El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una PNL relativa a la «consecución urgente de soluciones a la necesidad extrema de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) este verano» en sede parlamentaria, llevando así el debate sobre la falta de médicos al hemiciclo.
Según reza el texto, las razones que advierten los populares para su aprobación radican en que «la necesidad de profesionales sanitarios en Atención Primaria representa uno de los problemas más ingentes de todo el SNS en los últimos años», especialmente en este período estival recientemente inaugurado al suponer, según explican, que «al problema estructural se suma este año el hecho de que en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, los MIR se incorporaron en el mes de septiembre en lugar de en mayo, como es habitual».
Es por eso que a través de esta iniciativa no legislativa han instado al Gobierno de coalición «a trabajar, desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigentes, y desde el consenso real con las CC. AA. y la coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los citados profesionales sanitarios que existe en la Atención Primaria del conjunto del SNS de cara a los meses del presente verano». Para ello, de acuerdo a la literalidad de la proposición, debe garantizarse «la calidad y la seguridad formativas y asistenciales», dando «prioridad a solucionar los problemas existentes en la homologación de títulos universitarios y especialidades extracomunitarios, así como a posibilitar que los MIR de cuarto año que iniciaron su formación en 2020 puedan atender este verano —con la supervisión y los apoyos pertinentes— a los pacientes que acuden a los centros de Atención Primaria».
La encargada de defenderla en sede parlamentaria ha sido la portavoz del grupo popular, Ester Muñoz, quien ha resaltado que la cuestión resulta un «problema nacional que afecta al conjunto del SNS». Además, la diputada ha negado que la problemática radique en el ámbito de la retribución, afirmando que puede asimismo mejorarse, sino que supone «un problema que va a ir a más […] y que vamos a ver agravado precisamente este verano» ya que los «MIR de la especialidad de Familia y Comunitaria no se van a poder incorporar al sistema porque van a acabar más allá del verano».
Muñoz ha reprochado al gobierno central que es una cuestión que tampoco se abordó «hace cuatro años», señalando la falta de «un plan de contingencia» incentivado por la variabilidad en la nomenclatura de la titularidad ministerial, aludiendo a que ha habido «seis ministros en seis años».
La popular ha apelado a la actuación de la Ministra, Mónica García, «incapaz de utilizar sus competencias» alegando que «las CC.AA. sí lo han hecho» al diseñar sus «planes de verano» a pesar «de la falta de médicos». Un tema, incide, que no es cuestión de «color político»: «también es una cuestión por la que preguntó el PNV», haciendo aquí referencia a la ultima sesión de control al Gobierno celebrada en el hemiciclo, «y de Bildu». «No es una cuestión de ideología, es un problema», ha reafirmado, apelando al «estatuto marco y la ley de ordenación de profesionales sanitarios» para evidenciar la existencia de competencia en manos de la cartera que lidera García.
Las posiciones de los grupos parlamentarios, divididas
En el turno para la exposición de posicionamiento ha tomado la palabra por el Grupo Mixto el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien ha cargado con la responsabilidad a las autonomías, incidiendo en que el PP gobierna «en 11 de 17 CC.AA.» y achacando a la portavoz popular una «absoluta falta de sinceridad», dando como dato el «recorte» protagonizado, según el portavoz mixto, por el gobierno del PP de «más de 6.000 plazas MIR» entre los años 2015 y 2016. Un dato que ha contrastado con los de 2024, alegando que «este año se han sacado 11.617 plazas». Asimismo, ha informado sobre la presentación de una enmienda a la PNL para poder prestar su sentido de voto favorable a la iniciativa azul radicada en la suspensión «de la nota de corte MIR» y de cara a cubrir el déficit profesional.
Por su parte, el diputado Alberto Catalán (UPN), también del Grupo Mixto, ha vuelto a apuntar al Ministerio como responsable de la situación: «tiene que asumir las responsabilidades que le corresponde». Posteriormente, Cristina Valido García (CC) ha calificado la cuestión como «un problema de estado», apelando a su resolución «con un gran acuerdo» que pase por «medidas excepcionales ante una situación excepcional» como la aceleración de la acreditación de los nuevos profesionales sanitarios MIR quienes, bajo su criterio, pueden ayudar a paliar la situación «con la vigilancia adecuada».
