El Gobierno Vasco recurrirá ante la administración de justicia la orden del Ministerio de Sanidad de imponer el uso de mascarillas en centros de salud porque “ni ha presentado argumento alguno que avale esa decisión, ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida absolutamente excepcional”, según explica el Ejecutivo regional en una nota de prensa.
Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, el Ministerio de Sanidad sólo puede declarar actuaciones coordinadas en salud pública con el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y escuchando a las comunidades afectadas, y sólo puede saltarse este paso si hay una urgencia grave. Además, tiene que explicar por qué es urgente y por qué la medida es efectiva.
En la citada nota de prensa, el Gobierno Vasco ha argumentado que ni ha habido acuerdo del CISNS, ni se ha dado audiencia a las comunidades autónomas directamente afectadas antes de tomar esta decisión y el Ministerio “no ha justificado la urgente necesidad de la medida en sus dos vertientes: una, que la situación sea de especial riesgo o alarma para la salud pública; dos, que la medida, circunscrita a los centros de salud, sea realmente efectiva para atajar el pico de la ola de gripe”.
Cumplir la medida y presentar recurso
Por otra parte, y según especifica el País Vasco, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del CISNS, donde la medida debería haber sido acordada, establece en su punto primero que los acuerdos del Consejo en relación con las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso.
“Por esto, y en aras de una buena gobernanza del Sistema Nacional de Salud, las actuaciones coordinadas en salud pública debieran seguir respetando los criterios técnicos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta en cuanto a las medidas de respuesta adecuadas al nivel de riesgo, y su posterior evaluación y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Salud Pública”, señala el gobierno regional en la nota de prensa.
El Gobierno Vasco entiende que el Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal extraordinario, “sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las comunidades, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública”.
Aunque el Ejecutivo regional hará cumplir, mientras esté vigente, la medida, presentará recurso contra la misma ante la administración de justicia en los términos que sus servicios jurídicos determinen.
“El Ministerio de Sanidad tienen reconocidas competencias en materia de salud, pero las comunidades son quienes asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitarias”, afirma la nota de prensa, añadiendo que “es incomprensible que el Ministerio, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades”.
