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El nuevo mapa formativo en Ciencias de la Salud sólo propone la incorporación de Genética y Psiquiatría Infanto-Juvenil —dentro de un quinto tronco de salud mental— como nuevas especialidades, estableciendo además cuatro áreas de capacitación específica (ACE) —Urgencias y Emergencias, Infecciosas, Hepatología y Neonatología—, un giro contra el que la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ya ha anunciado el inicio de concentraciones y movilizaciones en los centros hospitalarios y de conversaciones con los sindicatos para convocar una huelga después del verano en defensa de una especialidad que los populares apoyaron como “troncal, primaria y vía MIR” cuando estaban en la oposición.
Sin embargo, así lo contempla el informe sobre el proyecto de decreto de troncalidad y catálogo de especialidades presentado por el Ministerio de Sanidad a los consejeros del ramo —aunque los técnicos de las CC.AA. ya lo conocían— durante el tercer Consejo Interterritorial de la ‘era Mato’, en el que ésta afirmó haber puesto fin a la primera fase de una reforma sanitaria que deja en el tejado de las comunidades la puesta en marcha de las medidas contempladas, aunque las relacionadas con los recursos humanos apenas tuvieron cabida durante un encuentro en el que la revisión del Nomenclátor de medicamentos y el nuevo sistema de participación del usuario en el pago de estos acapararon prácticamente todo el debate.
Desfinanciación
Unas horas después de que se constituyera en el Congreso la subcomisión para analizar la sostenibilidad del sistema, la ministra y la mayoría de los consejeros acordaron la desfinanciación de 426 fármacos de “baja utilidad terapéutica” e indicados para “síntomas menores” que, según Mato, posiblemente entrará en vigor a principios de agosto y sólo contemplará como posibles excepciones “los enfermos crónicos” y las “necesidades médicas”, algo que ha defendido el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, recordando que, en ciertos casos, algunos de estos síntomas pueden estar asociados a patologías concretas.
Romero ha matizado que, en cualquier caso, hay enfermedades en las que será necesario seguir prescribiendo fármacos incluidos en la lista, estén o no financiados, como mucolíticos indicados para la bronquiectasia o para la EPOC, laxantes de utilidad en pacientes con patologías neurológicas o para el tratamiento de efectos secundarios de medicamentos. En su opinión, también se puede dar la situación de que el paciente inste al médico a que le recete algún fármaco “semejante” pero que esté financiado, lo que puede producir un efecto paradójico, que aumente el gasto en una primera etapa tras la implantación.
En la misma línea, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, mostró su preocupación por la posibilidad de que se excluyan grupos terapéuticos completos, algo que producirá problemas de salud, y también por el aumento de precios, lo que supondría un “doble coste” para el ciudadano. Tampoco entiende que la exclusión de fármacos para “síntomas menores” se haga en confrontación con la inclusión de otros innovadores para tratamientos graves ya que el SNS es un sistema “integral” que además se enfrenta al reto de la cronicidad. Por todo ello, su departamento ha pedido a un grupo de expertos que estudie el ahorro real que va a suponer esta medida y sus efectos sobre la salud, matizando que esta relación de fármacos debería haberse elaborado según criterios profesionales.
Discrepancias
Tanto Montero —que calificó este Interterritorial de “mero trámite burocrático”— como sus homólogos del País Vasco, Rafael Bengoa, y de Cataluña, Boi Ruiz, aseguraron desconocer esta propuesta, pese a que el castellano-manchego, José Ignacio Echániz, explicó que los grupos de trabajo se han reunido en más de 110 ocasiones y que todas las comunidades han mandado listados de medicamentos a través de sus Comisiones de Farmacia. Mato, por su parte, defendió el consenso casi total sobre esta primera revisión del Nomenclátor de los últimos 15 años con la que su departamento pretende conseguir un ahorro de 458 millones de euros y afirmó haber contado con las propuestas de las autonomías —aquellos grupos en los que coincidieron al menos tres CC.AA. se incorporaron al listado final—, comprometiéndose a vigilar que no se produzca una subida excesiva de precios.
Un control que para Rafael García Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) no será necesario, ya que el propio mercado “realiza ese control” y en ocasiones anteriores con amplias desfinanciaciones “no se han producido subidas de precios significativas”. No obstante, mientras que no se establezca el mecanismo de fijación de precio para los medicamentos no financiados, este seguirá siendo libre.
“Las excepciones del listado pueden ser las patologías crónicas y las necesidades médicas”
El ministerio se ha comprometido a vigilar que no se produzca una subida de precios”
