Quizás las discrepancias entre médicos y enfermeros por el decreto de prescripción enfermera hayan sido las causantes de que Sanidad finalmente lleve a cabo la convocatoria del Foro de las Profesiones Sanitarias. Una de las principales reivindicaciones del Foro de la Profesión Médica y de la Mesa Estatal de Enfermería para reactivar el diálogo con el Ministerio de Sanidad.
Sin embargo, no parece que el ministerio esté por la labor de mediar entre los dos colectivos. A juicio de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el Foro “debe ser un punto de encuentro para el diálogo y la solución, entre otros objetivos, de las diferencias que puedan darse entre las distintas profesiones sanitarias”.
A lo largo de su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, la titular sanitaria ha asegurado tendrá en cuenta “el papel de los profesionales en todas las medidas, las estrategias y los planes”. De este modo, el compromiso de mejorar las condiciones formativas y laborales, así como la consecución de avances en la gestión y en la planificación de los recursos humanos son parte importante de la hoja de ruta marcada por la ministra.
Durante su comparecencia en la Cámara Alta, Montserrat no pasó por alto los acuerdos firmados entre Gobierno y comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes. Reconoció el esfuerzo que se llevó a cabo por parte de todos, y recordó cuestiones como el compromiso de bloquear la tasa de reposición en sectores prioritarios como la sanidad. También se acordó analizar el porcentaje de interinidad en los servicios públicos para reforzar la estabilidad de las plantillas.
La responsable de la cartera sanitaria recordó la reunión mantenida con sindicatos y comunidades autónomas para comenzar a delimitar la precariedad laboral. De dicho encuentro, como indicó la titular catalana salió el compromiso de impulsar criterios homogéneos para la valoración de méritos en los procesos de movilidad. Asimismo, en los próximos meses el grupo de trabajo tiene previsto promover avances en la formación continuada, así como agilizar la homologación y la convalidación de títulos extracomunitarios manteniendo los criterios de la normativa vigente y preservando la adecuación de los estudios realizados y su equivalencia con los exigibles en España. Está claro que lo principal es “encontrar soluciones a la situación de temporalidad de la mano de los profesionales y de los sindicatos”, indicó.
El año acababa con el decreto de troncalidad en el candelero. El Ministerio no ha quedado al margen de ello y la ministra aseguró que la intención es trasladar al Consejo Interterritorial el abordaje del nuevo sistema de formación sanitaria especializada.
Hepatitis C y copago
En materia de innovación, Montserrat hizo un repaso de la inversión que se ha llevado a cabo en estos últimos años. La inversión en los tratamientos para la hepatitis C ascendió a 1.040 millones de euros en 2015; a 600 millones en 2016 y la previsión es que en el presente ejercicio se sitúe en los 200 millones euros. La ministra ha señalado que “el dato objetivo es que más de 65.252 personas están libres de la enfermedad” gracias al Plan Estratégico. La idea es que el Gobierno mantenga la continuidad con las líneas de actuación contempladas en el plan.
Por otra parte, aunque el copago farmacéutico no formó parte de su comparecencia, fueron varios los grupos parlamentarios que preguntaron por este asunto. Montserrat volvió a reiterar que no está en la agenda del Gobierno aumentar el copago.
El Ministerio de Sanidad contempla una OPE en la que se oferten todas las plazas vacantes
Los primeros pasos en materia de empleo ya se han dado, tanto a nivel central como autonómico, con el bloqueo de la tasa de reposición en la Conferencia de Presidentes, y a nivel sanitario con el arranque grupo de trabajo formado por el Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y sindicatos. En esta última esfera, las organizaciones sindicales ya han asumido su labor para seguir trabajando en el mapa de la temporalidad laboral. Como indican desde CSI-F, en la actualidad, las plantillas de las administraciones registran un déficit de 170.000 empleos, desde julio de 2011 (periodo en el que se tocó techo a nivel de empleo público y se empezaron a destruir puestos de trabajo en este ámbito). Además, 119.174 personas en la Administración General del Estado tienen más de 50 años (más de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación), con lo cual el problema se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible. Como asegura el sindicato, el Ministerio de Sanidad ya contempla una oferta de empleo público en la que se oferten “todas las plazas vacantes” sin reserva de ningún tipo. Por su parte, UGT valoró positivamente el anuncio de la eliminación de las tasas de reposición. A juicio de Gracia Álvarez, secretaria de Salud, es necesario que se lancen planes de consolidación de empleo que den una salida a los cerca de 170.000 profesionales afectados por el empleo precario en el Sistema Nacio nal de Salud.
