Hasta la fecha, tan solo Cataluña y País Vasco han integrado en sus sistemas de salud la sanidad penitenciaria. Este mandato, que establecía la Ley de Cohesión y Sanidad de 2003, para lo cual daba un plazo de 18 meses, lleva nada menos que 16 años de retraso en la mayor parte del territorio nacional.
Así lo ha recordado este jueves el presidente de Cesida, Ramón Espacio, durante la jornada “La sanidad penitenciaria en tiempo de pandemias”, en la que han vuelto a reclamar que se haga efectivo.
“16 años de incumplimiento de un mandato legal es demasiado. El Gobierno dice que son las comunidades autónomas las que no quieren, las comunidades, que la partida presupuestaria que se les ofrece es insuficiente… La sanidad penitenciaria está lanzando un SOS y no nos podemos permitir otros 16 años de espera. Si las trasferencias no van a ser posibles, habría que ir buscando una alternativa”, expuso.
Como respuesta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que se “está involucrando de forma decisiva” para que las transferencias a las comunidades se lleven a cabo, pero sin querer caer “en triunfalismos”.
“Estamos trabajando ya con otras CC. AA., es el desafío principal y un objetivo prioritario en el ámbito de la política penitenciaria, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental y esencial”, aseguró.
Grande-Marlaska admitió que no es posible permitirse “más retrasos, más aplazamientos”, y aseguró que están trabajando en ello y en dotar de los medios que sean necesarios.
En la misma línea, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, añadió que son conscientes de que “necesitamos una sanidad penitenciaria de calidad equiparable al sistema sanitario”. Por ello, subrayó que pondrán “lo mejor en el asador para poder avanzar en la integración y que sea una realidad para todas las comunidades autónomas”.
Durante la Jornada, el portavoz de Cesida se preguntó “si la actual crisis sanitaria puede servir también de catalizador de un sistema sanitario penitenciario que inició un declive a principios de siglo que le está llevando al colapso en parte por la falta de personal sanitario, en parte por la diferencia salarial entre los profesionales que trabajan dentro y fuera de este ámbito”.
En este sentido, alertó de que en los próximos años se producirá una salida masiva de médicos y aseguró que actualmente en algunos centros ya solo se atienden urgencias.
En cualquier caso, también afirmó que quizá la integración no será la panacea, pero permitirá compartir la información de los pacientes dentro y fuera de las prisiones.
Lo avala, en su opinión, un estudio publicado en la Revista Española de Sanidad Penitenciaria en el que el 85 por ciento de los pacientes en Cataluña se muestran satisfechos con la calidad asistencial recibidas.
Un modelo en vías de extinción
Durante el foro, Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, hizo hincapié en que el modelo actual no tiene ningún futuro: “Fue éxito en los 90, pero ahora no tiene relevo generacional. Va a desaparecer”.
Por su parte, Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, explicó que en las últimas oposiciones han salido unas 30 plazas de médicos y apenas se ha cubierto 5 de ellas: “Tenemos vacante el 32 por ciento de plazas de facultativos en prisiones”, concluyó.
La salud mental en el ámbito penitenciario: El más difícil todavía
La atención a la salud mental debe estar fuera del ámbito de las prisiones. Es otra de las conclusiones de este foro, en el que se abordaron las grandes limitaciones del modelo actual de atención psiquiátrica en este entorno.
Enrique Pérez Martínez, jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Alicante y miembro del Grupo de Psiquiatría Penitenciaria, hizo hincapié en que es básico buscar una alternativa en el sistema público de salud y abogó también por dar una estructura flexible a los hospitales psiquiátricos penitenciarios, con dos centros actualmente en Sevilla y Alicante, así como por tratar de resolver la falta de profesionales de la psiquiatría en estos dispositivos
En este sentido, subrayó que “hay diferencias retributivas importantes, las bolsas de psiquiatría muchos años no se han convocado, y además hay riesgos inherentes”.
En su opinión, y a la vista de la construcción de un nuevo centro de este tipo en Comunidad Valenciana, el experto alertó de que no se deberían repetir los errores de los que ya funcionan.
De igual modo, abogó por llevar a cabo programas de intervención en patología dual y otros dirigidos a reducir la polifarmacia.
Desde los años 90, las cifras de prevalencia de patología mental entre los internos oscilan entre el 37 y el 85 por ciento, en función de los sistemas penitenciarios, explicó.
Según su análisis, las unidades de salud mental nacieron con escasos medios y la aparición del trastorno mental común sobrecargó la asistencia en estas unidades y no es difícil entender cómo personas con trastornos mental grave, en situación de pobreza o con problemas de drogas, se situaban en una situación próxima a cometer delitos.
Pérez Martínez insistió, además, en que la demanda de consultas psiquiátricas en prisiones es muy elevada. En nuestro país está entre el 9,5 y el 13,8 de la población reclusa, citó.
“El 4,3 por ciento de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos, el 90 por ciento tenían antecedentes psiquiátricos, con diagnóstico y tratamiento”, destacó.
Según los datos proporcionados por el especialista, en suicidios, los datos también son superiores a la población general. “La tasa es de 0,44 por mil internos, cuando en población general es el 0,12 y han aumentado un 26 por ciento en los últimos cinco años”, indicó.
“El 77 por ciento de quienes cometen intento de suicidio está asociado a patología mental”, advierte. Entre los factores citó las sentencias largas, aislamiento y segregación, pérdida de relaciones sociales y pérdida en la tutela de los hijos.
En cualquier caso, el especialista hizo hincapié en que la mayoría de los ingresos de los enfermos mentales se producen por delitos contra la salud pública y por robo con o sin lesiones, en un 70 por ciento de los casos. La gran mayoría por conductas sintomáticas no tratadas, y cumpliendo largas condenas por delitos menores, advirtió.
