El Real Decreto-ley sobre universalidad superó el trámite parlamentario e hizo válido el acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros el pasado mes de julio. Sin embargo, a pesar de que desde esa fecha es efectiva la atención sanitaria a cualquier ciudadano residente en España, el Congreso de los Diputados vendió caro su apoyo y forzó al Gobierno a tramitar por ley este Real Decreto para poder introducir enmiendas a la norma.
La ministra Carmen Montón subió a la tribuna del Hemiciclo para defender la urgencia del decreto ante un parlamento algo disperso que se llevó hasta la reprimenda del vicepresidente de la Mesa. “Hoy estamos aquí porque el anterior Gobierno aprobó el 16/2012 que significó una regresión en derechos. Se hizo por Real Decreto-ley y este Gobierno ha hecho lo mismo pero por diferentes motivos. La urgencia es que hay que acabar con la diferencia entre ciudadanos. Para el anterior Gobierno era urgente recortar derechos y para este es urgente recuperarlos”, aseveró la ministra de Sanidad.
El planteamiento de Montón recibió el amplio respaldo de la Cámara Baja (solo votó en contra el Partido Popular) pero el apoyo se vendió caro. Los partidos catalanes (ERC y PDCAT) condicionaron su apoyo a una tramitación por ley de este Real Decreto que finalmente se confirmó. “Han sido unas negociaciones duras pero al final han llegado a buen puerto”, aseguraban fuentes socialistas instantes antes del debate parlamentario. Ambos partidos independentistas defendían que en su comunidad autónoma disfrutan de una Ley sanitaria que es “más completa” que el Decreto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Dentro del Hemiciclo, sin embargo, el portavoz socialista en la Comisión de Sanidad trató de quitarle hierro a la demanda catalana. “Espero el sí de sus grupos parlamentarios por coherencia política. Hace unos meses el Congreso aprobó una moción por 2016 votos a favor que defendía devolver la universalidad y retirar los recursos”, aseveró Jesús María Fernández. Con esas palabras se deslizaba el otro punto donde los partidos catalanistas habían incidido para apoyar el Real Decreto-ley: que el Gobierno retire los recursos existentes en el Tribunal Constitucional. “No presuman de presiones porque como se demostró en aquella moción nosotros ya teníamos la convicción”, reiteró Fernández a los portavoces de ERC y PDCAT.
El único voto en contra que sufrió el Real Decreto- ley estuvo defendido por la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Teresa Angulo. “Cuando gobernaban en 2011 tenían a 2.000 españoles sin asegurar mientras se gastaban 1.000 millones en turismo sanitario y dejaban una deuda de 16.000 millones al Sistema Nacional de Salud”, comenzó a afirmar una beligerante Angulo. Además, defendió que el Real Decreto 16/2012 había sido refrendado por la ciudadanía en varias ocasiones. “Sus descalificaciones no son creíbles. Los ciudadanos dijeron no a sus propuestas en las urnas y, además sus argumentos no son creibles. Por un lado dicen que la salud es un derecho del ser humano pero crean trabas burocráticas para alcanzarlo y por otro lado, permiten que un rico de Estados Unidos se empadrone en España para tratarse gratis de algo que en su país se cobra”, afirmó.
Desde Podemos, principal aliado del Gobierno de Sánchez, votaron a favor del Real Decreto pero dejaron una estela de demandas que podrán debatirse a fondo durante la tramitación por ley. “Votamos sí pero exigimos que se garantice la asistencia sin trabas burocráticas y que ninguna comunidad autónoma pueda boicotearlo”, dijo la portavoz en la Comisión de Sanidad Amparo Botejara. Además, adelantó al Congreso que “tras la modificación del capítulo 1 del Real Decreto 16/2012 (la universalidad) llegará la del capítulo 2 (cartera de servicios, donde Podemos tiene registrada una Proposición de Ley)”.
El Gobierno también arrancó el sí de Ciudadanos a pesar de que la formación naranja le afeó que no existía urgencia alguna. “Es necesario el objeto del decreto pero no urgente y menos mal que se va a tramitar por ley porque usted, ministra, habla de condiciones de igualdad y nadie ha hablado que existen diferentes tipos de cartera de servicios por comunidades autónomas y, por tanto no hay igualdad en España”, dijo el portavoz en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea.
