sostenibilidad/ Ante la urgencia de acometer reformas estructurales un nuevo copago sanitario acapara el discurso de políticos y profesionales
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Si hay algo que caracteriza al copago de medicamentos en la UE es su enorme heterogeneidad. Así lo pone de manifiesto un estudio editado por la Junta de Andalucía que considera el español “muy susceptible de ser mejorado”. La razón, según sus autores, es que pese a no presentar grandes requerimientos informativos y ser sencillo de gestionar, “carece de buenas propiedades”, tanto de eficiencia como de equidad.
La clave parece estar en las variables que se utilicen para calcular el valor de la aportación de los ciudadanos. En Europa los sistemas son relativamente sencillos. España es un buen ejemplo en cuanto a pocas variables. En el extremo opuesto estaría Bélgica. Allí, el copago varía en función de la renta y de la relevancia del medicamento: fármacos ‘vitales’ son dispensados sin copago, mientras que otros pueden tener un copago de hasta el 80 por ciento. Pero ni el belga, tal y como está diseñado, es cien por cien justo. Plantea un problema especialmente relevante en el caso de pacientes graves y con posibilidades limitadas de curación con el arsenal terapéutico disponible. La cuestión es: si los tratamientos existentes para combatir una enfermedad no son muy eficaces, ¿por qué deberían esos pacientes enfrentarse a copagos mayores? Los autores defienden en este caso un copago como el danés, que incorpora una cláusula de gratuidad para pacientes con situaciones médicas irreversibles.
¿Hay entonces un copago farmacéutico ideal? Para los autores del estudio, investigadores de la Universidad Pablo de Olavide, es aquel que incorpora mucha información, de manera que permite “personalizar” los niveles de copago para los pacientes en función de sus características personales (socio-económicas), el tipo de enfermedad y el fármaco que requieren.
Como contrapartida, este copago complicaría la gestión del sistema y haría necesario un uso intensivo de las tecnologías de la información. Además, la controversia social que genera hace que una reforma sea, para los autores, “poco previsible” a corto plazo. Preguntada sobre el estudio, la propia consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, ha respondido que el copago no reduce consumos innecesarios, crea inequidades y abre la puerta a una nueva burocracia.
josé García
Madrid
A pesar de que el Ministerio de Sanidad y Política Social hasta ahora ha descartado de forma tajante el establecimiento de un copago sanitario —aunque Trinidad Jiménez ya habla de “algún tipo de tasa” para disuadir a la gente de que vaya a los centros de salud cuando no haga falta—, la crítica coyuntura económica, en plena oleada de recortes, reformas y planes de ajuste, puede obligar a ello. De hecho, políticos, profesionales y empresarios del sector sanitario son conscientes y así lo plasmaron la semana pasada en el debate que organizó la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) bajo el título “España ante el reto de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Ante la urgencia de acometer medidas estructurales, la sombra de un nuevo copago sanitario —el farmacéutico existe desde hace décadas en España— es cada vez más nítida en el SNS.
A pesar de que Alberto Fidalgo, portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, sostuvo que el Gobierno “no contempla el copago porque antes habrá que definir qué es”, muchas son las voces que instan a poner el tema sobre la mesa. Concepciò Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU en la Cámara Baja, es una de ellas. “Hay que sentarse y hablar claramente sobre el copago”, dijo, y se mostró partidaria de reformular el copago farmacéutico actual. “Es el Gobierno quien debe hacerlo”, espetó. Además, planteó estudiar nuevas modalidades como gravar a los extranjeros que vienen a España a operarse, la parte de restauración hospitalaria o el mal uso de las urgencias.
Ahora bien, la sensación de indefinición cuando se habla de copago es palpable en el sector. Tanto Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, como Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), reclamaron a la cúpula política que les expliquen a qué se refieren cuando hablan de copago para poder opinar. Con todo, González Jurado sí ve real el copago y Alfonsel se mostró favorable del copago disuasorio, pero no recaudatorio. “Aún así, habría que analizarlo”, matizó. Para Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), el copago sólo es una fórmula, “pero hoy otros elementos”. Julio Sánchez Fierro, diputado del PP en la Comisión de Sanidad, aclaró que el copago no es ningún sistema de financiación de la sanidad y se mostró crítico con los globos sonda que lanza el Gobierno.
Hoja de ruta insuficiente
Además del copago, tema recurrente durante el debate, políticos y representantes de los profesionales y los empresarios reflexionaron sobre las medidas de recorte propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Consejo Interterritorial. Fidalgo las calificó de “una buena hoja de ruta” para los próximos dos años, acordada por el ministerio y las autonomías, que si se es capaz de desarrollar será un factor de estabilidad en el SNS. El diputado socialista circunscribió estas medidas en un contexto de crisis mundial. “No somos conscientes de ello, pero nos jugamos un cambio de modelo a nivel mundial”, señaló y dijo que la sostenibilidad depende de la confianza en el sistema y la voluntad política.
Sánchez Fierro, por su parte, recriminó limitar la sostenibilidad a “tres tijeretazos” ya que no es un problema de coyuntura económica sino de estructura. Y así marcó tres ejes: garantizar la universalidad, la financiación (con un debate sobre si debe ser finalista o no), y la eficiencia en la gestión, “que no puede reducirse a un recorte del gasto farmacéutico, la unidosis y una central de compras”. Las recetas para el diputado popular: voluntad política, liderazgo, realismo en cuanto a la universalidad y propuestas más serias, como establecer un continuo asistencial, dotar de mayor protagonismo a la atención primaria y la enfermería, o modelos público-privados de apoyo mutuo.
Por su parte, Tarruella calificó las medidas del Gobierno de “insuficientes” para garantizar la sostenibilidad y tachó de “inaceptables” aquellas que afectan tanto a la industria farmacéutica como a las oficinas de farmacia. La portavoz de CiU, además, criticó el parón que va a sufrir la Ley de Dependencia y se mostró partidaria de corregir “el uso y abuso” del sistema sanitario con formación para los usuarios y un replanteamiento del rol profesional.
De opinión similar es González Jurado. Tras mostrar el rechazo de la profesión que representa a las medidas del Gobierno y cuestionar su credibilidad, el presidente del CGE instó a atajar la gestión insuficiente de los recursos, implementar políticas de calidad, unificar la información de los sistemas, ser más eficientes, controlar el gasto, debatir fórmulas de gestión innovadoras, cambiar la política de recursos humanos con el modelo más medicalizado de Europa (registro y recertificación profesional) y unificar la cartera de servicios en todo el SNS.
Los profesionales de atención primaria, en boca de Zarco, también son críticos con las medidas del Gobierno y creen que el sistema sanitario no es sostenible. Según Zarco, el paradigma social ha cambiado con un envejecimiento y una medicalización de la población, cronificación de enfermedades, nuevos flujos migratorios, turismo sanitario y una eclosión de sistemas de información que han contribuido a aumentar el gasto. Por tanto, apostó por un modelo de diversificación que adecúe la demanda concreta a la población, redefinición de roles, la participación activa del paciente en la toma de decisiones, la integración real de primaria y especializada, la gestión compartida y de procesos, y nuevas formas jurídicas y organizativas.
Consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de las medidas, Alfonsel indicó que son “desproporcionadas, economicistas y coyunturales”, que originarán pérdida de empleo y la no incorporación de ningún producto innovador, y planteó la necesidad de un gran Pacto de Estado por la Sanidad, similar al de Toledo, pero no el que se está fraguando, que muchos, entre ellos Tarruella, consideran abocado al fracaso. Además, todos pidieron participar en esa hoja de ruta del Gobierno.
