La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que afecta a la salud física y mental y que tiene consecuencias sobre quien la sufre, sus hijos, sus familiares y personas cercanas, y de forma indirecta sobre el conjunto de la sociedad. Los profesionales sanitarios tienen un papel fundamental en la identificación y resolución de los problemas derivados de la violencia procurando, por una parte, la recuperación de la salud mediante una actuación global, integrada y coordinada y por otra, contribuyendo a la prevención a través de la correcta intervención de las instituciones.
Los servicios de Urgencias y la Atención Primaria (AP) se postulan como puertas de entrada al sistema sanitario para las mujeres que sufren violencia de género. Según el Ministerio de Sanidad, las mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género acuden con mayor frecuencia a los servicios sanitarios, en particular a Atención Primaria, Urgencias, Obstetricia y Ginecología y Salud Mental. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre, se estima que el 95 por ciento de las denuncias tramitadas por mujeres víctimas de la violencia de género provienen de Urgencias, mientras que un cinco por ciento de AP.
“El profesional de AP tiene una capacidad de detectar la violencia de género a través de los mecanismos que esta puede presentar sin ser claramente identificable. Entonces, con signos indirectos podemos detectar la posibilidad de que pueda existir esa violencia y poder hacer una actuación mas específica“, explica Lorenzo Armenteros, portavoz y responsable del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Desde el punto de vista de Urgencias, Iria Miguéns, coordinadora de MUEjeres de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), sostiene que dentro de la fase de agresión la víctima suele acudir a Urgencias. “Los servicios de urgencias estamos abiertos 24 horas, por lo que somos un centro de detección. Por otro lado, también estamos trabajando mucho en mantener una actitud proactiva para detectar”, reafirma.
La relación de cercanía entre los profesionales de salud y las pacientes se considera el marco idóneo para trabajar este problema de salud. “La AP se debe centrar en la prevención de agresiones. Cuando llega una mujer que nos comenta que ha sido víctima de violencia de género, tenemos dos vías. Por un lado, la sanitaria, en la que la derivamos a equipos multidisciplinares de atención a la mujer; mientras que por otro, a nivel legal, tenemos la obligación de emitir partes al Juzgado”, reitera Maria del Rosario Blasco Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Una vez que se comunica el caso, el Juzgado es el que se encarga de todo. “Hay Juzgados de violencia de género que lo tramitan todo con la máxima urgencia, por lo que en menos de 24 se soluciona a través de un dictamen judicial”, añade.
Una vez que se comunica el caso, Armenteros sostiene que “el procedimiento siempre tiene que ser la colaboración de las mujeres y la solicitud de su propia ayuda“. Sin embargo, confirma que en los casos en los que no hay consentimiento, existe el riesgo de que la paciente abandone el sistema sanitario y no quiera colaborar. “Entonces, se tiene que actuar con delicadeza y buscar la confianza y la complicidad para que el personal sanitario la acompañe en todo el camino que hay que recorrer”, matiza.
En este aspecto, Miguéns sostiene que “lo ideal sería que existiese una comunicación con su médico de primaria, que por definición va a hacerle un seguimiento a su paciente”. “Por tanto, si tenemos sospechas, desde Urgencias podemos notificárselo al medico de AP. Necesitamos un abordaje multidisciplinar y coordinado para poder ayudar a las víctimas en los supuestos en los que no está tan claro”, confirma.
Logros y retos
En los últimos cinco años, los tres especialistas coinciden en que se han producido avances en la concienciación, formación y detección precoz a través de herramientas de cribado. Blasco Martínez considera que el mayor logro ha sido el de “ganarnos la confianza de la mujer”. Cada vez va subiendo el porcentaje de denuncias en AP y los casos que se detectan antes de la agresión”. Por su parte, Armenteros repara en las herramientas de cribado y en la utilización de pautas cortas de identificación que permitan aprovechar el tiempo al máximo y dedicar un tiempo más amplio una vez que el cribado es positivo”.
“La concienciación es cada vez mayor, lo que implica que hay más demanda por parte de los profesionales de querer formarse. Mantener la actitud proactiva en la detección ha calado entre los profesionales. Creo que también hemos llegado más a la población. Desde SEMES estamos trabajando mucho en ello, ya no solo en la concienciación de las pacientes, sino también formando a los profesionales en ello”, añade Miguéns.
De cara al futuro, Blasco Martínez recalca que el objetivo es que no se lleguen a producir agresiones. “Nos gustaría que los centros de salud fueran puntos violetas de atención a la mujer maltratada y a su entorno”, reitera. Por su parte, Armenteros muestra una visión más pesimista al afirmar que “todos los aspectos están por mejorar”. “Una vez que se identifica tiene que existir colaboración muy ágil con las autoridades. Sin embargo, falla todo, desde los mecanismos sanitarios a los legales y de protección. Algo tenemos que cambiar”, matiza.
En último lugar, Miguéns recuerda que en los servicios de Urgencias solamente se detectan hasta un 15 por ciento de los casos de violencia de género que acuden. “Sigue siendo un porcentaje bajo, por lo que hay que implementar políticas comunes, multidisciplinares, formar a todos los profesionales de forma homogénea, aludir a que todos seamos conocedores de los protocolos específicos de cada uno de nuestros servicios y dar a conocer a la población que estamos abiertos las 24 horas del día durante los 365 días del año”, concluye.
