Los médicos de Sanidad Penitenciaria son los responsables de otorgar atención sanitaria a los reclusos en las prisiones españolas. Entre sus funciones se encuentran las de velar por su salud física y mental, incluyendo la prevención y educación en salud, así como del resto de funciones que les atribuye el Reglamento Penitenciario.
Así, desde finales del año 2004, tras la carencia temporal establecida en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, deberían estar integrados en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Pero en la actualidad, solo tres comunidades autónomas cumplen el mandato de la ley: País Vasco, Cataluña y Navarra.
Falta de profesionales
Por ello, desde el Consejo General de Médicos, instan a las comunidades autónomas a asumir las competencias que dicta la ley en materia de sanidad penitenciaria. En este sentido, lamentan que su incumplimiento ha provocado una pérdida continua de profesionales generando un grave problema de asistencia a la población reclusa en los centros penitenciarios, como ya denunciara el Defensor del Pueblo. Asimismo indican que esta falta de asistencia que afecta, no solo a la salud de los internos, con una alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y trastornos mentales, sino también a la salud pública en general.
Actualmente, muchos centros penitenciarios carecen de médicos, con soluciones diversas, temporales e insuficientes por parte de la administración que, lejos de solucionar el problema lo agravan con la petición masiva de excedencias y jubilaciones (aproximadamente el 54 por ciento de los médicos en activo supera los 60 años) de los profesionales; y las convocatorias de plazas suelen fracasar por las condiciones de trabajo, el requisito de la especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria o de Medicina Interna y la escasa remuneración.
Esta situación desembocará, como ya sucede en determinadas demarcaciones territoriales, en la asunción de la asistencia sanitaria por los Centros de Salud más próximos a las prisiones, con un aumento de responsabilidad y una sobrecarga en el trabajo para los profesionales médicos de esos centros, que desconocen, además, las peculiaridades sanitarias y regimentales de esta atención en salud.
La solución vendría dada por el cumplimiento de la ley, por lo que desde el Consejo General de Médicos (CGCOM) se insta a aquellas Comunidades Autónomas que no lo hayan hecho a cumplir con su responsabilidad legal, asumiendo las competencias que la ley marca, para conseguir una mejora de la atención sanitaria y de la salud de los reclusos a través del fortalecimiento de la sanidad penitenciaria.
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