La Atención Primaria en las prisiones de nuestro país está desapareciendo. Este tipo de AP que es la sanidad penitenciaria se muere. Así lo afirma José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). “En muchas prisiones de nuestro país, solo hay enfermeros y únicamente se atienden urgencias”, alerta Antón.
Además y a pesar de la semana pasada se anunciaba la OPE más ambiciosa de la historia con con más de 40.000 plazas para los distintos departamentos de la Administración General del Estado, de las 582 que fueron dirigidas para sanitarios, solo se ofertaron 15 plazas de facultativos de sanidad penitenciaria y 27 plazas para enfermeros de la misma rama. “ Las plazas ofertadas siguen siendo insuficientes y además no se cubrirán”, afirma Antón. Es la única oposición de este país en que hay más oferta que demanda. “Por otro lado aunque se presentaran 15 personas a cubrir las plazas al final se incorporarían 3 o 4 y es que la sanidad penitenciaria no puede competir con el resto de la sanidad, porque el sueldo y las condiciones de trabajo son inferiores y precarias”, apunta Antón. “La única razón por la que alguien pueda querer venir a trabajar a una prisión es que quiera tener un puesto fijo, nada más”, señala Antón.
Esta denuncia por parte de la Asociación de Sanidad Penitenciaria no es nueva. Lleva años encerrada entre cuatro paredes y según palabras de Antón, “no hay un solo político del color que sea que haga algo por nosotros, porque no les interesamos. A nivel político no influimos en las elecciones así que no existimos”, afirma Antón.
La ley que no llega
Todo esto ocurre porque hace más de 21 años que se aprobó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), en cuya disposición adicional sexta, reflejaba que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias deberían ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Sin embargo, esto solo ha ocurrido en las comunidades de Cataluña, País Vasco y Navarra. “En estas comunidades está funcionando porque el sueldo se asemeja a lo que gana un médico en un centro de salud y en algunas pagan un plus por trabajar en una prisión”.
Para el resto de personal sanitario de las prisiones la realidad es otra. “Las condiciones laborales y los sueldos son muy precarios. Además, muchos de los que aún estamos, nos encontramos en la rampa de salida hacia la jubilación y no tenemos relevo generacional”, explica Antón. También ocurre que muchos médicos se van antes de su edad. Es normal, apunta Antón, “cuando eres el único médico en una prisión y tienes que estar de guardia 24 horas siete días a la semana por el sueldo que te dan, la gente no quiere venir a trabajar a la prisión”.
La solución pasaría por aplicar la Ley: “Integrar la sanidad penitenciaria en los sistemas de salud sería lo perfecto, porque al final la sanidad penitenciaria es un Atención Primaria un poco más especializada”.
La sanidad más humanizada
Sin embargo Antón expresa que “es una pena que la gente no elija esta especialidad. Seguramente no la conocen”. Sin embargo, y según palabras del presidente de la SESP, “es la sanidad más humanizada y bonita”. “Dentro de la Atención Primaria es de los lugares donde mejor puedes ejercer la medicina, porque tienes al paciente delante todos los días, tratando sus enfermedades, conociéndole y conociendo a su familia”, explica Antón.
Salud mental, enfermedades infecciosas, como tuberculosis o VIH, hepatitis, de diabetes, así como las adicciones a diversas sustancias son algunas de las enfermedades más prevalentes en las prisiones, que los médicos de las mismas deben tratar a diario. “El poder hacer un seguimiento diario y personalizado del paciente te hace sentir como un médico rural de toda la vida. En realidad, te sientes como un médico de cabecera de verdad, eres un referente para ellos”, apunta Antón.
En muchas ocasiones, los presos solo tienen contacto a nivel sanitario en la cárcel, e incluso contactan por primera vez con los servicios sociales en prisión. “Son personas que vienen de entornos desfavorecidos y marginales y con muchos problemas sociales. De hecho, hay personas que llevan aquí dentro una vida más reglada que fuera”, señala Antón.
“La sanidad penitenciaria es una AP sí, pero mucho más especializada, con una serie de componentes distintos, porque la cultura de la prisión nada tiene que ver con lo que hay fuera. El problema de la drogadicción por ejemplo aquí es muy acusado. En los últimos tiempos también están aumentando los trastornos graves de salud mental”, apunta Antón.
Y de ese tratamiento individualizado y personal arranca otra pata de esta sanidad penitenciaria que tiene mucho que ver con la Salud Pública.
Clave para la Salud Pública
Antón explica para Gaceta Médica que la sanidad penitenciaria ha sido clave para que España haya sido uno de los países que esté más cerca de eliminar la hepatitis C. “Y esto es gracias a que hemos tratado a la población más vulnerable, que son los presos”. También somos un referente en el control de la tuberculosis, que es una enfermedad que se contagia por vía aérea.
“En Salud Pública, somos claves”, apunta. “Si detectamos una hepatitis o una tuberculosis en la cárcel y la tratamos, estaremos evitando que se contagie fuera y por tanto evitaremos un problema de Salud Pública”.
Al igual que pasa con la salud mental. “Han aumentado en los últimos tiempos los trastornos graves de salud mental en las prisiones. Pero ha quedado demostrado con nuestra labor que si tratamos a un enfermo, que no ha sido tratado fuera y ha cometido un delito debido a su enfermedad, puedes evitar que vuelva a cometer otro, sobre todo en el entorno familiar que es donde más sucede”, explica Antón.
La sanidad penitenciaria se muere
Por todas estas razones, la sanidad penitenciaria debería estar integrada en los sistemas de salud de las comunidades, pero aunque es un tema que está en boca de algunos grupos parlamentarios e incluso se han aprobado últimamente PNL sobre este asunto, instando al Gobierno a llevar a cabo la aplicación de la Ley 28/2016: “En realidad nadie hace nada”, explica Antón.
Los sanitarios de prisión tenemos un puesto de funcionario A1 pero no cobramos ningún tipo de complemento, y seguimos cobrando las guardias a 15 euros la hora, como hace 20 años”, apunta Antón.
Las condiciones precarias del puesto junto a la ausencia de relevo generacional, provocarán que todo el conocimiento que en otras ramas se pasa de generación en generación se pierda. “Y cuando la atención sanitaria penitenciaria desaparezca, los presos estarán perdidos, porque tratarles solo las urgencias no es un modo de hacer medicina. Es necesario hacer seguimiento de las enfermedades para que estas personas tengan una calidad asistencial, como todo el mundo”, concluye Antón.
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