La pasada semana, con motivo del día internacional para la prevención del suicidio, Unidas Podemos llevó al Congreso el documento sobre el que se cimenta su Proposición de Ley de Salud Mental. En este contexto, la propuesta registrada por la formación morada da cuenta de una serie de novedades que vendrían de la mano de una ‘potencial’ aprobación de sus líneas. Entre ellas, planea novedades en el ámbito de la gobernanza para la protección de la salud mental, donde se apuesta como principal medida por la creación de un Centro Estatal de Salud Mental, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad.
Según describe el texto remitido y firmado por la diputada del partido Rosa Medel, y los portavoces Txema Guijarro y Pablo Echenique, a este ente correspondería el asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones públicas en materia de la salud mental en los ámbitos estatal y autonómico.
Del mismo, modo participaría en la elaboración de la Estrategia Nacional y establecerá los mecanismos adecuados para su evaluación y seguimiento, que se produciría con periodicidad bienal. En resumidas cuentas, UP plantea un Centro Estatal de Salud Mental que establezca los mecanismos necesarios para configurar un sistema de información que permita valorar el estado situacional de la salud mental en todo el territorio español.
Adicionalmente, la propuesta legislativa contempla la creación del Consejo de Participación de Salud Mental, como órgano de colaboración, participación y consulta en este área. Formarían parte del mismo los colegios profesionales relacionados con la protección de la salud mental, las sociedades profesionales y las asociaciones representativas.
El Consejo de Participación de Salud Mental, formando por colegios profesionales, SS.CC. y asociaciones, ejercería como órgano de colaboración, participación y consulta
El texto normativo reconoce también explícitamente la necesidad proveer el personal sanitario suficiente para hacer efectiva la garantía de tiempo en la atención a la salud mental. A tal fin, el CISNS acordaría, previo informe de la Comisión de RR .HH. del SNS, el establecimiento de ratios mínimas de profesionales, en función del número de habitantes.
El fin último es garantizar una atención integral y universal. Para ello, se apunta a un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos, y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental. Para lograr este objetivo, la idea del partido es alcanzarlo de manera progresiva en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.
Una formación con alcance
La propuesta de ley también prevé que las Administraciones públicas sanitarias desarrollen programas de formación en salud mental dirigidos a los y las profesionales de los centros sanitarios, centros educativos, servicios sociales y otros espacios orientados a la atención de la salud mental.
Se estipula así que todas las personas profesionales que trabajen en este ámbito de reciban formación en derechos humanos. Del mismo modo, las diferentes universidades e instituciones educativas que oferten formación para desarrollar roles profesionales en el terreno de la salud mental deberán incluir en sus planes docentes dicha temática.
Asimismo, todas las personas profesionales de salud mental recibirían formación especializada en perspectiva de género e interseccional, con especial atención a la capacitación para identificar e intervenir en situaciones de violencias machistas y comportamientos de odio e intolerancia.
Del mismo modo, “los programas formativos buscarán capacitar y empoderar a las personas con problemas de salud mental y sus familiares para que sean parte activa en la lucha contra el estigma y la discriminación”, acota la propuesta.
Precisamente en este ámbito formativo no se deja de lado la prevención del suicidio. Esta llegaría a personal sanitario, servicios de urgencia, bomberos, policía, protección civil, medios de comunicación, centros docentes y funcionarios de Justicia.
Prevención del suicidio
Unidas Podemos aboga también por elaborar un protocolo de prevención del suicidio consensuado con las CC .AA. Como parte de sus criterios se establecería una serie de principios por la que se regiría, teniendo en cuenta grupos especialmente vulnerables y la identificación precoz de riesgo, así como el seguimiento de personas con tentativa suicida. Además, se crearía una línea telefónica gratuita de atención.
La formación morada apuesta también por prestar atención postsuicidio a familiares y personas del entorno, con tratamiento precoz e individualizado, fomentando espacios grupales de contención y apoyo sociosanitario y comunitario. Al mismo tiempo, la propuesta plantea la necesidad de conseguir una coordinación efectiva entre servicios de urgencias, salud mental y atención primaria, así como otros dispositivos de emergencia, como parte del protocolo diseñado.
Sanidad tendría que crear un registro estatal para evaluar y valorar la epidemiología del suicidio
En última instancia, aluden también a campañas psicoeducativas, de educación para la salud e informativas de prevención, mitos, factores de riesgo, de protección y contra el estigma social asociado a las conductas suicidas. Además, la ley de UP encargaría al Ministerio de Sanidad la creación de un registro de datos a nivel estatal para evaluar y valorar la epidemiología del suicidio.
Capítulo COVID-19
La pandemia de la COVID-19 y su impacto en este prisma también aparece reflejada en el documento, que prevé elaborar programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de este contexto de crisis sanitaria. En consonancia, se plante la promoción de la realización de estudios de investigación respecto a los síntomas originados tanto por la infección por SARS-CoV-2 como por la situación de pandemia.
En este apartado, la redacción de la citada propuesta de ley de salud mental aboga también por instaurar protocolos de formación para identificar síntomas derivados de la COVID y adoptar medidas protectoras a nivel de las estructuras de atención sanitaria, sociosanitaria y en el ámbito educativo.
Además, un último punto pone como ‘deber’ a las autoridades sanitarias el velar por que la atención y preservación de la salud mental de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables, sea una variable central en la toma de decisiones sobre las medidas que limiten la movilidad y la sociabilidad.
