Ya lo venían advirtiendo y así ha sucedido. Algunas de las organizaciones sindicales que integran el Ámbito de Negociación recurrirán ante la Audiencia Nacional en primer lugar, y después ante el Supremo, los acuerdos aprobados en los foros profesionales de médicos y enfermeros. En concreto, CC.OO., UGT y CSI-F judicializarán el decreto de las unidades de gestión clínica y de prescripción enfermera que en el último Consejo Interterritorial el ministro Alfonso Alonso presentó a las comunidades autónomas.
Las centrales consideran que “el ministerio de Sanidad ha vulnerado la Ley Orgánica de Libertad Sindical”, al no haber metido en el orden del día de la negociación estos asuntos . “Al ministro no le interesa ponerse en contacto con nosotros, a pesar de nuestras continuas peticiones”, explicó el presidente de Sanidad de CSI-F, Fernando Molina.
El primer paso será una queja ante el Defensor del Pueblo que con toda probabilidad se llevará a cabo la semana que viene. Mientras, los servicios jurídicos de las organizaciones estudian el tipo de recurso que interpondrán ante la justicia en un plazo de tres semanas. En este sentido, Antonio Cabrera,secretario general de la FSS-CC.OO., ha avisado de que si Alonso no les reúne en un plazo de 15 días llevarán a cabo el calendario de movilizaciones.
Del mismo modo, los sindicatos insistieron en que “ni el Foro de la Profesión Médica ni la Mesa Estatal de Enfermería tienen capacidad negociadora”, advirtió Cabrera. Una afirmación que recogió Pilar Navarro, secretaria del Sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, al incidir en la legitimidad que tienen a la hora de representar a los trabajadores.
Sin documentos
Además de que tanto el decreto de gestión clínica como la prescripción enfermera son asuntos que no han pasado por la negociación colectiva, los sindicatos advierten de que en el caso de la normativa de las unidades de gestión clínica ni siquieran han visto el documento. Un texto que está pendiente de elaborar el ministerio para darle forma de real decreto y sin embargo, ya ha sido presentado antes a las comunidades autónomas. En este punto, las organizaciones critican y dudan de que las administraciones lo hayan aprobado.
En cuanto a la indicación enfermera, las tres organizaciones aseguran que el proyecto de real decreto es inconcreto y además consideran que los enfermeros pierden competencias con esta normativa, con respecto a otras comunidades donde la receta enfermera ya está implantada. En este sentido, no entienden la nueva acreditación en farmacología que exige la normativa para prescribir, si estas competencias las adquieren las enfermeras durante el grado. Las centrales lamentan que se haya llegado a esta situación de polémica con la indicación enfermera, “cuando se podría haber aprobado con pleno consenso”, explica Cabrera.
Con todo, la Audiencia Nacional desestimó los recursos que estos mismos sindicatos presentaron ante el Supremo sobre los pactos acordados entre el Gobierno y el Foro de la Profesión Médica y Enfermera alegando la invasión de competencias sindicales y ahora, “con las pruebas en la mano”, asegura Navarro, volverán a los juzgados para reafirmarse en la misma cuestión.
