Unidas Podemos, en palabras del portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, ha avanzado un acuerdo con el PSOE para negociar cambios en la Ley de Equidad durante su trámite en la Cámara Baja. “Nos preocupa que se establezcan límites a la privatización de la sanidad. Hemos acordado hablar de ese tema e intentar llegar a acuerdos al respecto de posibles modificaciones del texto en esa en esa dirección”, ha acotado. Precisamente, las diferencias sobre los términos de la derogación de la Ley 15/1997 en el seno de coalición de Gobierno protagonizaban las discrepancias entre ambos respecto al proyecto de ley, puesto que para la formación morada esta no quedaba derogada en el plano formal.
Según ha explicado, también han hablado de la preocupación que tienen los grupos vascos y catalanes respecto de la de afectación de sus competencias. “Somos conscientes de las mayorías parlamentarias que hay en esta Cámara por supuesto también vamos a hablar con Esquerra Republicana, Bildu y PdeCAT para que eso que nosotros queremos llevar a la ley se puede hacer de una manera que estos grupos parlamentarios puedan aceptar”, ha ahondado Echenique.
Hace unos días, el grupo confederal anunciaba que su voto en contra a las enmiendas a la totalidad no estaba garantizado si no se alcanzaba algún tipo de acuerdo previo a la votación, tal como el que se ha producido finalmente.
De este modo, el portavoz del partido ha adelantado que Podemos facilitará el trámite de la ley votando en contra de las enmiendas a la totalidad, al tiempo que esperan ver satisfechas durante el trámite parlamentario sus reivindicaciones (materializadas en hasta 11 enmiendas parciales) y estas se puedan llevar se puedan llevar a la Ley de Equidad. Entre ellas, por ejemplo, pedían añadir un nuevo artículo con el objetivo de marcar una vía legal y clara para revertir las privatizaciones y cuyo objetivo es, en definitiva “establecer límites reales y no solamente retóricos a la privatización“, según han defendido.
Podemos apreciaba así que el texto actual establece que solamente se podrán externalizar servicios en situaciones excepcionales, “pero la definición concreta de excepcionalidad permite que cualquier CC. AA. pueda seguir privatizando el sistema con la misma libertad que la que tiene en estos momentos”.
