Gabriel del Pozo, secretario general de CESM.

El Real Decreto 29/2020 aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros, que abre las puertas a la contratación de profesionales extracomunitarios y a la movilidad de los profesionales, entre otros muchos puntos, ha sido “la llama” que ha prendido una mecha que lleva gestándose más de una década, con recortes y promesas incumplidas, según denuncia el colectivo desde hace tiempo.

Es la reflexión de Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha confirmado a GACETA MÉDICA que la huelga nacional que planeaba en el ambiente hace unos días ya tiene fecha. “No queremos llegar a ella, pero tiene fecha, el Comité Ejecutivo ha decidido hacerlo el martes 27 de octubre”, anuncia el portavoz.

Se mantendrá, además, de forma indefinida el último martes de cada mes en función de la evolución del problema.

Una llamada de atención

Es una llamada de atención que no queremos llegar a hacer. Queremos abrir el diálogo, buscar soluciones con un calendario real que ponga fin a los problemas”, sentencia.

En la línea del resto de entidades que representan a los profesionales, CESM ha reclamado al Ministerio de Sanidad por activa y por pasiva la retirada de un texto que, en su opinión, desmantela por completo la profesión. Remarcan también que no es de obligado cumplimiento y algunas comunidades han planteado ya que no lo aplicarán.


“Debe ser que los médicos no somos parte importante de las soluciones para el problema de la pandemia. La situación es grave”

Pero más allá del alcance concreto de estas medidas, que, como indica el portavoz del sindicato, no dejan de ser la gota que colma el vaso, lo que molesta profundamente a los portavoces del sector es la falta absoluta de diálogo en un contexto en el que a los médicos se les exige más que nunca, por las propias circunstancias de esta crisis sanitaria.

“Se nos ha ninguneado continuamente desde hace mucho tiempo”, advierte. A esto se suma que durante toda la pandemia, denuncia, “el ministerio ha hecho oídos sordos al sector”. “Se han intentado abrir todas las vías de diálogo. Se les han mandado mil cartas, en su nombre y el de varios foros sin recibir una respuesta que lo solucione”, subraya.

Varios intentos

El último intento de diálogo se abrió esta misma semana, con una nueva carta al ministerio advirtiendo a Sanidad de que les obligarán finalmente a ir al conflicto. Otra de sus misivas, remitida hace ya un mes, recibió como respuesta hace quince días que el titular de Sanidad estaba muy ocupado y se pondría en contacto con ellos la nueva secretaria general, según relata el portavoz, que añade que a día de hoy, siguen esperando una fecha para la reunión.

“Debe ser que los médicos no somos parte importante de las soluciones para el problema de la pandemia. Nos parece que la situación es lo bastante grave como para que aún no hayan encontrado el momento”, esboza.

Un parche, no una solución

Según su análisis, el real decreto aprobado solo trata de poner ante los usuarios una persona que pueda atenderles. “Buscan que haya alguien ahí sin más, pero eso no resuelve el problema”. No puede ser que la solución sea poner un profesional que no reúne los requisitos que establece la Unión Europea o nuestro país. “Lo que hacemos es denigrar la profesión. Es un ataque directo a la profesión médica. Es un parche y no una solución”, denuncia.

Respecto a la movilidad, insiste en que no se respeta a los profesionales. “¿Se van a llevar a un dermatólogo a primaria a ver COVID-19? No tiene mucho sentido…”, advierte.

“Si no hacen nada por remediarlo, nos obligarán a convocar una huelga por y para los usuarios, en defensa de la calidad de la asistencia y de la seguridad. Estamos peleando por mantener la calidad y evitar la degradación que plantea la Administración“, concluye.


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