El grupo parlamentario Sumar ha presentado al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, relativa a la adopción de medidas para garantizar la Atención Primaria a toda la ciudadanía del medio rural.

El texto de la iniciativa recoge, que en el Título I de la Constitución, su artículo 43 “reconoce el derecho a la protección de la salud” y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Por consiguiente, continúa el texto “las Administraciones Públicas tienen la obligación de prestar los Servicios Públicos en todo el territorio y a toda la ciudadanía, con la calidad necesaria, en condiciones de equidad”. Sin embargo, el texto recoge que no está siendo así, sobre todo en las zonas rurales, por eso se está denunciando esta situación desde diferentes plataformas ciudadanas tales como las Asociaciones de Defensa de la Salud Pública, Mareas Blancas, Movimiento de Acción Rural de la comarca de Cuencas Mineras en la provincia de Teruel o las diferentes plataformas vecinales de Asturias, entre otras.

Desde los medios rurales no pueden comprender que otros Servicios Públicos como la Educación, se presten en el medio rural con calidad, con obligatoriedad, adaptados al medio rural, con el personal y los medios necesarios, en todos los rincones del territorio, y que no resulte posible hacerlo con la Sanidad rural.

Escasez de personal sanitario

La escasez de personas sanitario motivado por las deficientes políticas de recursos humanos llevadas a cabo en los últimos años, lo que ha supuesto una migración a otros estados europeos de profesionales formados en España, que parten en busca de mejores condiciones laborales; la falta de reconocimiento del trabajo en AP, priorizando modelos que ponen en el centro a los hospitales y que no fortalecen la red de centros de salud y profesionales está afectando principalmente a las zonas rurales, donde existen numerosas plazas vacantes, porque no hay profesionales que quieran ocuparlas por falta de incentivos y porque no existe la obligatoriedad de cubrir las plazas adjudicadas como si sucede en otros servicios públicos.

Es por todas estas razones que la cartera de servicios de las zonas de salud rurales se ven mermadas, y en ocasiones los habitantes de estas zonas tienen que trasladarse a distancias superiores a 30 minutos.

La propuesta dice además que para poner solución a esta situación, hay que implementar medidas presupuestarias, de mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios en especial en el medio rural, pero también administrativas para ampliar el número de profesionales y corregir el déficit que padecen los usuarios de las zonas rurales.

La PNL

Por todo ello la PNL insta al Gobierno a seguir las propuestas señaladas en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, incluyendo en la Estrategia de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, el objetivo de dedicar entre un 25 y un 30 por ciento de los recursos sanitarios a AP. Implementar medidas que permitan limitar las consultas telefónicas y telemáticas a una actividad asistencial complementaria, como prescripciones o bajas, evitando así la discriminación de personas mayores con dificultades para acceder a las nuevas tecnologías. Por otra parte, se insta al Gobierno a poner en marcha medidas que eviten que los centros de salud de AP en el medio rural se queden desatendidos por falta de personal, garantizando la cobertura de forma estable de dichas plazas, mejorando sus condiciones laborales, para fijar así personal en dichos equipos. Por eso, la iniciativa pide medidas para acabar con la precariedad laboral y para redimensionar los equipos.

Por otro lado, pide impulsar la formación de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en medicina y enfermería rural, aumentando los periodos de rotación de residentes de ambas especialidades, durante sus años de formación, en los equipos de AP rural.

A las comunidades autónomas y Universidades, esta iniciativa pide que en sus respectivos ámbitos competenciales, “que se adecuan las plazas de diferentes formaciones universitarias de Ciencias de la Salud a las estimaciones de las necesidades de personal necesario en el sistema sanitario, atendiendo no sólo al número de plazas sino a una formación pregrado que incluya formación específica en Atención Primaria, Medicina y Enfermería en el ámbito rural y salud comunitaria”.

Los diputados que defenderán la iniciativa serán Rafael Cofiño junto a Jorge Pueyo Sanz y Txema Guijarro García, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.


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