El Consejo de Ministros aprobó a finales de junio el Real Decreto que regula el derecho al olvido oncológico. Una normativa que todavía no ha tomado su forma definitiva y con la que se pretende dar respuesta a aquellas personas que han padecido cáncer y, a pesar de que hayan pasado años desde que han superado la enfermedad, siguen encontrando dificultades para acceder en condiciones de igualdad a la contratación de seguros de vida y salud o hipotecas entre otros.

En España se calcula que hay alrededor de 1,2 millones de personas a las que aplicaría esta normativa. Y uno de los primeros pasos, como expresaba Ángela Lamarca, consultora en Oncología Médica en la Fundación Jiménez Díaz, pasa por “definir el tiempo que tiene que pasar para que se aplique, ya que muchos países no lo han estimado”.

La necesidad de avanzar en la normativa relacionada con el derecho al olvido oncológico fue el tema central de una rueda de prensa conjunta celebrada por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO); la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), como antesala al congreso ESMO 2023 que tendrá lugar en Madrid entre los días 20 y 24 de octubre.

Según Andrés Cervantes, presidente de ESMO, el papel de esta entidad reside en “facilitar la evidencia de que los largos supervivientes de cáncer son realmente largos supervivientes y, por tanto, no deben ser sometidos a ninguna discriminación”. En este contexto, recordaba que más allá del millón de personas que se estima que podrían encontrarse en esta situación en los 27 Estados miembro, hay que atender también a las necesidades de aquellos que han padecido cáncer en su infancia y que, sin esta normativa, siguen sin tener sus derechos restaurados en este ámbito.

Cinco años desde la curación

Las principales sociedades científicas relativas a la oncología consideran que cinco años es un plazo razonable para reconocer este derecho tras haber superado la enfermedad para aplicar este derecho al olvido. “Este periodo de cinco años surge de la evidencia científica, aunque no es un criterio universal”, apuntaba Cervantes.

A este respecto, César Rodríguez, presidente de SEOM especificaba que estos cinco años no deben tomarse de una manera rígida, indicando que “habrá que estudiar los tiempos en cada caso, aunque haya un estándar, porque hay muchos tumores diferentes, en diferentes estadios… pero fijando este tiempo se pretende ser proteccionista”. Además, ha puntualizado que desde SEOM respaldan este plazo porque “a no ser que individualicemos los riesgos en cada caso, tras estos años, el riesgo de recaída es más bajo”.

Para Ramón Reyes, presidente de la AECC, la figura del largo superviviente en cáncer que surge gracias al impacto positivo de la innovación terapéutica es relativamente reciente, lo que deriva en que “para estos pacientes hay necesidades que no se han atendido correctamente”.

Por otra parte, Reyes ponía el foco sobre el hecho de que “en España no está cuantificado el numero de largos supervivientes en cáncer”.

Reyes incidió en que “la vida después del cáncer tiene que estar respaldada por el Sistema Nacional de Salud, las sociedades científicas y todas aquellas entidades del campo de la oncología”.

El presidente de la AECC cree que contar con una normativa que regule el derecho al olvido oncológico “es una buena noticia y un buen pistoletazo de salida”. “Este derecho lo contempla el Plan Europeo contra el Cáncer y ahora tenemos que desarrollarlo en todos los países”, asevera. Aquí, Cervantes concluía que “esta legislación es una recomendación para que se cumpla en todos los Estados miembro, y el plazo para hacerlo se fija en 2025”. Para llegar a esta meta, el presidente de la sociedad europea ha llamado a la “colaboración con las sociedades científicas de cada país para aportar la evidencia científica que respalde que esta legislación se trabaja de manera adecuada”.


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