El Parlamento de La Rioja ha convertido a la comunidad en la primera en dar luz verde a una Ley de Salud Mental en todo el país. La propuesta de norma, que aterrizaba en la cámara para su debate y votación a propuesta del grupo Izquierda Unida, ha encontrado en el hemiciclo regional el apoyo de PSOE y Ciudadanos; la contraparte la ha protagonizado el Partido Popular, que se ha ubicado en la abstención. Bajo el nombre ‘Proposición de ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias’, ha fructificado tras pasar, primero el corte de la Comisión de Salud —el pasado 8 de marzo—, y después el del Pleno.
Acorde a lo expuesto en el texto, La Rioja vería quintuplicado su número de psiquiatras y psicólogos clínicos en cinco años, estableciéndose ratios para situarse al nivel marcado por Naciones Unidas; esto es, contar con 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, un número también válido para los psicólogos clínicos, además de 23 enfermeras especialistas en salud mental por la misma proporción de residentes.
Un plan autonómico de lucha contra el estigma y la apuesta por el apoyo psicosocial íntegro para combatir la conducta suicidio mediante programas específicos, entre las medidas
Entre otras de las medidas contempladas por la ley, se encuentra el despliegue de un paquete enfocado en la prevención, contra la estigmatización y discriminación; la creación de programas específicos para combatir el suicidio mediante un apoyo psicosocial íntegro; el desarrollo de un plan autonómico de lucha contra el estigma; y la prevención de conductas adictivas mediante un modelo integral de tratamiento. En otro orden se sitúan también medidas sociales básicas “para asegurar a las personas con problemas de salud mental y sus familias unas garantías mínimas protección y una mejor calidad de vida”, según explican desde Izquierda Unida.
El Congreso ya aprobó en septiembre del pasado 2021 la toma en consideración de la Ley de Salud Mental de Podemos. Sin embargo, a día de hoy los períodos de enmiendas de esta iniciativa continúan sucediéndose ante las dudas existentes desde oposición y el propio Gobierno, por lo que la continuación de su debate sigue parada. Según la Sociedad Española de Psiquiatría “tener una ley específica, regular lo que no se hace en otras áreas de la medicina, dar por sentado que las personas con trastorno mental deben recibir un trato distinto o que los profesionales de la salud mental, incluidos los psiquiatras, no hacen una buena labor, son ejemplos de este estigma”, valoraron entonces.
Una ley pionera y ‘de continuidad’
Desde el Grupo Socialista ya se reseñó en la Comisión de Salud la mejora técnica producida en un texto acordado por unanimidad calificando de “buena ley” la propuesta debatida tras las últimas incorporaciones al nuevo dictamen, tal y como ha valorado el diputado Raúl Díaz. “La Rioja no solo se pone a la altura de lo que demanda la sociedad; se pone a la vanguardia de lo que reclama todo un país desde nuestra comunidad”, ha celebrado desde la tribuna en el debate final.
También ha comparecido la consejera de Salud de la comunidad, Concha Andrés, quien ha hecho repaso de la apuesta del Gobierno por esta área: “Ya llevamos tiempo trabajando, como bien se ha mencionado, en el cuarto Plan estratégico de Salud Mental”. Además, “Hemos aprobado el decreto de creación del Departamento de Salud Mental en el Servicio Riojano de Salud, para ampliar y reorganizar los recursos existentes”, ha defendido. “Contamos ya con nuevos circuitos de psicoterapia intensiva, y actualizamos y mejoramos aquel plan de prevención integral de 2018 e incorporamos por fin a trabajadores sociales al Departamento de Salud Mental”, ha continuado.
Crítica desde el PP, carencias para C’s
Como ha argumentado el PP durante la sesión, y de manera alineada con la opinión de los psiquiatras, consideran que la Ley de Salud Mental regional aumenta el estigma y no responde a las necesidades de las personas afectadas por la enfermedad. La diputada autonómica, María Martín, ha argumentado así que “las asociaciones de enfermos y los profesionales dudan de la necesidad de una ley específica”. “Lo que necesitan es una planificación con recursos económicos, humanos y materiales para atender sus demandas”, ha añadido.
De igual modo, Martín ha subrayado la “falta de rigor en la tramitación” que ha llevado esta ley en el Parlamento, al tiempo que ha criticado la ausencia de una memoria económica. A su juicio, “una ley de este calado, con la trascendencia que tiene para personas vulnerables y frágiles, que además es la primera de España, no puede tramitarse por urgencia, sin el informe del Consejo Consultivo y con falta de escucha a muchos sectores”.
“Una ley de este calado, que además es la primera de España, no puede tramitarse por urgencia, sin el informe del Consejo Consultivo y con falta de escucha a muchos sectores”
María Martín, diputada autonómica del PP por La Rioja
Igualmente, ha censurado la “falta de credibilidad de esta ley, ya que se prometen cosas que no se pueden cumplir, como las ratios de profesionales de la salud mental”, que según el texto aprobado debería ascender a 57 psiquiatras, 57 psicólogos y 73 enfermeras especializadas en salud mental.
Desde Ciudadanos, Pilar Rabasa ha criticado la falta del ‘apego sano’ como concepto incluido en la redacción final de la ley, el cual consideran esencial en el buen desarrollo psicoafectivo y de la personalidad y, por tanto, en la salud mental. “Las relaciones de ‘apego sano’, tanto interpersonal como grupal, son el mejor antídoto contra las ideas y actos suicidas”, ha defendido ante el Pleno.
