El pleno del Senado ha rechazado una moción presentada por el Grupo Mixto en el que se ha instado al Gobierno al desarrollo de un plan nacional de prevención contra el suicidio considerando también necesario que las Comunidades Autónomas cuenten con planes o programas en esta materia. La iniciativa pretendía que este problema de salud pública no quedase diluida en una estrategia de salud mental.
La iniciativa ha sido propuesta por el senador de UPN, Alberto Catalán, no ha contado con el apoyo de la cámara con 137 votos en contra (PSOE, ERC, PNU y Bildu, entre otros), 112 a favor (PP, UPN, Ciudadanos, PAR y Teruel Existe, entre otros) y 7 abstenciones (JxCat, Coalición Canaria y Geroa Bai). La propuesta instaba además a dotar este plan, que debería integrarse dentro de los objetivos y actuación de la estrategia de Salud Mental, con los recursos necesarios e incluir el análisis de causas determinantes sociales.
Catalán, que ha sido el encargado de defender el texto presentado, solicitaba a la mayor brevedad un plan con medidas, políticas y programas concretos, y con especial incidencia en la población adolescente y de personas mayores, así como en aquéllas que presentasen algún trastorno mental.
Además, según ha apuntado, el plan debía proporcionar pautas prácticas de actuación a educadores, agentes sociales, cuidadores, profesionales sanitarios y familiares, difundiendo una información veraz y científica y permitiendo, a su vez, la disminución del estigma asociado al suicidio.
Catalán ha expuesto que este Plan Nacional de Prevención del Suicidio, se debería realizar en coordinación con las Comunidades Autónomas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, integrándose dentro de los objetivos y actuación de la Estrategia de Salud Mental.
“Debe presentar los recursos necesarios, e incluir también el análisis de causas determinantes sociales, siendo transversal a diferentes ámbitos y teniendo entidad propia”
Alberto Catalán, senador del Grupo Mixto (UPN).
El senador de Unión del Pueblo Navarro ha advertido que, un total de 3.941 personas se suicidaron en España en 2020, 2.930 hombres y 1.011 mujeres, la cifra más alta desde que en 1906 se iniciaron los registros. “La relevancia anual de estas cifras es tal que basta compararlas con el número de fallecidos por accidente de tráfico: 1.180 personas en 2018 y 1.370 en 2019”.
Asimismo, Catalán ha puesto sobre la mesa el importante papel que juegan las Comunidades Autónomas en la prevención del suicidio fundamentalmente porque tienen transferidas muchas de las competencias que dan cobertura a los servicios de atención a la ciudadanía.
“El fenómeno del suicidio requiere para su correcto abordaje la atención tanto de diferentes administraciones públicas -no solo sanitarias- como de las organizaciones de la sociedad civil que llevan años trabajando activamente en actuaciones y programas tanto de prevención de la conducta suicida como de intervención ante la misma”, ha recalcado.
El Grupo Popular había presentado al texto cinco enmiendas de adición, que habían sido admitidas, encaminadas a crear una campaña de visualización del problema real del suicidio, una estrategia de reconstrucción psicológica postpandémica, un plan de actuación de lucha contra la pseudo ciencia y a proporcionar ayuda para las familias que han tenido un suicidio dentro de su ámbito familiar.
Así, el senador popular, Antonio Alarcó ha defendido que se necesitan actuaciones urgentes en cuanto a la prevención del suicidio de forma clara y precisa.
“La actuación debe de ser de forma inmediata ya que mientras se toman las medidas jurídicas o parlamentarias todos los días fallecen por autolisis 12 ciudadanos de este país y hay que tomar medidas inmediatas”, explicaba.
La senadora socialista, María Jesús Álvarez, defendía que el Gobierno de Pedro Sánchez ya es un Gobierno comprometido con la salud mental y con la puesta en marcha de medidas para la prevención del suicidio y con la Estrategia de Salud Mental.
“El grupo mixto trae una iniciativa para orientar al gobierno para que actúe, pero el gobierno ya está trabajando y mucho”
María Jesús Álvarez, senadora del Grupo Socialista.
Así ha recalcado que los expertos señalan que es posible prevenir el suicidio, pero que se debe abordar como un problema de salud pública no como algo privado “y eso es lo que está haciendo el gobierno socialista”.
“Hay un claro compromiso de este Gobierno para poner a la salud mental en el epicentro de las políticas públicas sanitarias y en poco tiempo se han dado pasos muy importantes, desde el consenso con las CC.AA con la comunidad científica, y se ha actualizado la estrategia de salud mental después de 12 años”, ha añadido.
Por su parte, Mirella Cortès, Grupo parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu indicaba que en Cataluña ya habían impulsado el plan de prevención del suicidio 2021-2025 que tiene como objetivo reducir la tasa de tentativas de muerte y suicidio en más de un 15 por ciento, así como reducir el estigma social. “Se articula como una estrategia de prevención que refleja una apuesta clara del Govern de la Generalitat por la salud mental”.
A lo que Nerea Ahedo, senadora del grupo vasco, apostillaba que la prevención del suicidio es “un tema totalmente ligado a la salud y la sanidad es una competencia de las CC.AA, las cuales ya tienen este tipo de planes”.
Recursos humanos en el SNS
Por otra parte, el Senado también ha dado la espalda a una moción consecuencia de interpelación urgente por la que se instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar los problemas que sufre el Sistema Nacional de Salud en materia de recursos humanos.
En concreto el grupo popular, proponía promover con las Comunidades Autónomas, un Plan Integral de Recursos Humanos que tuviera en cuenta las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios y una política retributiva y laboral que mejore su situación actual, todo dentro del marco del diálogo social.
Eduardo Raboso, senador del Grupo Popular, puso de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud y la asistencia sanitaria en España son pilares fundamentales de la sociedad del Bienestar. Sin embargo, apuntó que existe una amenaza estratégica “que pone en riesgo seriamente su viabilidad”: los recursos humamos en el SNS.
Raboso hizo hincapié en la falta de sanitarios por la expansión del sistema, por la descentralización y por la capacidad limitada en la formación de médicos y enfermeras especialistas. “Esto requiere de unos recursos que son limitados, dentro de 10 y 15 años se van a jubilar entre el 30 y el 35 por ciento de los sanitarios de este país y ese problema no está ni atendido ni resuelto” reclamó.
Además, recalcó que el SNS no es competitivo por la baja remuneración por lo que muchos sanitarios deciden ejercer fuera de España. “Somos el país que peor paga a los sanitarios tan solo por detrás de Grecia”, ha señalado ante la cámara.
Por su parte, Antonio Magdaleno, senador del Grupo Socialista ha calificado la propuesta de “poco creíble, incoherente y tardía”. Así ha insistido que “mientras hoy plantean una iniciativa que implica una mayor inversión pública en sanidad y formación sanitaria, el anterior Gobierno del PP fue quien aplicó los recortes más duros en sanidad pública y ofertas MIR”.
A lo que ha añadido que con la propuesta “quieren apuntarse el tanto” de medidas que ya está aplicando el Gobierno de España.
