El CI medirá el impacto del recorte del Gobierno

Queda la duda de si alguna de las iniciativas previstas se habrían anticipado ya en el plan de choque para reducir el déficit público aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, en el que también se dio el visto bueno a modificaciones de los acuerdos con las comunidades para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Lo que sí está claro es que las regiones tendrán que preparar nuevos ajustes para ahorrar 1.200 millones de euros más, aparte de los 10.000 millones que recortarán en los próximos tres años, y que la sanidad vuelve a estar en el punto de mira, a pesar de que los consejeros del ramo insisten en que hay poco margen para el ahorro.

Las presiones también llegan de fuera. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s traslada ahora a los gobiernos regionales la responsabilidad de tranquilizar a los mercados. Exige “recortes inmediatos” para evitar que las comunidades autónomas alcancen un déficit del 20 por ciento después de inversiones de los ingresos totales y recuerda que el 70 por ciento de la factura está ligado a servicios básicos, entre ellos la sanidad. Un ámbito en el que también propone recortes el Fondo Monetario Internacional, que ha lanzado su advertencia a España: hay que estabilizar el gasto público en salud reduciendo, si fuera preciso, la cobertura.

Con este panorama, consejeros y ministra analizarán el impacto en el sector sanitario de las medidas de ajuste del Gobierno. Los responsables de Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra ya expresaron la semana pasada su descontento con el plan de austeridad en una mesa sobre financiación y sostenibilidad en la jornada “Reflexión sobre el presente y futuro de los sistemas universales de salud”, organizada por la Fundación Bamberg y la compañía farmacéutica Lilly. No ven con buenos ojos el mensaje que subyace que exige que se aprieten el cinturón para solventar un déficit que va en aumento y pone en peligro la sostenibilidad del sistema.

Por otra parte, nadie descarta, ni admite, que su cartera vaya a sufrir nuevos recortes tras la exigencia de ahorro de 1.200 millones de euros mencionada. En declaraciones a GM, la consejera de Navarra, María Kutz, asegura que no va a consentir que las medidas afecten a la calidad de la asistencia. Las líneas estratégicas de su comunidad abogan por aumentar la prescripción de genéricos y controlar el gasto en personal.

Manuel Cervera, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ha asegurado a este periódico que espera que el Gobierno explique “de dónde quiere sacar el dinero para ese tipo de ahorro”, cuando las comunidades en sanidad están haciendo un trabajo muy eficiente. Algo que tampoco entiende la consejera canaria, Mercedes Roldós, que insiste en que las comunidades ya llevan tiempo conteniendo el gasto público y no pueden pagar “el despilfarro de Zapatero”.