Andalucía/ Los facultativos insisten en posibles problemas de bioequivalencia y de confusión con la medicación, sobre todo, entre los ancianos
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josé García
Madrid
Los médicos de atención primaria de Andalucía aún desconocen qué se trae entre manos el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la propuesta que le ha hecho al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) de modificación del convenio farmacéutico para ‘legislar’ por subasta un precio propio para las fármacos con destino a las farmacias y la obligación de éstas de dispensar tal medicamento.
Una de las dudas que circula en el sector médico es si esta vuelta de tuerca en la política farmacéutica del SAS para contener aún más el gasto atenta contra la libertad de prescripción del facultativo.
Los médicos no lo tienen muy claro, ya que no conocen los cambios propuestos por la Administración andaluza a los farmacéuticos. Aun así, esperan la ‘letra pequeña’ de lo que puedan firmar el SAS y el Cacof.
Vicente Matas, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Granada, insiste en la falta de información. “Aún no sabemos qué pretenden”, denuncia, y deja claro la intención de los médicos: “Queremos tener libertad de prescripción para recetar lo que el paciente necesite”. Ahora bien, señala que “en temas de financiación, y siendo conscientes de que la población cada vez es más anciana, consume más recursos, y aumenta la factura farmacéutica, nos quedaríamos al margen siempre que se respete nuestra libertad de prescripción”.
Quien no tiene tan claro que la medida del SAS afecte a la libertad de prescripción es Juan Sergio, presidente de Semergen-Andalucía. Cauteloso al carecer de datos para valorar la medida, en su opinión “el médico seguirá prescribiendo por principio activo, algo que ya hacemos en Andalucía, y al parecer esta medida determinará qué principio activo tiene que dispensarse en la oficina de farmacia. Ello no va a modificar la prescripción del médico sino que solo incidirá en el control del gasto”. Además, añade que, más que medidas paliativas, se necesitan otras que afecten a la población, que sigue sin ser consciente de la situación actual de crisis. “El impacto de medidas que no afectan a la población va a ser menor. Desde el sistema sanitario, los profesionales hemos hecho un esfuerzo muy importante de eficiencia en el control del gasto, en cambio, la población sigue sin ser consciente y tiene acceso a todo”, señala. Por tanto, el impacto que pueda tener una medida como la del SAS puede ser “escaso”. “El esfuerzo hay que ponerlo en el lado del consumidor”, insiste.
Ahora bien, tanto Sergio como Matas sí perciben algún problema de bioequivalencia, pero sobre todo de confusión con la medicación en los pacientes mayores, algo que ya está ocurriendo con la prescripción por principio activo.
Según Sergio, “la novedad de la medida del SAS viene porque se acota el número de fármacos en las farmacias. Pero ahora, cuando prescribimos paracetamol o amoxicilina, tampoco sabemos qué se va a dispensar en la farmacia. Y esto sí está originando problemas de confusión y errores en la población anciana”. En la misma línea, Matas insiste en que es básico que siempre se respete la prescripción del médico y señala una doble disyuntiva: por una parte, si sólo se financia el fármaco más barato, ¿qué va a pasar con el resto?¿los van a retirar del mercado? ¿no se van a vender en Andalucía? y por otro, ¿le harán al paciente pagar la diferencia si el médico le prescribe otro fármaco que no es el obligado? “Habrá que esperar a ver la letra pequeña”, dice Matas.
Al margen de cuestiones profesionales, los médicos de familia sí dudan de la legalidad de la medida y evidencian una posible ruptura de la cohesión y la equidad en el SNS. A este respecto, el secretario general del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, José Martínez Olmos, aclaró la semana pasada en el Senado que las condiciones de acceso a la prestación farmacéutica y la definición de los productos que están incluidos en ella “es una competencia exclusiva del Estado”. Su conclusión fue clara: “No va a haber ninguna diferencia entre una comunidad y otra”.
Ante el cuestionamiento por parte del PP del liderazgo del Ministerio de Sanidad en política farmacéutica, Martínez Olmos destacó que “no vamos a permitir a ninguna comunidad que tome decisiones que hagan desiguales a sus ciudadanos respecto al resto de los españoles, sea la que sea: Andalucía, Galicia, Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha… Es nuestra responsabilidad”. Además, añadió que el ministerio no puede actuar en términos jurídicos hasta que las autonomías tomen sus decisiones y se confirme que éstas pueden quebrar la equidad.
Expertos en derecho farmacéutico consultados por GACETA MÉDICA no dudan, al menos desde el punto de vista jurídico, de la ilegalidad de la iniciativa andaluza. Ven clara la competencia exclusiva del Estado y la vulneración del artículo 90 de la Ley de Garantías y no se quedan cortos a la hora de valorar la medida: “Antijurídica de principio a fin y nula de pleno derecho”, comentan el presidente de Asedef, Mariano Avilés, y Jordi Faus, de Faus & Moliner. “Roza la prevaricación”, añade Juan Gillard, de Sánchez de León Abogados, para quien no hay informe jurídico que avale una decisión que, a su juicio, “vulnera todo lo vulnerable, y lo hace a sabiendas”.
Todo esto desde el punto de vista legal, pero también está la lealtad institucional, que tiene mucho que ver con los debates más importantes a los que hoy se enfrenta la sanidad. “Tenemos un SNS que no está verdaderamente estructurado jurídicamente, con 17 comunidades autónomas completamente irresponsables, que van cada una por su lado”, critica Gillard,
Avilés se pregunta qué fue de la Ley de Cohesión. Más allá, es la inseguridad jurídica que desprende la idea andaluza la que, además de aumentar la posibilidad de desinversiones en España, dispara las alertas sobre posibles contenciosos a nivel futuro.
