Víctor Pérez Sola, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, es uno de los expertos que ha participado, en calidad de director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar, en la elaboración del Plan de Prevención del Suicidio 2021-2025 que acaba de presentar el Departamento de Salud de Cataluña.
El especialista, también investigador del Cibersam, explica a GM todos los detalles del programa catalán con el que se aspira a reducir en un 15 por ciento las tasas e intentos de suicidio en la comunidad.
Pregunta. ¿Cuál es su valoración sobre el nuevo Plan de Prevención del Suicidio en Cataluña?
Respuesta. Dentro de lo que es la psiquiatría y la salud mental, la prevención del suicidio es una prioridad que nos marca la Unión Europea y la OMS desde hace unos cuantos años. Muchas comunidades autónomas cuentan con un plan de prevención del suicidio. Cataluña tenía toda una serie de actividades previas como el Código Riesgo Suicidio o el tema de las asociaciones de pacientes, con quienes llevamos mucho tiempo trabajando y se ha avanzado mucho. Faltaba por desarrollar un plan que fuera más allá de lo sanitario.
El problema en los planes de prevención del suicidio es que en lo sanitario, más o menos, en la mayoría de las comunidades autónomas se está haciendo una intervención, pero necesitamos un plan que vaya más allá, porque no solo es un problema sanitario. Interviene Justicia, Educación, los ayuntamientos, hay muchas actividades de prevención que no se pueden hacer sin ellos.
“La diferencia en este plan es el presupuesto y la idea de priorizar ya cinco acciones”
Un ejemplo de ello es que para hacer prevención necesitamos postvención de las familias de las personas que se suicidan. Necesitamos la identificación de la gente que ha muerto por suicidio para acceder a ellas. En este momento, por problemas legales, no se puede hacer. Hay que esperar dos años para esperar a ver cuánta gente se suicida en nuestra comunidad autónoma. Poder acceder es fundamental. Para ello, o hacemos una colaboración con Justicia o es imposible conseguirlo.
P. ¿Qué novedades plantea este plan?
R. La novedad principal es que tiene una priorización de cinco acciones claras. En los planes se proponen cientos de acciones, la mayoría necesarias y con evidencia científica. Aquí se han priorizado inicialmente cinco.
Otra virtud, que me parece imprescindible, porque estos planes sin un presupuesto detrás son un pdf, es que hay un presupuesto de 15 millones de euros para poner en marcha las acciones priorizadas en los próximos años.
Algunas de ellas empiezan ya: todo lo que es soporte y tratamiento de los enfermos de alto riesgo, esencialmente las tentativas de suicidio. En este punto, se propone modificar el Código Suicidio para que, sobre todo primaria y emergencias puedan reactivar ese código. Otra de las acciones que se ponen en marcha ya es potenciar el papel de las asociaciones de supervivientes para que puedan atender a todas las personas con pérdida por suicidio. La tercera es realizar una intervención en las escuelas, para lo cual es básico el apoyo del ámbito escolar y el departamento de Educación, que debe hacer la formación.
Otro proyecto es montar un registro fiable tanto de tentativas, que ya tenemos por el Código Suicidio, como de las muertes por suicidio. Esto que ha pasado ahora que hemos visto un aumento de las tentativas en jóvenes, o tienes indicadores, como tenemos con Código Suicidio, o no se puede ver. Montar un registro potente que nos permita actualizar día a día y poner planes de acción y dotar de recursos.
La quinta línea es incrementar todos los métodos telefónicos que nos ayuden en la prevención del suicidio. En Cataluña se ha llegado a un acuerdo con el 061 para que adopte un papel mucho más activo en la prevención y valoración de las tentativas de suicidio. El 061 tiene desde profesionales bien formados hasta capacidad para activar medidas de emergencia para buscar al enfermo, llevarlo a urgencias, etc.
Este plan, en cualquier caso, no competirá con otros teléfonos que están funcionando ya. Se coordinará con estos dispositivos, porque el suicidio es un problema sanitario pero hay mucho más allá. Hay personas con tentativas de suicidio que no lo ven como un problema de salud y para quienes es más fácil que contacten con otros dispositivos que con el 061.
P. Un plan con presupuesto…
R. Estamos muy contentos con ello. Un plan sin presupuesto puede ser otro más. La diferencia en este plan es el presupuesto y la idea de priorizar esas cinco acciones con el compromiso de que se pongan en marcha entre este año y 2022.
“La Estrategia de Salud Mental tiene que actuar como palanca para que todas las comunidades autónomas se vinculen y ofrezcan unos mínimos”
P. ¿Qué áreas de mejora tiene?
R. Algo imprescindible es tener datos fiables. Todo lo que se hace se tiene que evaluar. Si no hay datos fiables, mal se empieza. Una de las prioridades son estos registros, algo imprescindible. Si hay un objetivo claro que es reducir un 15 por ciento tentativas y casos de suicidio lo primero que necesitamos es tener un registro que nos permita demostrar y valorar si lo hemos hecho o no.
También es prioritario tener un objetivo claro y contundente. Está ahí. Es un compromiso a cinco años.
P. ¿Es un modelo reproducible en otras comunidades autónomas? ¿Es posible articular algo en esta línea a nivel de estado?
R. Hay otras comunidades autónomas con buenos planes de prevención del suicidio que van en la misma línea. Tenemos que conseguir que todas las comunidades autónomas tengan un plan específico de prevención de la conducta suicida y lograr que a nivel ministerial, dentro de la Estrategia de Salud Mental, haya unas consignas claras.
“Es fundamental que podamos contar con un registro adecuado que nos permita evaluar, ofrecer un servicio a las poblaciones de riesgo y dar soporte a los supervivientes. No hacerlo es un error”
Probablemente a nivel ministerial no se pueda implementar nada así porque las competencias están en las comunidades autónomas. En el ministerio es imprescindible que tengamos una Estrategia de Salud Mental lo antes posible que tenga una parte de prevención de la conducta suicida que actúe como palanca para que todas las comunidades autónomas se vinculen y ofrezcan unos mínimos.
Para poner en marcha un plan de prevención se necesitan años, pero hay unos mínimos imprescindibles. Dentro de esto, es fundamental que podamos contar con un registro adecuado que nos permita evaluar, ofrecer un servicio a las poblaciones de riesgo y dar soporte a los supervivientes. No hacerlo es un error.