El turno de Vox, representado por Emilio del Valle Rodríguez, ha incidido en que la problemática se agrava en período estival por la incapacidad de realizar «contratos temporales» a los MIR debido al arrastre del retraso pandémico en la finalización de su residencia. El diputado ha querido poner el foco en las competencias ministeriales, calificando como «excusa» las explicaciones aportadas por la titular sanitaria, apelando a la falta de profesionales en Medicina Familiar y Comunitaria, quedando sin cubrir 459 en la especialidad este año, y apostando por la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios. Es por eso que han presentado una enmienda en ese sentido, sin embargo, incidiendo en la «calidad» y «los más altos estándares» para garantizarla, así como promover el incremento de «los límites máximos» y «mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios», enarbolando una «estrategia nacional de recursos humanos» en aras de la centralización de competencias.
La representante institucional del PNV, la diputada Maribel Vaquero Montero, también ha mostrado preocupación por la situación, que ha calificado como un «problema estructural» apuntando a las necesidades formativas y de homologación de títulos, requiriendo así al Ministerio medidas para «paliar la falta de profesionales» porque, dice, «no se puede contratar lo que no existe». Sin embargo, señala también al PP, achacándoles una «falta de responsabilidad» por la «reducción de plazas MIR desde 2008» protagonizada por los gobiernos que han encabezado. «Recogemos hoy lo que sembramos en el pasado», ha sentenciado.
Por su parte, EH Bildu, representado en sede parlamentaria por Iñaki Ruiz de Pinedo, se ha dirigido directamente a la representante popular: «no se puede utilizar la salud como un arma arrojadiza», ha dicho, adelantando que el sentido de voto de la formación que representa no será favorable. «No porque no estemos de acuerdo en las medidas urgentes», ha justificado, «la cuestión es que no proponen soluciones reales».
Pilar Calvo i Gómez (Junts), ha apuntado también a la responsabilidad del Ministerio, reivindicando para sí que «les dejen, justamente, planificar para nosotros» ante la «incapacidad de solucionar el problema», solicitando para Cataluña la gestión de las FSE y la acreditación de las plazas MIR en aras del traspaso de las competencias hoy centralizadas. Sin embargo, el ala catalán del Congreso muestra diferencias en su diagnóstico. Inés Granollers i Cunillera (ERC) ha apuntado a la «responsabilidad del Partido Popular en el pasado» como eje clave de la cuestión, enfocando su discurso en la crítica a la gestión de la formación azul, tanto a nivel estatal como autonómico.
Por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha tomado la palabra Candela López Tagliafico, que se estrenaba como oradora en sesión plenaria, quien ha apuntado también al PP haciendo referencia a dos cuestiones: «el personal médico de hoy son aquellos que fueron formados y planificados hace diez años, hace diez años gobernaban ustedes, un problema real que crearon ustedes», ha dicho, y por otro lado, ha señalado al ámbito competencial autonómico indicando que «está en sus manos a día de hoy impulsar medidas concretas para paliar la situación» al gobernar en la «mayoría de CC.AA.» ejemplificando con los datos de Madrid y Murcia donde, según la portavoz magenta, se registran los ratios más bajos de médicos y enfermeras por paciente.
La diputada ha puesto en valor las medidas adoptadas por la actual cartera ministerial sanitaria «como lo ha hecho con el incremento de más del 38 por ciento de las plazas de formación en Medicina Familiar y Comunitaria respecto a 2017″, la «modificación del estatuto marco mejorando las condiciones laborales» y de «la jubilación activa», la inversión de «52 millones en financiar el incremento de las plazas MIR» o «acelerando el proceso de homologaciones de títulos» en referencia a la medida adoptada en este caso por el Ministerio de Universidades.
