El Sistema Nacional de Salud va a estrenar el primer fármaco de investigación y desarrollo público. Este hito fue el protagonista del Consejo Interterritorial del pasado 14 de octubre —como ya lo fue una semana antes en la Comisión Delegada— pero las luces se entremezclaron con las sombras. Todas y cada una de las comunidades autónomas felicitaron a Madrid por el logro conseguido pero también aprovecharon el foro para criticar que, una vez más, la cartera de servicios se amplía sin contar con una ayuda financiera extra para aliviar las tensiones económicas regionales. El precio del NC1 —último paso para que pueda empezar a usarse a nivel estatal— se decidirá en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial tras una primera oferta que tendrá que lanzar la Comunidad de Madrid.
Pero, ¿realmente es una amenaza para las cuentas públicas la inclusión de este medicamento? La respuesta es negativa pero también es cierto que llueve sobre mojado porque las comunidades llevan mucho tiempo solicitando ocupar espacios de decisión para la ampliación de la cartera de servicios. Dos de los consejeros más beligerantes con la financiación fueron los de Galicia y Andalucía. El primero de ellos, Jesús Vázquez Almuiña, aseveró en uno de los entreactos del Consejo Interterritorial que “es una buena noticia pero no estamos de acuerdo en que la financiación sea comunidad a comunidad. Nos gustaría que el Ministerio apoyase con una línea de financiación”. De igual forma se expresó el cordobés Jesús Aguirre, que además extendió su crítica sobre otro de los puntos del orden del día aprobados en el cónclave autonómico: el Plan de Alzheimer. “Todo llega sin memoria económica y estaría bien que el Ministerio hiciera los deberes y nos informase del impacto de cada una de las medidas”, aseveró.
Las protestas de los consejeros tuvieron una de las respuestas más claras que se le han escuchado a una ministra o ministro de Sanidad en los últimos años. María Luisa Carcedo no echó balones fuera ni usó el comodín del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Simplemente les dijo a los consejeros sanitarios que buscaran la fórmula para hacer lo que les corresponde por ley. “Las comunidades reciben una cuantía para financiar sus competencias. En lo que afecta a la sanidad se establecieron unas restricciones pero actualmente no hay ya restricciones. Son los parlamentos autonómicos los que aprueban los presupuestos y efectivamente tienen que financiar la cartera básica de servicios. Sería extraño que una parte de cartera la financiera la administración general del Estado”, explicó. La explicación, por otro lado, no quita para que el sistema de financiación requiera de una modificación urgente para no ahogar a las comunidades.
Más allá del hito que supone el NC1, el Consejo Interterritorial también debatió puntos de interés que urgen solucionar. El que tiene mayor premura es el abordaje del Brexit. El temor de las comunidades autónomas, encabezadas por Baleares y Comunidad Valenciana, es qué pasará el 1 de noviembre tanto con los ciudadanos británicos que se encuentran en España como con los españoles que estén en tierras inglesas. Las dudas expresadas al comienzo del Interterritorial fueron disipadas en parte por el Ministerio pero todavía quedan sobre la mesa muchos aspectos que engrasar.
Para entender bien el problema hay que remontarse a la prohibición de la Unión Europea a los estados miembro a realizar acuerdos bilaterales con Reino Unido mientras que duren las negociaciones para el Brexit. Esto ha provocado que la asistencia sanitaria en España no se haya podido solventar aún y la preocupación de las comunidades radica en saber a quien les deben facturar. “En la última legislatura hemos podido incrementar la financiación a terceros, que es la única vía que tenemos de financiación externa aparte de la aportación de la comunidad autónoma. Y conseguimos un incremento del 40 por ciento que suponen muchos millones. Hemos aumentado de 13 a 16 millones los turistas que nos visitan y en torno al 35 por ciento son británicos”, aseguraba la consejera balear, Patricia Gómez.
La ministra de Sanidad ofreció a las comunidades autónomas, como solución parcial, constituir una comisión de seguimiento para coordinar y solventar el posible caos que se pudiera originar el 1 de noviembre. Además de representantes ministeriales, tres comunidades formarán parte de este grupo de trabajo: Madrid, Extremadura y Comunidad Valenciana.
La presentación de Valtermed
Otro de los puntos del día del Consejo Interterritorial fue la presentación de Valtermed, una plataforma de seguimiento en vida real de los resultados en salud de las innovaciones farmacéuticas. El Ministerio les explicó a las comunidades autónomas el funcionamiento de la herramienta y les emplazó al 22 de octubre para una ‘presentación oficial’. Recientemente, la herramienta ministerial ha superado con éxito su primera prueba técnica y ya se confirmó que se estrenará con los medicamentos CAR-T. Las comunidades recibieron positivamente las informaciones que les trasladó tanto Carcedo como la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Patricia Lacruz, si bien las alabanzas también se mezclaron con la cautela y todas ellas esperarán a la cita del 22 de octubre para confirmar el potencial que pueda tener Valtermed.
El Real Decreto de Especialidades afronta su recta final de alegaciones autonómicas
El orden del día del Consejo Interterritorial contenía la aprobación de la especialidad de medicina forense pero fue la única mención del cónclave autonómico a un asunto, el del reconocimiento de especialidades, que mantiene en vilo a la comunidad médica. Sin embargo, según pudo saber GACETA MÉDICA a través de fuentes ministeriales, las alegaciones de las comunidades autónomas al borrador de Real Decreto están en su fase final. “Siguen trabajando en el e-room que pusimos a su disposición pero ya a finales de este mes se reunirán con la Dirección General de Ordenación Profesional para pulir el texto final”, afirman estas fuentes. Hasta el momento ha habido muchas comunidades autónomas que han expresado sus dudas a algunos de los aspectos del borrador de Real Decreto. La crítica principal estriba en no ahondar entre las diferencias autonómicas, ya que no todas tienen la misma capacidad para ofertar una formación específica. “Se escuchará a todos pero el deber que tiene la Administración General, en este caso el Ministerio de Sanidad, es el de legislar y así lo hará cuando se hayan superado todos los puntos”, añaden estas fuentes.
Las críticas al borrador también se han producido desde el ámbito médico. De hecho, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ya le solicitó al Ministerio que el Real Decreto se reelaborara desde el principio y que tuvieran en cuanta su aportación en tanto en cuanto son los principales afectados.
