En mayo de 2003 el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Dentro de esta, la disposición adicional sexta, reflejaba que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias deberían ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. El plazo que se estipulaba en la normativa para su cumplimiento era de 18 meses.
Sin embargo, 21 años después sólo tres comunidades autónomas tienen las competencias transferidas en materia de sanidad penitenciaria: Cataluña, País Vasco y Navarra. En abril, la Organización Médica Colegial (OMC) ponía sobre la mesa esta realidad y las consecuencias que conlleva. La entidad lamentaba que su incumplimiento ha derivado en una pérdida continua de profesionales en este ámbito, lo cual conlleva un problema de asistencia a la población reclusa. La OMC ya ha expuesto esta situación al Defensor del Pueblo, instando a que administración central y gobiernos regionales actúen para avanzar en el cumplimiento de esta ley.
José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), lamenta el retraso en el cumplimiento de la ley, explicando que “existen diferencias entre regiones, sobre todo de recursos”. “En un momento como el actual en España, donde apenas hay paro de médicos porque hay mucha demanda, la gente va a trabajar donde mejores condiciones laborales tiene, y en la sanidad penitenciaria competimos con una inferioridad de condiciones importante”. “En este ámbito teníamos una relación de puestos de trabajo amplia, con muchos profesionales que han situado la sanidad penitenciaria española como referente a nivel mundial, pero esto ha cambiado”.
Falta de profesionales
La OMC alertaba de la falta de profesionales en sanidad penitenciaria y Antón Basanta coincide en este diagnóstico. “Los que empezamos a hacer crecer la sanidad penitenciaria en su momento estamos prácticamente en edad de jubilación”, apunta. A esto se suma que no hay relevo generacional ni se están poniendo medios para paliar este déficit de recursos humanos médicos en las prisiones. “En los últimos años se han convocado alrededor de 150-160 plazas de oposiciones y no es que no se cubran, es que no se presentan personas para cubrir ni un 10 por ciento de esta oferta; en la última convocatoria, que había varias vacantes por acumulación de los años, se presentaron sólo 14 personas”, lamenta el presidente de la SESP. Asimismo, indica que “como consecuencia de esta falta de profesionales, se ha deteriorado mucho la atención en las prisiones, ya que la atención primaria prácticamente ha desaparecido y en la mayor parte se hace una atención de urgencias, dando asistencia a aquellos internos que lo necesitan”.
Entre las diferentes prisiones en España, Antón Basanta expone que también hay inequidades. “Hay algunas que sobreviven mejor porque tienen más medios, pero la mayoría están en la situación que comentaba; hay gente muy preparada, que saca adelante el trabajo lo mejor posible porque tienen mucha experiencia y preparación, pero es insuficiente porque humanamente no tienen más capacidad”, concreta.
Transferencia a las CC.AA.
El presidente de la SESP recuerda que “hace 20 años que se está advirtiendo de que esto va a ocurrir, y desde la política a diferentes niveles, no se ha hecho nada para cambiarlo”. “Nosotros, como sociedad científica, no podemos hacer mucho más que plantear reivindicaciones desde un punto de vista científico, y denunciamos el deterioro de la sanidad penitenciaria porque lo sufren tanto los profesionales como la población reclusa”, asevera Antón Basanta. “Pero para dar cumplimiento a esta normativa hay que tener voluntad de querer hacerlo, primeramente, con la administración central instando a ello, y también que las comunidades autónomas asuman las responsabilidades en materia penitenciaria porque es su obligación”, precisa.
Por ello, determina que “es una cuestión de responsabilidad compartida” y que “hay que ver cómo hacerlo, poniendo una fecha límite para definir los detalles de funcionamiento y los económicos, que puede ser el problema principal”. “Muchas veces digo que la inversión en sanidad penitenciaria es un beneficio comunitario; si en la prisión hay una persona con un problema de adicción o salud mental y se encauza, se pueden evitar problemas futuros”, señala. También recuerda el papel que ha jugado la medicina penitenciaria en el control de diversas enfermedades. “Si se detecta un caso de tuberculosis y se trata, se evita que cuando el recluso salga, contagie a más personas e incluso se produzca un brote, lo que también se aplica a infecciones de transmisión sexual (ITS); además, la lucha contra el VIH no habría sido posible sin el personal de prisiones o la práctica eliminación de la Hepatitis C, que España es uno de los pocos países que puede decir que la tiene controlada”, desarrolla. “Las prisiones son un ámbito olvidado y puede tener mucha importancia en la salud pública, por ello sus profesionales, son clave en el sistema”, subraya.
Antón Basanta apunta que “la prueba de la necesidad de transferir las competencias a las comunidades autónomas se puede ver, porque la de Navarra es una prisión más pequeña, en Cataluña y País Vasco, donde la inversión en estos recursos es muy alta y eso da buenos resultados”. Además, el presidente de la SESP manifiesta que “la población interna puede ser vista como una población marginal, y tienen muchos problemas y necesidades, por lo que son muy agradecidos con los cuidados y atenciones”. “Es necesario remarcar que tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos a la salud”, concluye.
Adicciones y salud mental
En cuanto a los principales problemas que se encuentran en las prisiones actualmente, Antón Basanta se refiere a dos: las adicciones y la salud mental.
“En cuanto a los problemas de adicciones, en la última encuesta que se llevó a cabo se vio que alrededor del 75 por ciento de los internos que hay en prisiones ha tenido en algún momento problemas con la droga, y el 50 por ciento había consumido el mes anterior o posterior al ingreso, lo que refleja que es un problema de gran importancia”, explica.
Por otra parte, en términos de salud mental, las condiciones que presentan los reclusos son muy diversas, presentándose algunas más prevalentes como la ansiedad o depresión y también esquizofrenia, trastornos bipolares o delirantes. “La salud mental es un problema in crescendo y se acentúa en las prisiones por el entorno; no hay un estudio reciente que recoja la prevalencia de estas patologías, pero se estima que afecta a un porcentaje de entre el 4 y el 5 por ciento, lo que se traduce en más de 2.000 reclusos”, expone. “Está demostrado que estos pacientes son personas que, con un buen control psicofarmacológico no tendrían por qué delinquir ni tener alteraciones conductuales con la familia; si conseguimos reconducir su situación, trabajar la adherencia y la conciencia de enfermedad, quizá se puedan evitar determinados problemas”, desarrolla el experto. Pero también, el presidente de la SESP manifiesta que “ahora, con los recursos mermados, es más difícil ya que dependemos de convenios con servicios comunitarios para que manden, en el mejor de los casos un psiquiatra a una prisión una vez a la semana”. “Cabe destacar que hay mucha patología dual de adicciones y salud mental, lo que multiplica los problemas”, recalca Antón Basanta.
Con todo esto, el presidente de la SESP considera que “hay que seguir insistiendo en que la prisión debería ser tomada por la sociedad como una oportunidad de mejora para que, personas que entran por muchas circunstancias, puedan salir mejor de lo que entraron y no volver a entrar”. “Al fin y al cabo, los presos son producto de la sociedad en la que viven; hay que intentar que su paso por la prisión sea una oportunidad de mejora y lo que demandamos es que todos los facultativos tenemos que pertenecer al mismo sistema”, concluye Antón Basanta.
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