El Grupo Parlamentario VOX ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para intentar recuperar la Ley ELA y ponerla en marcha. Y es que, a pesar de haber sido ya aprobada por unanimidad en la Cámara Baja en marzo de 2022, no significa que haya entrado en vigor: la ley continúa en trámite tras haber prorrogado hasta en 49 ocasiones el plazo de enmiendas al articulado, tal y como ha recordado VOX. Para esta formación liderada por Santiago Abascal, la paralización de la norma no solo supone una “anomalía en el procedimiento parlamentario”, sino también una “injusticia material“.
Asimismo, la proposición firmada por la portavoz de del GPVOX, María José Rodríguez de Millán, incorpora una novedad: que las mejoras propuestas dentro de la ley no solo afecten a los enfermos de ELA, sino que se amplíen a “todas las personas que se encuentran en situación de gran dependencia“. En el texto de la iniciativa, el grupo explica que la gran dependencia comporta “graves consecuencias” para las personas que la padecen, así como para su entorno familiar y afectivo. Y no solo eso, sino que afecta a su día a día. Por ejemplo, con la necesidad continuada de asistencia por parte de otra persona, problemas de movilidad, necesidades de adaptación de la vivienda, empleo de un vehículo especializado o ventilación mecánica para sobrevivir, suponiendo esto un enorme gasto.
“Las dificultades diarias de los enfermos de ELA, de las personas con parálisis cerebral o de los ancianos gravemente impedidos, por poner algunos ejemplos, deben inspirarnos a la hora de buscar una legislación que verdaderamente mejore el sistema protector del Estado, consiguiendo así verdaderos avances en justicia social”, señala la iniciativa.
Mejorar la atención a la dependencia
Tal y como indica la Proposición de Ley, la “cultura del cuidado” como la que tiene España, conlleva un “indudable coste personal y económico tanto para las personas en situación de gran dependencia como para su familia. “El Estado debe apoyar que aquellos que son cuidados en su domicilio, en compañía de sus seres queridos, siga siendo así y puedan optar por ello”, señala VOX.
En este sentido, VOX denuncia en su iniciativa el “deficiente funcionamiento” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). “La elevada burocracia, la falta de dotación presupuestaria y el Estado de las autonomías derivan en ayudas insuficientes, largas lista de espera y desigualdades en las prestaciones dependiendo del lugar de España en el que residan”, apunta. Y a ello se le añade el “elevado tiempo de espera y la complejidad en los trámites para los procesos de valoración de situación de dependencia“.
Otro problema que no contempla el SAAD, según VOX, es el desafío del envejecimiento. La sociedad española es cada vez más envejecida, lo que hace que la situación de dependencia se incremente de manera considerable y que los recursos tengan que ir en aumento. Sin embargo, “los incrementos en la financiación en los últimos años no han atendido a la cifra real de los beneficiarios actuales y potenciales”. “Las ayudas que ofrece el SAAD a los grandes dependientes son exiguas”, lamenta la formación.
Modificaciones a la ley
El Grupo Parlamentario VOX defiende en su Proposición de Ley la necesidad de “un nuevo texto legislativo que tome el relevo a aquel cuya tramitación se frustró” para proporcionar una mejor atención a todos los ciudadanos españoles que se encuentren en situación de gran dependencia. Así, han subrayado algunos cambios a aplicar en la Ley de dependencia o en la Ley de discapacidad, incluidas dentro de la Ley ELA.
La iniciativa aprobada propone reconocer el 33 por ciento del grado de discapacidad a los pacientes de ELA desde el diagnóstico. En este punto, VOX pide que se reconozca también este grado de discapacidad a las personas que reciban una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez; a los pensionistas de clases pasivas que tengan una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad; y a las personas que se encuentren en situación de gran dependencia, siempre que, aunque no dispongan del reconocimiento jurídico de esta, cuenten con un dictamen médico que la avale.
En este sentido, la formación insta al Gobierno a regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen “los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad, con independencia de la región de España en la que residan”.
Respecto a la Ley de dependencia, VOX apuesta por la “permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida, incluso aunque ello conlleve un mayor apoyo por parte de los poderes públicos”.
Asimismo, pide “equidad territorial” en las prestaciones. Y será el Estado quien deba “velar por que la configuración del SAAD no repercuta en una atención desigual a los beneficiarios en función de su lugar de residencia”. “El beneficiario podrá recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención”, añade la formación.
Por otro lado, en el apartado de servicio de ayuda a domicilio, quedarán recogidas la atención a las necesidades del hogar, cuidados personales, servicio de enfermería y servicio de fisioterapia. Y, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar “se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares”.
