Ahora que está tan de moda denostarla, voy a nadar una vez más contracorriente para defenderla y elogiarla. La externalización de la gestión sanitaria no es un capricho de los políticos, un contubernio con las empresas adjudicatarias prestadoras de los servicios, ni un agujero por el que consejeros y altos cargos dejan escapar el dinero público a cambio de encontrar acomodo laboral al término de sus mandatos. Es una necesidad imperiosa que se ha visto realzada con la cruda crisis económica. Puede que no se percibiera así cuando el modelo Alcira aterrizó en Valencia, en el último lustro de los noventa. Tampoco cuando, allá por 2007, Valdemoro y Torrejón de Ardoz echaban sus raíces. Pero la avalancha de datos económicos negativos que llegó a partir de entonces viene a certificarlo.
España no tiene dinero para pagar la Sanidad. Así de claro. O se racionaliza la gestión de hospitales y centros de salud y se les imprimen mecanismos empresariales de eficiencia para su funcionamiento, o el sistema explota, porque las leyes que lo rigen están ancladas en el pasado, son obsoletas y el juego de intereses creados impide renovarlas. Es lo que hay. No lo digo yo. Lo dicen los expertos, los economistas y los propios gestores del sistema público, desesperados por tener que trabajar atados de pies y manos cuando podrían hacerlo libremente, sin frenos ni cortapisas. No. No hay un euro para incorporar las nuevas medicinas al sistema. Ni para pagar a los proveedores en tiempo y forma. Ni para sufragar las nóminas. No digamos ya para sufragar las cuantiosas bajas laborales del sector público y sus sustituciones. Siento ser apocalíptico, pero es lo que hay. Tampoco hay dinero para construir nuevos centros. Si tiene que haberlos, deberá darse entrada en el sistema a la iniciativa privada o no los habrá. La vida es así. Los que prefieran un solar desolado lleno de cardos en Valdemoro en vez de un hospital, que lo digan, pero las arcas públicas no habrían tenido fondos suficientes para levantar el edificio que hoy presta asistencia en la población madrileña. Y, por cierto, la presta muy bien. Traigo todo esto a colación por la investigación que ha decidido emprender el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid sobre el proceso de externalización —no privatización— iniciado por la Comunidad de Madrid en 2003.
Guiado tal vez por la marea blanca, el juez ha citado a declarar a nueve personas clave en esta externalización. Resulta curioso que, a diferencia de lo que ocurrió en Islandia, la Justicia española se olvide de sentar en el banquillo a los que llevaron al país a la quiebra más absoluta o a los que, con su pasividad, dejaron la Sanidad en el estado en el que se encuentra, vacía y sin recursos. Más paradójico aún resulta que se obceque ahora con los que pusieron medios para salvaguardarla, aunque fuera buscando el auxilio de la iniciativa privada. La citación de Lamela, Güemes o Burgueño equivale a castigar al que inyecta el antídoto a un enfermo frente al que le inoculó el veneno. Triste país en el que vivimos.
Lo siento, yo soy de la pública. No he pisado un centro privado en la vida y me declaro enamorado de hospitales como el Clínico o el Doce de Octubre de Madrid. Soy sabedor, sin embargo, de que los recursos son escasos y la demanda infinita. También de que la gestión empresarial ahorra costes y pule ineficiencias. ¿Por qué no se persigue al que mira para otro lado mientras el dinero de todos se dilapida a raudales?
¿Qué alto cargo de Madrid tiene a sus hijos en paro, víctima de la satanización de la externalización sanitaria?
¿Qué psiquiatra del Hospital Clínico abrió su consulta un domingo para intentar convencer a un cura? ¿De qué?
¿Qué ilustre representante del sector médico lleva más de un mes desaparecido y no le coge a nadie el teléfono?
¿Qué consejero de Salud se quedó a cuadros cuando el presidente de una sociedad científica le pidió ayuda para sus investigaciones personales?
¿Por qué tarda tanto el PP en poner en marcha la maquinaria para defender la externalización de la gestión y a los que la impulsaron?
