Con el nuevo año seguimos planteando las mismas cuestiones, porque eso suele pasar con cosas importantes como la salud. Nuestra Constitución la recoge como un derecho atendido a través de un servicio público, el Sistema Nacional de Salud (SNS), y la ciudadanía ha respondido en una encuesta que considera que pagaría más impuestos por tener una sanidad pública de calidad (El País, 9/1/23). La gente quiere que sus impuestos vayan a los servicios públicos porque son grandes compensadores de desigualdad, en lugar de ir a financiar guerras injustas por intereses espurios. Pero, ¿corre peligro nuestro SNS?
La sanidad pública ha sido golpeada terriblemente por la privatización, la infrafinanciación y la pandemia; recuperarse cuesta y, aunque el Gobierno de coalición haya aumentado el presupuesto en sanidad, hay que plantearse que consolidar nuestro SNS requiere, además de financiación suficiente, gestión pública directa. Nuestro país es la cuarta economía de Europa y la financiación es sólo una cuestión política: ¿quiere el PSOE que la sanidad sea un servicio público o prefiere que la ciudadanía pierda ese derecho constitucional? El SNS está financiado mediante impuestos y solo corre peligro si no se recaudan esos impuestos. Por cierto, sería estupendo que en España los ricos también pagaran los impuestos que les corresponden y contribuyeran así a una sanidad pública que usan cuando están enfermos. Precisamente en esta línea el Gobierno de coalición, a propuesta de Podemos, ha establecido un impuesto para las grandes fortunas, de manera que los que más tienen arrimen el hombro para financiar los servicios públicos.
La derecha intenta transmitir la idea de que la sanidad pública es cara, ineficiente e insostenible y es mejor privatizar su gestión. ¿Por qué dicen eso? Porque la sanidad puede ser un gran negocio y la derecha quiere ese negocio para multinacionales francesas y alemanas con las que está relacionada. Y créanme, hay muchísimo dinero en juego y la derecha está dispuesta a todo por conseguirlo. Por eso intentan crear opinión con términos como “sanidad pública insostenible” o “necesidad de rescatar al SNS”, como si términos como “rescate”, propios de los negocios bancarios, fuesen aplicables a un sistema nacional de salud que no es un negocio sino un servicio para toda la ciudadanía que financiamos entre todos y todas. La sanidad pública no se rescata, sencillamente se financia como manda la Constitución.
Mientras la derecha quiere transmitir sus falsedades para justificar la privatización sanitaria, como están haciendo en Madrid, la ciudadanía valora positivamente nuestro SNS en la última encuesta del CIS. La Organización Mundial de la Salud hace años que reconoció que la sanidad española era de las mejores del mundo.
He nombrado tres agresiones al SNS; hemos gestionado bien la pandemia y el agradecimiento a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios nunca será suficiente. El problema ahora es si sabremos luchar contra la privatización y la infrafinanciación.
“La gestión privada siempre implica servicio sanitario deficiente y, por tanto, riesgo indebido para los pacientes, inversión en tecnología pobre, pocos profesionales sanitarios, transferencia de pacientes complejos hacia la sanidad pública y exceso de gasto”
Lo que hace insostenible un sistema sanitario público es la privatización de su gestión porque el dinero que se destina a los beneficios empresariales es sustraído del dinero que debería destinarse a la atención sanitaria a la ciudadanía. La gestión privada siempre implica servicio sanitario deficiente y, por tanto, riesgo indebido para los pacientes, inversión en tecnología pobre, pocos profesionales sanitarios, transferencia de pacientes complejos hacia la sanidad pública y exceso de gasto para las arcas públicas que se intenta ocultar.
La privatización de la sanidad pública fue una decisión política del PP llevada adelante por Feijóo y Aznar con su Ley 15/97. La única manera de impedir este daño es una futura Ley de Equidad que asegure que el servicio público de la sanidad sólo será gestionado públicamente porque el negocio nunca puede ser su finalidad. El PSOE puede hacerlo si tiene voluntad política.
La infrafinanciación del SNS es también una decisión política y así lo hizo el Partido Popular cuando decidió rescatar a los bancos y arrebatar el derecho a la salud a la ciudadanía. Mientras recortaban a los hospitales de gestión pública seguían financiando a los de gestión privada porque los empresarios debían mantener los beneficios. Esa es la manera de actuar del Partido Popular, porque el PP no quiere servicios públicos. Pero ¿quiere el PSOE que el sistema nacional de salud siga siendo un servicio público fuerte y de calidad? Si así lo quiere, debe asegurar su financiación mediante impuestos y conseguir que definitivamente la Atención Primaria sea el eje central del sistema, porque eso es lo único eficiente y sostenible. Podemos trabajará para que así sea.
