Uno de los motores de la economía española en general es el turismo. Ahora, el Ministerio de Sanidad también reclama su parte del pastel y fía el malogrado Fondo de Cohesión a la buena marcha de este indicador. Para 2019 hay presupuestados 3,7 millones de euros, al igual que en 2018. Las críticas vertidas hace tan sólo unos meses por el PSOE al Gobierno de PP —apuntalado por Ciudadanos— se han convertido en un boomerang que ahora usan estos últimos como arma arrojadiza. La salida que ha propuesta el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, ha sido “fomentar la facturación de las comunidades autónomas” a los extranjeros que llegan a España unido al de los residentes de la Unión Europea.
Durante 2018, según Blanco, la recaudación del ‘turismo sanitario’ obtuvo un saldo positivo de 61 millones de euros, cantidad que, según el Gobierno, puede paliar la deficiencia presupuestaria del Fondo de Cohesión. Además, el secretario general de Sanidad recordó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado contiene una modificación legislativa del Real Decreto 16/2012 que permitirá remodelar tanto el Fondo de Cohesión como el de Garantía Asistencia (FOGA). “Se llevará a cabo en colaboración con las comunidades autónomas dentro del seno de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial”, explicó.
Sin embargo, la argumentación sirvió de muy poco a los grupos de la oposición e incluso tampoco a Podemos. “Presentaremos una enmienda porque con ese dinero no se puede hacer nada”, anunció la portavoz en la Comisión de Sanidad, Amparo Botejara. Por su parte, desde Ciudadanos vino la crítica más agria, no tanto en argumentos como sí en formas y tono. “Los 100 millones que tanto se pedían hace seis meses eran imprescindibles y a mí se me afeó que aceptara los 3,76 que propuso el anterior Gobierno. Entonces era una indecencia y ahora callan y lo único que ofrecen es favorecer la facturación entre comunidades autónomas y a países extranjeros”, dijo Francisco Igea.
Desde el Partido Popular, Teresa Angulo dirigió sus críticas directamente hacia la ministra María Luisa Carcedo. “Cuando era senadora, hace unos meses, pedía constantemente un nuevo modelo de financiación y ahora nos encontramos con el mismo Fondo de Cohesión y sin fondo para innovaciones como pedía el PSOE. ¿Qué va a pasar con las CAR-T?”, preguntó. La defensa de los presupuestos, además de al Gobierno, le correspondió al portavoz socialista Jesús María Fernández. “Nos gustaría que el Fondo de Cohesión tuviera más cantidad pero fueron PP y Ciudadanos los que se opusieron a sacar adelante la reforma de la senda de estabilidad”, dijo en referencia al intento del Gobierno de relajar el déficit hasta el 1,8 por ciento del PIB en lugar del 1,3 que se debe cumplir.
Más allá de los fondos interautonómicos, el secretario general de Sanidad explicó que el importe de la remodelación del copago (que beneficiará a unos 7 millones de personas, la mayoría pensionistas con renta anual inferior a 11.400 euros) será de 390 millones. Tampoco hay un fondo previsto para esta cuestión y el Blanco señaló que las comunidades autónomas tendrán que presupuestarlo de las transferencias que recibirán, que este año aumentarán en 6.487 millones de euros. En relación a la universalidad, el secretario general negó que vaya a suponer un coste adicional pero desde el Partido Popular aseguran que “el Tribunal de Cuentas ha cifrado el impacto del decreto en 1.000 millones de euros”.
Actualización de la cartera, políticas para los profesionales e indemnizaciones por talidomida
Durante el debate de presupuestos en la Comisión de Sanidad, el secretario general del Ministerio del ramo, Faustino Blanco, aseguró que se va a extender la presencia de centros de referencia. Así, aseguró que “habrá más en las áreas existentes y se crearán nuevas áreas”. En cuanto a las carteras de servicios, el Gobierno llegó a un acuerdo con Podemos para volver a unificarla pero desde la formación morada aún siguen esperando a que el Consejo de Ministros se pronuncie al respecto. De momento, no hay partida en los presupuestos que permita adelantar una fecha.
También las políticas para profesionales tuvieron un pequeño espacio durante la comparecencia del Ministerio de Sanidad en el Congreso. Se potenciará la reposición de médicos en atención primaria con una partida ligeramente superior a los 3 millones de euros. En cuanto a las indemnizaciones por talidomida, el Gobierno ha presupuestado 30 millones de euros que se sumaran a los 20 aún no gastados. Los resultados de las evaluaciones siguen en ‘stand by’.
