l Se fijarán criterios comunes para las retribuciones y se creará un grupo de trabajo para estudiar medidas como la posible congelación salarial
l Los médicos consideran que cualquier decisión drástica debe consensuarse con los profesionales que determinan el 70% del gasto sanitario
J.G./E.M.C.
Madrid
El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial para ultimar un Pacto por la Sanidad que contemple la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud situó la política de recursos humanos en el punto de mira, aunque a corto plazo las medidas anunciadas por la ministra se centrarán en la contención del gasto farmacéutico. Ministerio y consejerías acordaron una batería de medidas que permitirán el ahorro de 1.500 millones de euros anuales en esta materia. Entre otros puntos, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció la modificación del cálculo de los precios de referencia de los medicamentos, la rebaja de un 25 por ciento de los precios de los genéricos y la revisión de los precios de determinados grupos de medicamentos para establecer un precio máximo de financiación.
Además, el Interterritorial aprobó el desarrollo de una norma común sobre tiempos máximos de espera quirúrgica para todo el territorio, así como el establecimiento de un calendario vacunal único para todo el país y el desarrollo de estrategias educativas para moderar la presión asistencial, en la línea de la factura sombra de Andalucía que permitirá a los ciudadanos conocer el coste real de la prestación sanitaria que reciben.
Por otra parte, Jiménez avanzó la creación de un grupo de trabajo integrado por ministerio y comunidades autónomas junto a Ceuta y Melilla que podrá incorporar opiniones y aportaciones de los expertos y, siguiendo la hoja de ruta del Interterritorial, será el encargado de definir las medidas que transformarán el sistema a largo plazo. A lo largo de 2010 y para su aplicación progresiva hasta 2013, estudiará medidas que permitan proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera un aumento finalista de recursos al Sistema Nacional de Salud. Además estudiará y propondrá una reforma del Fondo de Cohesión y reforzará el papel de la Agencia de Evaluación de Tecnologías creando un modelo organizativo en red que permita trabajar de forma coordinada con las agencias regionales. Este grupo también revisará los mecanismos de reembolso de la atención a pacientes de la Unión Europea y establecerá nuevas estrategias de salud conjuntas entre los diferentes servicios autonómicos.
Recursos humanos
En materia de recursos humanos, se desarrollarán mecanismos comunes para aumentar la participación de los profesionales en la gestión y en la dirección de los servicios de salud, se elaborará un estudio sobre necesidades de la enfermería en el SNS y se desarrollará un nuevo mapa de especialidades médicas en base a la troncalidad, además de establecer procedimientos de planificación compartidos para definir las necesidades de médicos, enfermeras y otras profesiones sanitarias.
Como última medida, ministerio y comunidades establecerán criterios comunes para las retribuciones que permitan incrementar la productividad y la calidad de los servicios de salud. Aunque la idea de dar homogeneidad a los salarios de los profesionales no convence a todos. De hecho, la consejera catalana Marina Geli subrayó que sería “ilegal” un convenio que unifique los sueldos, porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
Trinidad Jiménez no quiso profundizar en este tipo de medidas, aludiendo a que será en el grupo de trabajo donde se tendrán que alcanzar los acuerdos, pero algunos consejeros apuntaron la posibilidad de fijar la congelación de la masa salarial. Horas antes del Consejo Interterritorial varios medios de comunicación generales aludían incluso a la posibilidad de que las comunidades congelasen sus plantillas de profesionales. Una escena ya planteada en algunas regiones que ha acabado por irrumpir en el ámbito nacional donde no se pierde de vista que el 45 por ciento del gasto sanitario se destina a cubrir los costes de personal.
Reacciones de los médicos
El secretario general de la OMC, Serafín Romero, no se opone de manera drástica a la posibilidad de congelar los salarios: “Estaríamos de acuerdo siempre y cuando fuera un plan para todos, bien planteado y valorado en el tiempo”, admite. Eso sí, este tipo de medidas deben ser extensivas a “todos los funcionarios estatuarios de todos los ministerios y consejerías”, afirma. Romero es consciente de que nos encontramos en una situación difícil y comprende el calado económico del pacto por la Sanidad, pero considera que debe hacerse desde el ámbito sanitario, “con los profesionales” y teniendo en cuenta la voz de quienes toman decisiones que también inciden en el gasto sanitario.
El portavoz de la OMC no pierde de vista que los médicos determinan el 70 por ciento del gasto en sanidad. Sin embargo, matiza, el consumo elevado de medicamentos no depende de los profesionales, sino de la demanda de los ciudadanos: “No basta con reducir más el precio de los fármacos, habrá que incidir de verdad en el uso racional de los medicamentos”. Romero insiste en que los médicos seguirán siendo eficientes en este sentido y muestra su escepticismo con el impacto que tendrá la inclusión en el pull de prescriptores a otras profesiones sanitarias, lo que “conllevará un aumento del gasto que no han valorado”.
Para los médicos de atención primaria, las medidas planteadas en el CI tienen un carácter fundamentalmente “paliativo”. Julio Zarco, presidente de Semergen, considera que ya no basta con bajar el precio de los fármacos, “el acento debe ponerse en la dispensación y el manejo de las patologías crónicas, que es lo que puede reducir los costes globales”. La solución para reducir la factura en las recetas, sostiene, es plantearse que la asistencia sanitaria actual no es la adecuada ante la pirámide poblacional actual. Zarco recalca que el plan de sostenibilidad llega con más de diez años de retraso y critica que pueda llegarse a este punto por la ausencia de políticas en materia de recursos humanos, que ha pasado por alto la necesidad de un registro de médicos que el ministerio pretende relanzar en el nuevo paquete de medidas.
Lejos de estar más cerca del pacto, el secretario general de CESM, Patricio Martínez, considera que plantear medidas drásticas como una congelación salarial o recortes en las plantillas haría añicos cualquier idea de consenso.
