La relación de los biológicos innovadores y sus biosimilares sigue siendo un tema pendiente de resolver, como quedó patente durante la XXI edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid. Una vez más, el vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro, fue el encargado de arrojar algunas ideas para avanzar en este tema, llamando la atención sobre las fórmulas adoptadas en otros países como Francia, donde el Gobierno ha optado por dar voz a las partes implicadas.
Sánchez Fierro explicó la creación de un grupo de trabajo en el país vecino en el que participa la industria innovadora y de biosimiolares, pacientes, médicos y farmacéuticos, con el fin de ofrecer sus planteamientos al Gobierno en cuestiones como la intercambiabilidad o las notificaciones entre prescriptores y dispensadores. El experto mostró su esperanza en que este tipo de experiencias sean bien acogidas por parte de las autoridades españolas.
En su opinión, además de la intercambialidad y el sistema de notificaciones, es preciso regular otras cuestiones como la ruptura de la continuidad de los tratamientos o la buena identificación de los envases de medicamentos biológicos y biosimilares, de cara a garantizar una buena farmacovigilancia y trazabilidad.
Otro de los temas abordados durante el congreso fue el acceso a los fármacos innovadores, que reflejó las visiones enfrentadas de la industria y el Ministerio de Sanidad.Por un lado, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, aseguró que el problema en España radica en los presupuestos. “Invertir a corto plazo significa liberar muchos recursos al sistema en el medio plazo, en concreto, tiene un retorno del 600 por cien, es decir, por cada euro invertido en una nueva terapia se liberarían seis”, aseveró. Asimismo, manifestó que “los presupuestos son irreales, circunstancia que debe solventar el nuevo modelo de financiación porque no pueden abarcar los compromisos con los pacientes”.
Para Agustín Rivero, director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad,“el problema radica en los precios que oferta la industria, que a veces no tienen una relación directamente proporcional al valor terapéutico que ofrecen”. Para establecer esta comparación y poder dar precio a un fármaco “se harán los controles pertinentes con las herramientas que tenemos al alcance”, precisó.
La utilidad de los IPT
Una de las herramientas que se idearon para poder medir adecuadamente el precio y el valor que ofrece una innovación son los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). Sin embargo, el sistema no termina de convencer al sector. La falta de consenso, la inclusión de aspectos económicos y la demora de sus publicaciones son algunos defectos que se señalaron, que además inciden en la falta de equidad entre comunidades autónomas. “La revaluaciones autonómicas de los informes lastran su efectividad y el precio debería ser marcado por un marco externo y estable como puede ser el futuro Real Decreto de Precios”, afirmó Arnés. No obstante, Rivero se defendió asegurando que “cada vez más comunidades están renunciando a sus evaluaciones y comparten sus recursos con la administración central”.
Rivero también anunció que la demora de los informes de simeprevir y sofosbuvir, que se publicarán en breve, se resolverá también con la presentación de una guía de referencia en hepatitis C “que explique qué terapia usar según su coste-efectividad”.