El turno de posicionamiento lo ha cerrado el PSOE, siendo Rafaela Crespín Rubio la encargada de exponer los argumentos socialistas y quien, como su socio de gobierno en la intervención anterior, no ha dudado en afear la gestión del Partido Popular en autonomías como la madrileña o la andaluza, acusando al gobierno de Moreno Bonilla de despedir a «5.000 profesionales justo antes del verano».
La portavoz socialista ha reconocido que la pandemia «produjo desajustes en la contratación MIR» llevando a los residentes a atrasar «unos meses la elección de plazas», sin embargo, ha reprochado a los azules que «lo sabían hace cuatro años» y que, a pesar de la «ampliación de plazas» incentivada por el Gobierno, la aceleración en la «homologación de títulos universitarios» y la subvención de «plazas de medicina en las universidades públicas», son las CC.AA. «las que deben planificar, gestionar e invertir en sanidad y garantizar a la ciudadanía su acceso universal».
¿Qué dice el Ministerio?
La ministra de Sanidad, sin embargo, ya se pronunció al respecto en declaraciones a prensa tras el último CISNS, alegando que eran las comunidades autónomas las que debían resolver los problemas de falta de médicos, algo que ratificó en la pasada sesión de control al Gobierno, donde reiteró la idea. «Creo en la descentralización, por eso creo que son las CC. AA. las que deben gestionar sus recursos humanos y paliar el déficit».
Habrá que esperar hasta el próximo jueves para averiguar la deriva de la PNL, que se votará en sesión plenaria y cuyas enmiendas aún están «siendo estudiadas», según las declaraciones de Ester Muñoz, por parte de la formación azul.
La cuestión también ha llegado a la Comisión de Sanidad del Senado
Precisamente durante la misma tarde en la Cámara Alta se debatía sobre el mismo asunto. Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Sanidad, era aprobada una moción por la que se ha instado al Gobierno a impulsar determinadas medidas para solventar la carencia de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, llevada a sede parlamentaria de la mano, también, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El senador José Manuel Aranda ha sido el encargado de defenderla, y ha querido iniciar su intervención argumentando que «la situación de la Atención Primaria es agonizante, ya que aún sabiendo que la Medicina Familiar y Comunitaria es fundamental para la esperanza de vida y debería ser protegida y valorada, es una especialidad deficitaria sobre la que urge poner medidas para dar el impulso definitivo a este primer nivel asistencial».
Para el senador, los datos de los últimos informes arrojan cifras preocupantes: «en 2025 se jubilarán 12.163 facultativos, mientras que los titulados que van a salir serán 9.940, con lo que habrá ese año un déficit de 2.673 profesionales», ha dicho, enfatizando en que «en 2027, se prevé que faltaran 9.000 profesionales para Medicina Familiar y Comunitaria”. Es por eso que insta a la toma de medidas por parte del Ministerio de Sanidad, aludiendo a que tras el periodo de adjudicación de los MIR han quedado 250 plazas vacantes, una cifra superior a la del año pasado, por lo que «el ministerio debe analizar que la elección telemática multiplica el número de plazas que no se aceptan y afecta a la MFYC».
«Hay que aumentar las plazas, flexibilizar los criterios de acreditación de los centros sin perder calidad y facilitar estancias temporales en otros centros», ha apuntado, «las necesidades deben venir avaladas por un registro de profesionales sanitarios que debería ser el auténtico libro blanco que determinase la convocatoria anual MIR», concluía.
Por su parte, la representante del PSOE en la Cámara Alta, Concha Andreu, en consonancia son el argumentario de su homóloga en el Congreso de los Diputados, ha querido recordar «que no se pueden revertir los recortes drásticos que gobiernos anteriores hicieron en las plantillas y que afectaron sobre todo a Medicina de Familia”, algo que ha calificado como «complejo y difícil de resolver». Además, la portavoz ha señalado que «esta responsabilidad la tienen las CC. AA que puede hacer muchas cosas de mano del Ministerio y de su propia mano».
