El Ministerio de Sanidad ha sacado este lunes 13 de mayo a consulta pública el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el plazo para el envío de aportaciones por parte de ciudadanos, organizaciones y asociaciones concluye el próximo 28 de mayo de 2024.
Con ello, “se dará carpetazo a la Ley 15/1997, que abría la puerta a modalidades de gestión que han deteriorado nuestro SNS”, ha comentado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones a los medios de comunicación. Además, la ministra ha expuesto en sus redes sociales que el anteproyecto de ley “pretende limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes empresariales privados, anteponiendo la gestión pública“.
“También va a facilitar a las comunidades autónomas la reversión de la gestión privada de servicios sanitarios públicos existentes, así como mejorar sus procedimientos de auditoría y rendición de cuentas”, ha agregado García.
Regulación de la gestión pública
En este sentido, este anteproyecto de ley supone el primer proyecto normativo íntegramente orientado a la regulación de la gestión pública del SNS. Tal y como se expone en el texto, existe la necesidad de establecer “de forma clara” la prioridad de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios, así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito, y bajo qué condiciones.
Asimismo, el objetivo que persigue es reforzar normativamente diferentes aspectos relacionados con las garantías, el control y el seguimiento en materia de contratación en el SNS, y prevenir casos de fraude. “Queremos garantizar la integridad de nuestro Sistema Nacional de Salud, tantas veces amenazado por la corrupción institucional, tantas veces privatizado y vendido al peor postor de manera impune”, ha indicado Mónica García.
De este modo, la regulación se aplicará a través de diversas medidas:
- Limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro.
- Mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad.
- Facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes.
- Establecimiento de las prácticas de gestión pública que hagan capaz alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española.
