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El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles que “obligaría” a la Comunidad de Madrid a restringir la movilidad en la capital y en nueve ciudades de la región para frenar el avance de la COVID-19. El texto da 48 horas para cumplir las medidas previstas.

Aunque en la tarde de ayer Salvador Illa anunció la publicación de una orden ministerial que permitiera hacer “efectivas” las medidas de restricción de movilidad aprobadas por 13 de las comunidades autónomas que integran el Consejo Interterritorial, con la abstención de Murcia el voto a favor de Castilla y León, cuya consejera, Verónica Casado, es de Ciudadanos, y el voto en contra de cinco comunidades autónomas, en la práctica no ha sido esa la fórmula elegida por Sanidad.

La Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública establece la adopción de nuevas medidas en las poblaciones con más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 personas en los últimos 14 días, una positividad de las pruebas diagnósticas de infección activa superior al 10 por ciento y que estén en comunidades autónomas con una ocupación de camas UCI por pacientes Covid-19 superior al 35 por ciento de la dotación habitual.

Por ahora, estas circunstancias se dan exclusivamente en Madrid capital y nueve ciudades de la comunidad. Las medidas contemplan restricciones a la movilidad en estas ciudades, así como la reducción de aforos y límites a las reuniones sociales, que no podrán superar el número de seis personas, una iniciativa que ya anunció en su día la Comunidad de Madrid.

Tras el Consejo Interterritorial, Salvador Illa remarcó que se trata de una decisión “colegiada” y que tiene que “hacerse efectiva”, al mismo tiempo que subrayó que no contempla el escenario de que Madrid no cumpla con ello. En este sentido, el ministro hizo hincapié en que “la salud es lo primero”, y “la salud de Madrid es la salud de España” e insistió en que estas medidas recibieron el visto bueno de la Comunidad de Madrid en la reunión bilateral del pasado martes.

Madrid cuestiona su validez jurídica

Desde el gobierno regional, la visión es bien distinta. Minutos después de la rueda de prensa del ministerio, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, calificó como “falso” que se trate de una decisión colegiada, y negó también que la comunidad se mostrara satisfecha con las medidas planteadas en el encuentro del martes.

Además, el consejero cuestionó que las medidas sean de obligado cumplimiento. El portavoz regional argumentó que las medidas de coordinación de Salud Pública (que serían vinculantes), según el reglamento del CISNS requieren un” consenso que no ha existido”, ya que la declaración ”solo ha tenido el apoyo de las comunidades del PSOE, por lo tanto jurídicamente no es válido”.

Ruiz Escudero destacó que si finalmente se producía la publicación en el BOE, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid marcaría el camino a seguir.

En cualquier caso, detalló también que según les había comunicado el ministro a los consejeros autonómicos, la propuesta se trasladaría a la Ponencia de Alertas de Salud Publica para trabajarlo técnicamente. Posteriormente debe pasar por la Comisión de Salud Pública, y “tras todo ese trabajo técnico, debatirse de nuevo en Pleno del Consejo Interterritorial, como así han expresado la mayoría de las CCAA, incluso las que han votado a favor de este borrador”, remarcó el consejero.


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