La creación de un plan oncológico nacional con un fondo central asociado es solo una de las 21 medidas propuestas en el informe final del grupo de trabajo de la Alianza General de Pacientes (AGP) que ha estudiado la equidad en el acceso a los tratamientos oncológicos.
Varios trabajos recientes constatan las grandes diferencias en la mortalidad por cáncer en función de la zona de residencia en nuestro país, un dato que, según el informe de la AGP, no sólo alerta sobre determinadas pautas de comportamiento que pudieran favorecer el desarrollo de esta enfermedad, sino también sobre diferencias en su abordaje y en los resultados de su terapéutica.
Sin embargo, pocos estudios hasta la fecha aportan una batería de propuestas para solucionar estos problemas de equidad tan detallada como la planteada por el grupo de trabajo de la alianza (ver cuadro), cuyo panel de expertos ha estado integrado por Eduardo Díaz-Rubio, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico, José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y por parte de la AGP, Ángel Gil, Comisionado para la Equidad de la Alianza, y su presidente, Alejandro Toledo. Además, en la elaboración de la versión final de este documento se ha contado con la visión de los miembros de la AGP del ámbito oncológico, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y la Federación Española de Cáncer de Mama.
IPTs con carácter definitivo
Entre otros puntos, el documento subraya la necesidad de que los informes de posicionamiento terapéutico (IPTs), realizados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, tengan carácter definitivo en todas las comunidades autónomas, evitando la revaluación de los fármacos. En realidad, destacan los expertos, estos informes no agilizan la prescripción ni aportan homogeneidad a nivel nacional, sino que se están registrando revaluaciones de las fichas técnicas por parte de las comunidades autónomas. Esta práctica, denuncian, infringe la ley, ya que las agencias evaluadoras son las únicas entidades con competencia para ello, y lo que es más, se echa en falta la participación de perfiles profesionalizados a la hora de realizar estas revisiones.
En la misma línea, el documento reclama una mayor participación de las asociaciones de pacientes en la redacción de estos informes, pero desde una perspectiva profesionalizada. No en vano, a día de hoy los IPTs son elaborados por grupos de expertos entre los que figuran representantes de las agencias evaluadoras, técnicos y responsables de las comunidades autónomas. Tan solo en la fase final el documento se abre a las aportaciones de las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, aunque la decisión última siempre corresponde al Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico.
El trabajo del grupo de expertos ha analizado las previsiones sobre la evolución de la epidemiología del cáncer en nuestro país. Según el informe Globocan 2012, en este año se registraron 215.534 casos y la Sociedad Española de Oncología Médica estima que en 2015 se producirán 108.390 muertes por esta causa. Además, Globocan 2012 constata que la mayor incidencia corresponde a mama, próstata, colorrectal y pulmón. Para profundizar en el acceso a los tratamientos en dos de ellos, próstata y colorrectal, la AGP ha iniciado un estudio de inequidad por parte del comisionado.
Por otro lado, se han revisado las diferencias asistenciales no solo entre comunidades autónomas, sino también entre hospitales. Diferencias que dependen de los responsables de las jefaturas de los servicios de oncología y farmacia y la dirección médica o gerencia de cada centro hospitalario.
Sobre este asunto, los especialistas coinciden en que es necesario publicar los datos que reflejen la eficiencia con el consumo de medicamentos por hospitales y comunidades autónomas con el objetivo de conocer los resultados en salud y diseñar la estrategia nacional demandada en el marco de un proceso transparente.
Restricciones presupuestarias
No hay que olvidar que los fármacos oncológicos son el primer grupo terapéutico en consumo hospitalario, de ahí que, tal y como advierten los expertos, las restricciones presupuestarias puedan llevar a una situación de infrautilización.
Las revisiones de los informes mencionadas anteriormente constituyen, para los autores de este trabajo, las causas principales de esta situación, estableciendo nuevas barreras de acceso que retrasan la aplicación de algunos tratamientos hasta en dos años, cuando el tiempo resulta especialmente crítico para los pacientes oncológicos.
Junto a estas barreras, los especialistas consideran que la falta de equidad en el acceso a los tratamientos se debe a las diferencias presupuestarias en las diferentes comunidades autónomas, lo que explica el retraso en la incorporación de los nuevos fármacos.
Para asegurar la financiación de las innovaciones terapéuticas en este campo, el grupo de trabajo de la AGP defiende la creación de un fondo centralizado de innovación, así como la adopción de medidas de acceso rápido o la creación de registros de supervivencia. En la misma línea, proponen dar prioridad a los fármacos first in class, revisar los resultados en función de la eficacia y regular la entrada y salida de medicamentos, patentes, biosimilares, etc.
De cara a la evaluación económica de los medicamentos en oncología, otro de los aspectos revisados por el panel de expertos de la AGP, el documento defiende que se ha de fijar un presupuesto “realista” destinado a sanidad y sobre este tomar medidas para la incorporación de nuevos tratamientos. El criterio de priorización debe ser, en opinión del grupo de trabajo, el beneficio que aporta al paciente y el valor terapéutico añadido.
El informe revisa
las diferencias asistenciales
no solo entre comunidades autónomas, sino entre centros
Proponen la participación “profesionalizada” de
los pacientes en el proceso
de redacción de los IPTs
