad, educación y servicios sociales.
Por comunidades autónomas, y sumando tanto los proveedores de las CCAA como de las entidades locales de cada territorio, las comunidades que han recibido mayor financiación del Fondo de Proveedores han sido Comunitat Valenciana, 8.790 millones de euros; Andalucía, 8.360 millones; Cataluña, 7.286 millones; Castilla-La Mancha, 4.525 millones; y Madrid, 4.228 millones. Por el contrario, las que menos han recibido del Fondo de Proveedores son Navarra, 1,1 millones; La Rioja, 77,9 millones; y Ceuta, 82 millones.
En medio, Murcia ha recibido 2.200 millones; Baleares 1.700 millones; Castilla y León 1.500 millones; Canarias 816 millones; Aragón 740 millones; Extremadura 544 millones; Cantabria 377 millones; Asturias 325 millones y Galicia 220 millones.
El acceso al plan de pago a proveedores ha estado condicionado a la aprobación de un plan de ajuste a nivel autonómico, que debía ser apoyado por el ministerio de Hacienda. Con su visto bueno, las comunidades podían transformar su deuda comercial en deuda financiera.
