Cada vez son mas las comunidades autónomas que apuestan por la entrada de biosimilares. Hasta aquí nada raro ni descabellado ya que son una excelente herramienta de cara a favorecerer la sostenibilidad de los sistemas y facilitan el acceso a terapias innovadoras a un mayor número de pacientes. El problema está cuando favorecer su introducción se convierte en una imposición. Y más allá del progrma es una práctica no permitida en España y que no favorece en nada la normal y deseada entrada de los biosimilares. Porque a falta de una legislación que desarrolle la incorporación de los biosimilares, hay una norma que impide la sustitución automática de estos medicamentos. Por tanto, los casos que se están dando cada vez con mayor frecuencia no están ajustados a lo que dice el texto legal. Es el médico el que tiene la última decisión y así debería ser tanto ahora como cuando se defina una normativa más adecuada a la realidad de unos fármacos de calidad, seguros y eficaces.
Los biosimilares, en sí mismos, aunan innovación y sostenibilidad. Son esa herramienta ansiada por los gestores para controlar el gasto farmacéutico. Pero quizás esa derivada de la sostenibilidad es la que está llevando a contravenir la norma con demasiada soltura sin, en muchos casos, el conocimiento del propio facultativo. Algo que es más grave todavía al no estar informado de que su paciente está siendo tratado con un medicamento diferente al prescrito.
La apuesta por los biosimilares hecha pública por la directora genera de Farmacia, Encarnación Cruz, es una decisión lógica y deseable. Pero la apuesta tiene que ir acompañada por un marco normativo claro. Desde la propia patronal de los medicamentos biosimilares, Biosim, se ha requerido ese marco, se ha diseñado la manera de llevarlo a cabo y se ha manifestado por activa y por pasiva que la sustitución automática no es deseable sin el consentimiento y la supervisión del médico. Todos de acuerdo menos los gestores que insisten en actuar al borde de lo establecido con procedimientos poco claros, circulares opacas y decisiones unilaterales. Biosimilares, sí. Por supuesto. Porque son innovación, sostenibilidad y acceso.
Actuar contra la norma no es favorecer la entrada de bioismilares, más bien lo contrario
