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El gobierno vasco dejará “sin efecto” las medidas del real decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que va a interponer contra cuatro artículos de la norma.
El Consejo de Gobierno vasco ha dado así el primer paso en el frente contra la reforma sanitaria de Ana Mato autorizando el pasado martes a la dirección de lo Contencioso del Departamento de Justicia y Administración Pública a presentar el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 16/2012, en paralelo a otro recurso contra la norma nacional que recoge los recortes recientes en educación.
No obstante, la portavoz del gobierno vasco, Idoia Mendia, ha aclarado que la decisión “no supone una insumisión”, y ha manifestado su esperanza de que el gobierno central no lo recurra, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.
El País Vasco pone el acento en cuatro puntos del texto, uno de ellos, el que establece la integración forzosa del personal funcionario en el marco estatutario antes del 31 de diciembre de 2013, que excedería la competencia atribuida al Estado, según el gobierno regional, y “cercena la competencia autonómica”. Tampoco respaldan que el control y la condición de asegurado recaigan en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, centralizando, en su opinión, el sistema de gestión.
El resto de puntos en discusión tienen que ver con el copago de las prestaciones. Por una parte, cuestionan que sea el Estado quien se reserve la elección de prestaciones sanitarias sujetas a aportación económica, y manifiestan su oposición sobre lo que consideran intromisión en el punto que regula la articulación del copago farmacéutico, que fija tanto el momento de hacerlo efectivo como el plazo dado a las comunidades para efectuar el reembolso a los ciudadanos, sin margen de maniobra alguno para las regiones.
Al margen del recurso, el Gobierno vasco ha avanzado que pedirá al Gobierno la constitución de una Comisión bilateral para tratar de resolver estas diferencias por la vía de la negociación, un cauce para el que cuentan con un plazo de nueve meses.
Pero, tal y como anunciaron varios responsables regionales en un primer momento, la iniciativa de País Vasco podría no ser la única. Fuentes del departamento de Salud de Cataluña han confirmado a GM que esperan el resultado del análisis que lleva a cabo el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, que debe determinar si considera que invade competencias autonómicas. Además, aunque no hay novedades al respecto, Andalucía también barajó esta posibilidad.
En cualquier caso, hay margen más que suficiente para emprender acciones contra el texto si ambas lo consideraran oportuno, ya que existe un plazo de tres meses desde la publicación de la norma en el BOE que cumpliría a finales de julio.
A pesar del anuncio vasco, no está claro que esta comunidad pueda descolgarse del capítulo de medidas que recoge la ley. Desde el punto de vista legal, Jordi Faus, abogado de Faus & Moliner, expresa sus dudas sobre la posibilidad de que el recurso del País Vasco pueda dejar en suspenso la aplicación de las medidas. “Hay que mirar bien cómo se puede justificar la decisión, porque normalmente la suspensión cautelar es inmediata cuando es el Gobierno quien lo interpone”, explica a GM.
El anuncio del País Vasco es, por ahora, el único paso en firme contra la reforma. De hecho, esta semana el Congreso rechazaba la moción de Izquierda Unida que pedía la derogación del real decreto, con los votos en contra de PP, UPN y Foro Asturias.
Por otra parte, en las asambleas informativas que se suceden en los colegios de médicos para explicar la situación de los facultativos titulares y de cupo y zona se recuerda que OMC y CESM han denunciado la situación al Defensor del Pueblo, que puede emprender acciones. Faus recuerda que, aunque es una opción difícil y cara, los afectados también pueden impugnar los actos de aplicación individual, recurriendo las peticiones que puedan denegárseles en base al real decreto.