Con todo el movimiento de las últimas semanas, resulta difícil pensar en colgar el cartel de CERRADO POR VACACIONES. Toca hacerlo, aunque sea por una cuestión de pura formalidad, si bien tal vez haya que hacerlo como los vencejos, capaces de dormir mientras vuelan usando la mitad de su cerebro, o como los peces, que también duermen, pero con los ojos abiertos.
La llegada de María Jesús Lamas, nueva inquilina de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en sustitución de Belén Crespo, bien podría ser el primer paso que da Carmen Montón para avanzar en el objetivo que anunció ante la Comisión de Sanidad del Congreso: modificar los IPT. Sobre ellos sobrevuela otra sombra: la que pueda derivarse de la propuesta de reglamento europeo en HTA.
Además, se acerca el momento que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de generar un consenso suficiente que le permita aprobar sus presupuestos. La ministra de Hacienda ha hecho los deberes que se impuso. En primer lugar, ha aprobado los nuevos objetivos de déficit de las comunidades autónomas para los años 2019-2021, lo que en este año se traducirá en un balón de oxígeno de 2.500 millones de euros en concepto de margen fiscal de para las comunidades autónomas. Pero, más allá, ha trasladado a los consejeros de Hacienda la intención del Gobierno de impulsar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica abriendo una nueva etapa en la que se aborden las discusiones precisas, aunando la perspectiva técnica y la política para que haya un avance efectivo.
La intención de María Jesús Montero es la de poner en marcha un grupo de trabajo para la reforma del sistema, con vistas a introducir mejoras en el actual sistema de financiación para hacerlo más solidario y equitativo. Este grupo tendrá como primer objetivo analizar la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas y proponer posibles soluciones. Sanidad no puede quedarse al margen de estos trabajos. El Consejo Interterritorial monográfico sobre financiación sanitaria no admite más retrasos. Carmen Montón y los consejeros del ramo necesitan hacer oír su voz de una manera fuerte y clara dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y éste es un trabajo, probablemente, ante el que no cabe cerrar por vacaciones.
La llegada de la nueva inquilina de la Aemps bien podría ser el primer paso de Montón para modificar los IPT
