El Gobierno ha hecho pública la hoja de ruta para el presente año tras conseguir la validación correspondiente del Consejo de Ministros. Como sucede cada curso, el Plan anual normativo del Ejecutivo, en este caso el correspondiente a 2023, tiene un apartado propio sobre las principales políticas a desarrollar por parte del Ministerio de Sanidad. Así, se destaca la continuidad del trabajo en la modificación de la Ley 55/2003, de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Tal y como se explica en el documento, la intención es que el departamento continúe los trabajos con respecto a la norma básica que recoge todos los temas relacionados con los Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Fue en julio del pasado año cuando arrancó este proceso, momento en que el cónclave de titulares del Gobierno dio luz verde al RD que recogía esta reforma del Estatuto Marco para hacer frente a la temporalidad.
Entre las ‘tareas’ sobre las que apunta Sanidad, figura la actualización de la regulación referida a materias tales como igualdad entre mujeres y hombres, respeto por la diversidad, y conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Del mismo modo, el texto del Plan normativo detalla que el contenido del Estatuto Marco será adaptados “a nuevos derechos y se mejorará la regulación de determinadas materias a la vista de la experiencia recabada desde la vigencia de la norma que se modifica”.
El documento publicado por Moncloa no especifica si finalmente si la citada reforma legislativa supondrá la creación de un Estatuto propio, tal y como se viene demandando la profesión. De hecho, refieren en otro apartado que Hacienda desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado como parte de su Ley de función pública, sin entrar en más detalle.
Agencia de Salud Pública y Ley del Medicamento
En clave 2023 se recoge el guante de algunos aspectos que todavía buscan mayor concreción. Entre ellos se sitúa la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Prevista su materialización desde 2011, su llegada viene tomando forma desde su abordaje en la Comisión de Reconstrucción. En septiembre del año pasado, Sanidad publicó también el anteproyecto de Ley que contempla su creación.
En otro punto, el Gobierno sitúa de nuevo —ya aparecía en el Plan normativo de 2022— la modificación de la Ley de Garantías, conocida como Ley del Medicamento. Como parte de la misma, explican su objetivo de actualizar el texto refundido “a las exigencias y avances comunitarios e internacionales surgidos en los últimos años desde la aprobación de la ley”.
La revisión de la Ley de Garantías prevé incorporar nuevas perspectivas relacionadas con la financiación pública de medicamentos
Para ello prevén revisar su articulado “en determinados aspectos que se consideran necesarios dada la experiencia acumulada durante su vigencia y optimizar la actividad de gestión administrativa que configura”. “Igualmente, se deben abordar modificaciones, así como incorporaciones de nuevas perspectivas relacionadas con la financiación pública de los medicamentos, uso racional de los mismos y estructuras de los órganos de gobernanza”, añaden.
Reales decretos
El Plan normativo del presente año lista también una serie de reales decreto en distintas parcelas de la sanidad. Uno de ellos vendría a crear y regular la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y de los Laboratorios Nacionales de Referencia para la misma.
Por su parte, se prevé diseñar un RD para regular la financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS. Entre otros aspectos, tendrá como cometido abordar la financiación de fármacos disponibles en situaciones especiales, así como la oferta y exclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica del sistema sanitario; además, mencionan el desarrollo de un aspecto que capitulan como “sistemas de información de suministro de medicamentos y de seguimiento de su financiación en el SNS”.
En última instancia, Sanidad elaborará una norma del mismo tipo de rango para regular la evaluación de tecnologías sanitarias. Para este proceso ambicionan así “reglamentar un sistema independiente, transparente y participativo”, tal y como explica el documento.
